MEXICO (AP) — Investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se desplegaron esta semana en dos estados para investigar asesinatos en los que podrían estar implicadas fuerzas federales.

La 11ma Zona Militar del ejército anunció el domingo en un comunicado que la justicia militar ha encontrado evidencias de que un grupo de soldados tuvo algo que ver con la desaparición de siete personas el 7 de julio en la localidad de Calera, estado de Zacatecas. También informó que transmitirá sus hallazgos a la Procuraduría General de la República y continuará con la investigación para determinar si amerita ejercer medidas de disciplina militar.

Un día antes, el ejército anunció que había abierto una investigación como resultado de denuncias y mantas que aparecieron en la vía pública en los que se acusaba a un grupo de soldados de estar implicado en las desapariciones. Hace una semana aparecieron siete cuerpos en Zacatecas, aunque no se ha determinado si son los de las personas que habían desaparecido.

Por otro lado, un niño de 12 años fue asesinado el domingo después de que un grupo de hombres armados abrió fuego contra una manifestación en Michoacán, en el occidente del país.

La Fuerza de Coordinación de Michoacán, que agrupa a las fuerzas federales en el estado, dijo que la manifestación era para protestar por el arresto de un líder de un grupo de las llamadas autodefensas civiles antes de que el ejército abriera fuego. No dio más detalles.

Los testigos afirman que las fuerzas federales dispararon cuando los manifestantes bloquearon una autopista y reclamaban la liberación de Cemeí Verdia, líder de los autodefensas de la localidad de Aquila, detenido horas antes por posesión de armas de fuego.

Las autodefensas de Michoacán se levantaron en 2013 contra los Caballeros Templarios, un cártel que controlaba el estado. La mayoría se desarmaron en 2014 y algunos se integraron en una policía denominada Fuerza Rural, bajo mando federal.

Pero algunos grupos de hombres armados continúan controlando zonas de Michoacán y alegan que el estado aún no tiene capacidad de protegerles del crimen organizado.