WASHINGTON (AP) — La iniciativa del presidente Barack Obama podría dejar en suspenso las deportaciones de al menos cuatro millones de inmigrantes que están en el país ilegalmente agudiza un dilema existencial del Partido Republicano.
La base electoral de ese partido se ha manifestado mayoritariamente contraria a la legalización masiva de inmigrantes no autorizados, pero sus aspiraciones de alcanzar en 2016 la Casa Blanca pasan por atraer al electorado hispano.
“Para mantener a su base, (los republicanos) deben tener una postura rígida sobre la acción presidencial”, declaró a la Associated Press la directora del Instituto de Políticas Migratorias Doris Meissner. “Pero al mismo tiempo, para ganar una elección general, necesitan atraer con éxito a los votantes naturalizados. Lograr ambas cosas es algo difícil de visualizar”.
Si el próximo congreso de mayoría republicana no emitiese una reforma durante la sesión legislativa de dos años que iniciará en enero, la actitud de los candidatos presidenciales de ambos partidos hacia la renovación del alivio migratorio de tres años de resultar electos podría ser determinante en los comicios.
Héctor Barreto, presidente de Hispanic Business Roundtable Institute, dijo que si bien la inmigración ilegal no es la primera prioridad, suele ser determinante para los electores latinos.
“Frecuentemente los lleva a considerar o descartar a un candidato según la posición que tenga respecto al tema migratorio”, dijo quien dirigiera la Oficina para Pequeñas Empresas durante el gobierno de George W. Bush.
Un sondeo realizado por la encuestadora Gallup determinó que tres de cuatro hispanos que inmigraron a Estados Unidos aprueban el alivio migratorio anunciado el mes pasado por Obama.
El estudio concluyó que el apoyo entre los hispanos nacidos en Estados Unidos es menor (51, pero muy por encima del 30% de aprobación registrado entre los estadounidenses de raza blanca.
En lo que constituyó el principal ajuste a la política inmigratoria en casi tres décadas, la medida presidencial protegerá de deportaciones y otorgará permisos de trabajo a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes no autorizados que hayan residido al menos cinco años en Estados Unidos y tengan hijos estadounidenses o residentes permanentes.
Además expandirá un programa, conocido por sus siglas en inglés DACA, que suspende deportaciones de algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
Las deportaciones quedarán suspendidas durante tres años, por lo que necesitarán renovarse durante el próximo mandato presidencial que iniciará en enero del 2017.
Barreto advirtió que cualquier estrategia electoral exitosa necesita atraer al electorado hispano, que se volcó masivamente a favor de la opción demócrata en 2008 y 2012, y opinó que el tener mayoría en ambas cámaras da a los republicanos una gran oportunidad de resolver el tema de la inmigración ilegal de manera permanente.
Los estrategas que decidan ignorar a los hispanos para alcanzar la victoria, afirmó, “lo hacen a su propio riesgo. Las tendencias demográficas son el destino”, señaló Barreto refiriéndose a que los hispanos son el electorado de mayor crecimiento en la sociedad estadounidense. “No representan una amenaza si vamos con el mensaje indicado en las elecciones futuras”.
Alfonso Aguilar, quien dirigiera la oficina de naturalizaciones (USCIS por sus siglas en inglés) durante el mandato de George W. Bush, dijo a AP sentirse optimista sobre las posibilidades de que el próximo congreso emita una ley para legalizar a inmigrantes no autorizados.
“Ahora es diferente. Tienen que gobernar y sacar proyectos de ambas cámaras”, dijo el abogado puertorriqueño. “No debemos concluir que porque los republicanos están disgustados con la acción unilateral del presidente, y estén en estos momentos buscando rescindirla, ello signifique que no quieran hacer nada”.
Un total de 24 estados con gobiernos conservadores, encabezados por Texas, interpusieron a comienzos de mes una demanda ante una corte federal que busca anular las medidas migratorias, alegando que violan la constitución estadounidense.
Algunos republicanos en el Congreso se han pronunciado a favor de permitir la legalización de los inmigrantes no autorizados, quienes posteriormente podrían optar a la naturalización a través de las tres opciones ya contempladas en la ley actual: un cónyuge, un hijo mayor de edad o un patrono estadounidenses.
Sin embargo, nunca circuló públicamente un proyecto de ley republicano especificando esa opción.