En esta imagen, tomada el 28 de julio de 2015, policías antidroga de Perú detonan una pista de aterrizaje clandestina empleada por traficantes de cocaína en Ciudad Constitucion, Perú. El presidente de Perú, Ollanta Humala, destaca que haber atacado esas infraestructuras más de 550 veces forma parte del éxito del país en la lucha contra el tráfico de drogas. Los narcotraficantes suelen rellenar los agujeros rápidamente empleando a trabajadores locales, sostiene la policía. (Foto AP/Rodrigo Abd)

MAZAMARI, Perú (AP) — Ocurre alrededor de cuatro veces por día, bajo las narices de los militares: pequeñas avionetas aterrizan en pistas de tierra en la principal zona productora de coca del mundo, entregan bolsas de dinero, cargan más de 300 kilos de cocaína y parten rumbo a Bolivia.

Alrededor de la mitad de las exportaciones de cocaína de Perú han salido del país hacia el este, a través de este “puente aéreo”, según la policía, desde que esta nación andina pasó a ser la principal productora mundial de la droga en el 2012.

El gobierno peruano no hace mucho por impedir ese flujo de drogas. Fiscales, policías antinarcóticos, exoficiales de las fuerzas armadas y agentes antidrogas de Estados Unidos activos y en retiro dicen que, si bien abunda la corrupción en Perú, la plaga de narcovuelos es posible por la desidia de los militares, ya que controlan la remota región selvática del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocida como VRAEM.

Wilson Barrantes, general retirado del ejército que denuncia desde hace tiempo la corrupción de los militares generada por el narcotráfico, dijo que darle a esas fuerzas el control del valle “es como poner a cuatro perros callejeros a cuidar a un plato de bistec”.

El viceministro de Defensa Iván Vega, que dirige las operaciones de contrainsurgencia en la región, expresó que no tiene conocimiento de ningún oficial militar bajo pesquisa.

“La corrupción existe, pero nosotros estamos siempre pendientes”, expresó. “Si sabemos de alguien, pues le vamos a caer con todo”.

Una investigación de The Associated Press, no obstante, comprobó que las “narcoavionetas” han sido cargadas con drogas en pistas, algunas a minutos por aire de bases militares, en el remoto valle, donde casi no hay caminos y del que salen unos dos tercios de la cocaína peruana.

Videos obtenidos por la AP muestran avionetas que aterrizan en pistas clandestinas en la selva. Agentes de unidades antinarcóticos especiales de la policía captaron en video las escenas desde colinas cercanas, pero no pudieron intervenir porque no tenían suficiente apoyo, según dos agentes que suministraron los videos pero declinaron ser citados por temor a perder sus trabajos. La cocaína parte en avionetas Cessna 206, con cargamentos valuados en al menos 7.2 millones de dólares en el exterior.

Son operaciones que toman diez minutos, llevadas a cabo por lo general apenas sale el sol y rigurosamente planificadas: Una docena de “mochileros” se presentan en la pista cuando se acerca la avioneta. Hombres armados con fusiles custodian el lugar. Se baja el dinero, se carga la droga en la cabina, el motor vuelve a rugir y el avión parte otra vez.

Un piloto acusado de narcotráfico le dijo a la AP que los comandantes militares locales cobran 10,000 dólares por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste.

La preocupación por los narcovuelos impulsó al Congreso a aprobar una ley en agosto que autoriza abrir fuego contra las avionetas. Pero hay quienes dicen que el gobierno no tiene voluntad política de combatir a los narcos porque desistió inexplicablemente de comprar e instalar radares modernos.

Cuando el presidente Ollanta Humala llegó al poder en el 2011 dijo que la lucha contra el narcotráfico sería una de sus prioridades. Su gobierno ha destruido cantidades récord de hoja de coca, ha gastado en erradicación más de 60 millones de dólares y es apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea. En un discurso del día de la independencia, el 28 de julio, cuatro años después de haber asumido, este exteniente coronel aseguró que el narcotráfico en el valle había sido contenido.

“Hoy puedo decirles que el narcotráfico ya no es un poder paralelo en el VRAEM”, sostuvo Humala.

Sus detractores, sin embargo, afirman que lo único que se hizo fue permitir que la mayor parte de la producción de cocaína se traslade al valle, donde no hay campañas de erradicación y la vigilancia de las autoridades es escasa.

Humala también destaca más de 550 misiones para generar enormes agujeros en pistas clandestinas como si fuese un triunfo, pero el director de la policía general Vicente Romero ha dicho varias veces que los traficantes llenan en pocos días los cráteres que dejan las voladuras.

La procuradora antidrogas Sonia Medina dijo en una entrevista que el narcotráfico fue “de mal en peor” bajo Humala al corromper a políticos, al sistema legal, la policía y los militares.

“No hay una política coherente”, expresó. “¿Qué estamos haciendo con la lucha antidrogas? (Es) algo completamente distorsionado, incoherente, inerte”.

Los esfuerzos de Perú para combatir el narcotráfico palidecen comparados con los de Colombia, el segundo mayor exportador de cocaína.

–Perú confiscó un promedio de 28 toneladas de cocaína o pasta de coca al año entre el 2011 y el 2014, comparado con las 170 toneladas que incautó Colombia o socios con base en la inteligencia colombiana. Para Perú eso representa menos del 10% de su producción potencial. Para Colombia es más de la mitad, según estimados de Estados Unidos.

–Mientras que Colombia ha estado arrestando sistemáticamente a los principales narcotraficantes en la última década, y extraditando a muchos a Estados Unidos, donde reciben prolongadas sentencias, Perú no ha detenido ni enjuiciado a un solo capo del narcotráfico desde el 2005.

–La policía antinarcóticos peruana opera con un presupuesto anual de 12 millones de dólares y no cuenta con aviones ni helicópteros. La colombiana, por su parte, dispone de 45 millones de dólares y de unos 50 aviones y 70 helicópteros, incluidos Blackhawks.

En Perú se formó una comisión legislativa especial para investigar la infiltración del narcotráfico en la política después de las elecciones regionales y municipales en octubre pasado, en las que Medina contó unos 700 candidatos que estaban siendo investigados o habían sido hallados culpables de colaborar con el narcotráfico. Su presidenta, la congresista Rosa Mavila, dijo que el gobierno de Perú corre peligro de caer en manos de los narcos.

“No es aún narco estado; está en riesgo de serlo”, afirmó Mavila en una entrevista.

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