COLOMBIA

Detienen a falsas víctimas de restitución de tierras

Dieciséis personas que se hacían pasar como víctimas del conflicto armado para hacerse de tierras fueron detenidas, informó el lunes la Fiscalía General. El grupo operaba en los municipios de Sabana de Torres y Rionegro, en el departamento de Santander; San Alberto, en Cesar, y Turbo, en Antioquia. El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo explicó en rueda de prensa que la banda operaba de tres formas: la primera, que sin ser víctimas del conflicto se hacían pasar como tales para conseguir tierras ilegalmente; la segunda, que siendo víctimas iniciaban los procesos de restitución de tierras y luego las abandonaban para que entraran en acción los delincuentes, y la tercera, que siendo víctimas reales se dejaban estafar por intermediarios en la reclamación de tierras.   “Carteles están actuando en contra del proceso de restitución” de tierras, aseguró Perdomo.  A los capturados se les va a imputar, dependiendo de su participación en la organización criminal, entre otros los delitos de fraude procesal, falso testimonio, amenazas, invasión de tierras y concierto para delinquir (o el acuerdo entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes).  Perdomo hizo hincapié en que estas capturas se unen a las 120 que la Fiscalía ha realizado en asocio con la Unidad de Restitución de Tierras en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba y Cesar. La propiedad y uso de la tierra en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, han sido descritos tradicionalmente como unas de las causas del conflicto armado interno de más de 50 años. Aunque hay discrepancia sobre cuánta tierra exactamente ha sido robada, transferida ilegalmente o despojada ante amenazas de grupos armados ilegales –desde paramilitares y narcotraficantes hasta guerrillas–, se calcula que es como mínimo dos millones de hectáreas, según el gobierno, y más de seis millones de acuerdo con distintas organizaciones no gubernamentales.

EL SALVADOR

Asesinan a cuatro miembros de una familia

Pandilleros secuestraron y asesinaron a cuatro hombres de una misma familia en una zona rural del este del país, un sector que en los últimos días se ha registrado un incremento de homicidios, informaron autoridades. Según reportes de la policía y de la Fiscalía General de la República, los hombres que residían en un sector con presencia de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13), fueron interceptados por pandilleros del Barrio 18 cuando trabajan en el cultivo de curiles (una especie de almeja oscura que se cultiva en los manglares) y los llevaron a unos cañaverales de la hacienda El Tercio, en el departamento de Usulután, a 115 kilómetros al este de la capital. Los pandilleros los ataron de pies y manos, los atacaron con machetes, los degollaron y desfiguraron sus rostros, lo que complicó la identificación. Las víctimas eran tres hermanos y un tío de los mismos, y fueron identificadas como José Arquímidez Gómez Granados, de 36 años; José Adrián Martínez López, de 32; Manuel Alemán, de 40; y Juan Gonzalo M, de 17. Las autoridades también reportaron por lo menos otros 10 homicidios en diferentes puntos del país.

MÉXICO

Seis muertos en enfrentamientos en Michoacán

Seis personas murieron en un enfrentamiento entre autodefensas y presuntos criminales en el estado occidental de Michoacán, informaron el martes autoridades. La Fiscalía del Estado dijo en un comunicado que cuatro de los fallecidos eran presuntos delincuentes mientras que los otros dos eran “aspirantes” a la Fuerza Rural; es decir, autodefensas que todavía no estaban integrados en este cuerpo de policía, el cual fue creado para legalizar a los civiles que se alzaron en armas en este estado en 2013 para luchar contra un cártel del narcotráfico. Los presuntos criminales participaron el lunes en un ataque contra la policía comunitaria de Aquila, un municipio de la costa michoacana en el Pacífico, y pertenecían al cártel de los Caballeros Templarios, según denunciaron las autoridades indígenas de la zona en un comunicado. En esa región, policías comunitarias indígenas, la policía rural (autodefensas legalizados) y los autodefensas todavía no regularizados operan juntos y luchan todavía contra este cártel que sometió al estado de Michoacán en los últimos años y que, según sus habitantes, sigue vivo, aunque las autoridades lo consideran prácticamente eliminado. Cuatro personas más resultaron heridas, entre ellos un policía rural y tres “aspirantes”, añade la nota de la fiscalía. Irlanda Villa, integrante de la Fuerza Rural en la zona, dijo a The Associated Press que durante la tarde del lunes y la madrugada del martes se movilizaron unas 400 personas, entre autodefensas, policías rurales y policías comunitarios para intentar localizar a quienes atacaron al comandante de la policía comunitaria de Aquila, Cemeí Verdía, quien resultó ileso.

PERÚ

Envían militares a zonas de protestas contra minería

 El gobierno autorizó el martes el envío de militares a siete estados de los Andes del país donde para el miércoles y jueves se anunciaron protestas de agricultores opositores a un proyecto minero del Grupo México. En manifestaciones desde marzo se han registrado cuatro muertes y más de 200 heridos en escaramuzas con la policía. Otros 500 militares fueron enviados hace 16 días al valle agrícola de Tambo, epicentro del conflicto y conformado por cuatro pueblos, para apoyar a dos mil policías que intentan mantener el orden público. El envío de uniformados es considerado por expertos similar a los despliegues de militares durante la última guerra interna (1980-2000). Las relaciones entre el gobierno central y los agricultores están en su peor nivel. El viernes el presidente Humala decretó el estado de emergencia por 60 días en el valle de Tambo y con eso restringió varios derechos fundamentales para 40 mil habitantes, entre ellos la libertad de reunión, libre tránsito, libertad personal e inviolabilidad de domicilio. Los agricultores del valle de Tambo, que abastecen de arroz y papa al sur del país, se oponen al proyecto llamado Tía María de 1,400 millones de dólares porque consideran que la mina a tajo abierto para extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora, que una vez utilizada será devuelta al mar por una tubería que se adentrará en las aguas 850 metros, a 30 metros de profundidad. A mediados de mayo el Grupo México, el más importante en la minería de ese país, suspendió por 60 días el proyecto en Perú con el objetivo de convencer a los campesinos. Pero ese gesto no ha apaciguado los enfrentamientos. La minería constituye el 62% del total de las exportaciones de Perú. El país, un importante exportador global de minerales, es el tercer productor mundial de cobre.

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