LOS ANGELES (CNS) – La Fiscalía está pidiendo que el exconcejal angelino Richard Alarcón –quien fuera convicto de fraude electoral y perjurio por vivir fuera del distrito al que representaba–sea sentenciado a 180 días en la cárcel del condado y mil horas de servicio comunitario.
En junio, el ex concejal angelino Richard Alarcón fue encontrado culpable de tres cargos de fraude electoral y un cargo de perjurio por vivir afuera del distrito al que fue elegido para representar, aunque fue absuelto de 12 cargos de felonía. Su esposa, Flora Montes de Oca Alarcón, fue encontrada culpable de dos cargos de fraude electoral y uno de perjurio. El jurado la absolvió de otros dos cargos.
La sentencia de Alarcón y su esposa, Flora Montes de Oca, fue pospuesta ayer hasta octubre.
En un memorando de sentencia dado a conocer esta semana, la fiscal representante Michele Gilmer también pidió al juez de la Corte Superior de Los Angeles George G. Lomeli, que ordene cinco años de libertad condicional para Alarcón y que los descalifique de buscar cualquier puesto público en el futuro.
En su pedido, Gilmer calificó a Alarcón como “una figura pública conocida” que ha tenido puestos como concejal, senador y asambleísta estatal.
“El era un legislador y tomó la decisión calculada que iba a quebrantar la ley para su beneficio y conveniencia”, escribió la fiscal. “Aunque haya pensado que podía realizar sus tareas como concejal desde una casa en el Distrito 2 del Concilio, no fue elegido para eso…”, escribió. “Los residentes del Distrito 7 esperaban y asumían, ya que así lo requiere la ley, que estaban votando por un candidato que vivía entre ellos en el Distrito 7, no un individuo que pensaba que él era demasiado bueno para vivir entre la población que lo eligió”.
La fiscal pidió al juez que ordene a Alarcón a servir un tiempo en prisión, diciendo que de otra manera “enviaría el mensaje erróneo a los residentes de la ciudad de Los Angeles y otras autoridades electas”.
“Si este castigo para un oficial electo es libertad condicional sin cárcel, para muchos, los beneficios de tener un prestigio político, un buen salario, un vehículo del condado y una pensión de por vida por sus servicios sobrepasarán el riesgo de potencialmente ser encontrados violando las leyes de residencia mientras están en los cargos”, escribió Gilmer.
Gilmer también pidió que la esposa de Alarcón sea sentenciada a 500 horas de servicio comunitario y cinco años de libertad condicional.
EL CASO
Alarcón, de 60 años, intentó sin éxito pedirle a la entonces concejal Wendy Greuel que cambiara los límites de su distrito para que la residencia de su esposa de 49 años en Sun Valley, localizada en el distrito que representaba Greuel, fuera incluida en su distrito, indicó la fiscal, indicando que esto mostraba que él “conocía la ley” que decía que tenía que vivir en el distrito que representaba.
“La evidencia en este caso es abrumadora que ellos no” vivían en la casa de Panorama City, dijo la fiscal.
Un cartero describió que la casa parecía estar vacía, mientras que otro no pensaba que alguien viviera ahí, Gilmer le dijo al jurado.
La fiscal citó registros mostrando que no se usó gas en la propiedad entre Abril de 2007 y Febrero de 2009, indicando que no había calefacción en la casa y ninguna manera de tomar baños calientes. Una orden de cateo que se hizo efectiva en la casa en Enero de 2010 sólo encontró un contenedor de jugo de naranja con fecha de vencimiento en Marzo de 2009 y huevos que tenían al menos un año de caducación, así como leche que tenía 12 días de haber expirado, Gilmer le dijo al jurado.
Alarcón fue concejal en dos ocasiones, entre 1993-1998 y 2007-2013.
Mark Overland, abogado de Flora Alarcón, alegó que la Fiscalía no “estaba ni cerca de probar los cargos”, diciendo al jurado que él deseaba que tuvieran tres cosas por elegir— culpable, no culpable o inocente. Agregó que creía que el caso mostraba que los dos eran “inocentes”.
“Estos son crímenes de palabra. Estos son crímenes por usar las palabras equivocadas”, Overland le dijo al jurados sobre el tema de residencia y domicilio, argumentando que la pareja siempre había tenido la intención de regresar a la casa de Panorama City a pesar de no estar ahí todos los días.
Overland dijo que el caso se trataba de “muchas cosas”, incluyendo la remodelación de la casa de Panorama City que la Fiscalía cree que duro mucho tiempo.
Richard Lasting, abogado de Richard Alarcón, cuestionó el testimonio de los vecinos, diciendo que una pareja ni siquiera notó cambios al exterior de la propiedad y que algunos creían que la casa estaba vacía, mientras que se utilizó más electricidad en la propiedad entre 2006 y 2007 que en la vivienda más grande en Sun Valley que era propiedad de Flora Alarcón.
Lasting indicó que los registros bancarios estaban dirigidos a su cliente en la casa de Panorama City entre 2007 y 2009, contradiciendo el testimonio que correo basura y volantes formaban gran parte del correo entregado en esa propiedad.
Dijo que sería el jurado los que determinarían si los Alarcón “pensaban regresar (a la propiedad) debido a las renovaciones”.
Alarcón, quien sirvió por mucho tiempo en el Senado y la Asamblea estatal, había refutado los cargos, insistiendo que empezó a vivir en la casa de Panorama City en Noviembre de 2006.
Poco después de que se efectuara la orden de cateo, Alarcón le dijo a los reporteros que un intruso había dejado muchos daños en la casa de Panorama City cuando se introdujo a la casa en Octubre de 2009 y que había regresado a la vivienda varias veces para intentar reparar el daño. Luego dijo que él y su esposa tuvieron que mudarse temporalmente a otra casa en el Distrito 2.
En Julio de 2010, justo antes de que un Gran Jurado encausara a Alarcón y su esposa, éste dijo: “Debido a que mi esposa es dueña de dos casas y nos hemos quedado en ambas durante estos cuatro años, puedo entender la confusión, pero mi hogar permanente siempre ha sido en la calle Nordhoff (en Panorama City), sin importar donde me esté quedando”.
En Mayo de 2012, la juez Kathleen Kennedy de la Corte Superior descartó la acusación contra la pareja. Horas después, fiscales del condado de Los Ángeles volvieron a presentar los cargos, por los cuales en Octubre de 2012 se les ordenó presentarse a un juicio.