MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — Ignacio Errandonea busca a su hermano desde hace 39 años poco después de que una dictadura militar tomara el poder en Uruguay. Delgado, de pelo canoso y tupido bigote, su mirada muestra el dolor de décadas de hacer preguntas que siguen sin respuesta.
“Racionalmente sé que a mi hermano lo mataron”, dijo Errandonea, plomero de 61 años y uno de los líderes de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. “Pero se lo llevaron vivo y es el Estado el que me tiene que dar una respuesta, darme las pruebas de que está muerto. Hoy está desaparecido”.
Resignado al hecho de que las respuestas a las preguntas sobre su hermano sólo pueden venir de los militares o del estado, Errandonea y otros familiares de desaparecidos iniciaron una nueva campaña de búsqueda que garantiza el anonimato a quién brinde información.
Pero es una carrera contra el tiempo: en los últimos años muchos de los militares que lideraron las dictaduras, y que pueden saber algo, han comenzado a morir.
“La campaña de Familiares es el último recurso, el último esfuerzo. Por una cuestión biológica, porque los que saben se van a morir. Quedan a lo sumo cinco años”, dijo el periodista Gerardo Bleier, hijo de un desaparecido.
“Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos. A nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se los llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho de saber su paradero? (…) Si usted vio algo, sabe algo, conoce algún detalle que nos pueda ayudar a encontrarlos, le pedimos un gesto de humanidad”, dice una carta abierta de Madres y Familiares.
Se estima que en Uruguay hubo unos 192 desaparecidos y se han recuperado los restos de apenas un puñado de ellos. Aproximadamente 40 de los desaparecidos fueron detenidos en Uruguay durante la dictadura militar (1973-1985) o en años previos, cuando país cayó en la violencia política entre la derecha y la izquierda.
El resto fueron apresados en países vecinos, la mayoría en Argentina. Pero no se sabe si fueron “desaparecidos” allí o si eso ocurrió tras ser trasladados a Uruguay clandestinamente.
Juan Pablo, hermano de Errandonea, era un militante izquierdista que desapareció en 1976 en Buenos Aires, donde se había exiliado. Tenía 20 años e Ignacio piensa que fue traído al país en secreto como parte del Plan Cóndor, un sistema de coordinación de la represión entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y que aquí lo mataron.
Familiares piden que todos quienes tengan un dato dejen un mensaje en cualquier parroquia, templo o sinagoga del país, o que llamen a una línea telefónica gratuita.
“Es una campaña que veníamos planificando desde hace un año. Es una vieja idea”, dijo Errandonea con cauto optimismo. “El resultado ha sido bueno. Hemos recibido más de 300 llamadas”.
A veces la organización recibe información falsa y él debe lidiar con personas más interesadas en sacarles dinero que en colaborar.
Según Errandonea, no hay mayores esperanzas de que los militares implicados en crímenes durante la dictadura, una decena de los cuales está en prisión, brinden información.
“Ellos no han aportado ningún dato, han mentido, están convencidos de que no tienen que hablar. Nosotros le estamos pidiendo información a aquel soldado que quizás estaba de guardia y vio o escuchó algo”, dijo. “Gente que no tuvo nada que ver, pero puede saber”.
Pero el periodista Bleier piensa que hay militares que todavía puede aportar información. “Hay tres o cuatro que saben, y otras 50 personas que pueden aportar datos”.
En septiembre, el general retirado Pedro Barneix se suicidó cuando iba a ser enviado a prisión por la muerte de un detenido durante la dictadura. En diciembre de 2014, el general retirado Pedro Dalmao murió en prisión, donde había sido enviado por considerárselo responsable de la muerte de una militante comunista, un crimen del cual siempre se declaró inocente pero del que se negó a señalar a otros eventuales responsables.
Para Bleier, una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia que estableció que los delitos de la dictadura no han prescrito, dificulta en parte que alguien decida hablar pues podría terminar en la cárcel.
El historiador y politólogo Gerardo Caetano, docente e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, piensa que los gobiernos democráticos no han sabido romper el pacto de silencio de los militares.
“La dictadura terminó hace 30 años. Ha habido cambios desde el año 2000, y sobre todo desde 2005, pero todavía el número de desaparecidos hallados es muy escaso”, dijo Caetano a la AP. “La búsqueda de verdad choca contra un pacto de omertá muy fuerte, muy difícil de erosionar. Acá no hemos tenido represores connotados que hayan aceptado hablar, como ocurrió en Argentina”.
Caetano afirma que la experiencia mundial muestra que cuando los protagonistas de cierta historia se niegan a hablar, el recurso para llegar a la verdad son los documentos. Pero sostiene que el estado uruguayo, a la fecha, no ha buscado sistemáticamente los archivos de la dictadura.
Para el coronel retirado Guillermo Cedrez, quien entre 2012 y 2015 presidió el Centro Militar, una institución que reúne a todos los oficiales retirados del Ejército incluyendo a varios acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura, la campaña lanzada por Familiares no tiene razón de ser.
“El Ejército ya dio toda la información que tiene, y los familiares se niegan a creerla. No hay más hacia donde avanzar”, dijo.
El primer presidente democrático de Uruguay tras la dictadura, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado (1985-1990) le encomendó a un fiscal militar que atendiera las denuncias por personas desaparecidas. Previsiblemente, no se consiguió información alguna.
“Sanguinetti tuvo enormes virtudes, hizo la transición y recuperó la democracia. Administró muy bien las ansiedades y los miedos en ese período, pero dejó un hueco importante para la construcción de una identidad democrática: creó un discurso que relativizó la dramaticidad del terrorismo del estado en Uruguay, en parte tal vez porque en Uruguay la barbarie no llegó al nivel de Chile y Argentina”, dijo Bleier.
El primer avance ocurrió recién en 2003 gracias a una Comisión Para la Paz creada por el entonces presidente Jorge Batlle (2000-2005), también del Partido Colorado. Se obtuvo información y las Fuerzas Armadas admitieron su responsabilidad en algunas desapariciones.
La búsqueda de cuerpos en los cuarteles comenzó recién en 2005 cuando la coalición de izquierda Frente Amplio conquistó por primera vez la presidencia.
Ese año, el presidente Tabaré Vázquez pidió al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que hicieran públicos sus datos sobre los desaparecidos. A raíz de ese pedido, la Fuerza Aérea admitió que un detenido había fallecido en un interrogatorio y estaba enterrado en uno de sus predios. Fue el primer desaparecido cuyos restos fueron ubicados. Además, la aeronáutica militar reconoció que en 1976 había realizado un vuelo clandestino para traer al país a uruguayos detenidos en Argentina y hoy están desaparecidos.
El informe del Ejército, en cambio, señalaba algunos datos sobre lugares de enterramiento que generaron expectativa y resultaron ser falsos. Al final, solo se localizaron los restos de cuatro desaparecidos.
Al asumir el 1 de marzo su segundo mandato, Vázquez creó un nuevo grupo tendiente a averiguar qué pasó con los desaparecidos.