A. Garcia / El Sol

Abraham Colunga (a la derecha) da su testimonio sobre los mandatos judiciales, durante la Reunión de la Comisión de Relaciones Humanas.

Cuidado con la autoridad.

Ese fue el mensaje que salió este pasado sábado en Los Angeles Mission College de Sylmar, donde se reunió la Coalición para Detener el Espionaje del LAPD (Stop LAPD Spying Coalition) para denunciar programas que utilizan las agencias del orden, dicen ellos, para infringir y violar la privacidad y los derechos de las personas, enfocándose primordialmente en comunidades pobres y minorías.

La Comisión de Relaciones Humanas de Los Angeles organizó la primera reunión en Mission College sobre estos alegatos de espionaje policial, algo que la Coalición había venido pidiendo por varios años.

Por varias horas, decenas de personas ofrecieron testimonio en la sesión, y en momentos refutaron y confrontaron a Francisco Ortega, el Consejero Principal de la Comisión que trataba de mediar la reunión, cuando éste intentó cuestionar algunos de sus comentarios.

EL PROGRAMA SAR

El punto principal de la preocupación de la Coalición es el programa de “Reportes de Actividad Sospechosa” (SAR) del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el cual permite a los agentes tomar reportes de personas que hagan diferentes actividades — algunas de ellas totalmente normales como tomar fotografías, tomar videos, usar binoculares, dibujar o tomar notas — aun cuando no se demuestre que haya una relación entre esas acciones y actividad criminal, y el que compartan estos reportes con varias agencias del orden y el gobierno federal.

El programa opera en la mayoría de ciudades grandes del país como parte de la campaña federal iWATCH See Something, Say Something (Si ves algo, di algo).

Pete White, miembro de Los Angeles Community Action Network, una organización que lucha contra la pobreza, jura que sido víctima del programa SAR.

“Nuestros esfuerzos han estado bajo vigilancia”, dijo, indicando que agentes policiales han creado reportes sobre sus miembro sólo porque estos tomen fotografías y protesten en contra del aburguesamiento de vecindarios.

Lo peor parte, dijo, es que es difícil probar esto debido a la “naturaleza secreta de este programa”.

“La gente ni siquiera sabe que les están haciendo estos reportes”, dijo White.

“Están criminalizando un comportamiento legal y creando un ambiente de miedo y sospecha”, agregó Hamid Khan, miembro de la Stop LAPD Spying Coalition.

¿Cómo funciona el programa SAR?

Aparte de agentes que redactan sus propios reportes — a veces sin que tengan un contacto directo con la persona de quien se hace ese reporte –, miembros del público en general pueden someter, de forma anónima, sus propios reportes al simplemente llenar un formulario en el sitio web del LAPD donde se les pide describir, entre otras cosas, lo que vieron e identificar al sospechoso si es posible.

En una auditoría publicada en enero de 2015 por la Oficina del Inspector General del LAPD, se reveló que 215 reportes SAR fueron archivados en los 12 meses previos a junio de 2014. De esos, 175 reportes fueron presentados por miembros del público y los 40 restantes por agentes policiales. Después de revisar estos reportes, las autoridades del LAPD decidieron que 54 de ellos no tenían ninguna base y enviaron los 161 restantes a la inteligencia regional para una revisión más a fondo. El inspector general concluyó en su auditoría que el LAPD manejó de manera apropiada casi todos los casos. También indicó que seis de los casos que el Departamento determinó eran legítimos debieron haber sido desechados.

INVESTIGACIONES ADICIONALES

Los reportes son enviados al Bureo de Inteligencia Criminal y Anti-Terrorismo del LAPD, donde agentes investigan más a fondos para determinar si se trata de una amenaza real. Si concluyen que hay mérito para el reporte, la información se envía un centro regional de análisis, también conocidos como “fusion centers” para mayor investigación y, de ser necesario, a las autoridades federales.

Un pedido bajo la Ley de Acceso a Archivos de Registro Público por parte de la Stop LAPD Spying Coalition reveló que 4,325 reportes SAR fueron archivados entre Marzo 2008 y Julio 2012 y 3,001 de ellos fueron enviados al “fusion center”. De esos, se determinó que el 80% no tenían ninguna base.

La Coalición dice se pueden tener archivos y compartirlos entre agencias locales y federales por uno y hasta cinco años sin que la gente lo sepa, porque “a veces no hay una interacción con los agentes”, dijo Mariela Saba, otra miembro del grupo. “Estos reportes son secretos”.

Casi no hay información sobre lo que las agencias del orden hacen con estos archivos o los nombres de las personas que aparecen en ellos.

“Hay casos que se abrieron como resultado de un reporte de actividad sospechosa”, le dijo a la Comisión de Policía el año Mike Downing, encargo del buro de antiterrorismo del LAPD. “Pero eso es todo lo que puedo decir sobre eso”.

Downing agregó en ese entonces que fotografiar un edificio importante no es un hecho que vaya a propinar que se redacte un reporte. Los detectives tendrían que determinar si hay evidencia de una posible relación con la planeación de un ataque.

Más bien, dijo Downing, tendría que ver con “enfocarse en personal de seguridad, cámaras de seguridad y lugares donde la gente se reúne de forma masiva”.

Sin embargo, agregó que luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York , la Policía necesita que los ciudadanos se mantengan vigilantes y que la amenaza de terrorismo es real.

GANG INJUNCTIONS

Otra herramienta policial que los activistas criticaron durante la reunión fueron las “gang injunctions” (restricciones pandilleriles), una orden judicial de restricción que prohíbe a miembros de una pandilla participar de ciertas actividades, como reunirse en público.

Desde su creación en 1982, hay más de 49 “gang injunctions” en la Ciudad de Los Angeles en contra de 82 pandillas.

Tanto Alex Alonso, profesor de la Universidad Estatal de California Long Beach y la Dra. Ana Muñiz de la Universidad de California, Irvine, le dijeron a los reunidos en la sesión de la Comisión de Relaciones Humanas el sábado, que las “gang injunctions” son una manera poco efectiva de reducir la criminalidad en las áreas que cubren y a menudo terminan creando más problemas de los que buscan resolver.

“Crean un récord criminal para gente que no lo tiene, porque generalmente se enfocan también en socios que no son pandilleros”, dijo Alonso.

“Le permiten a los policías tener acceso a nuestros jóvenes sin enfrentar problemas legales. Pueden pararlos y registrarlos sin que haya una causa probable”, añadió.

Por su parte, la Dra. Muñiz dijo que varios estudios han mostrado que sólo hay una “reducción del crimen del 10% en los seis meses siguientes” a la implementación de una “gang injunction” en un barrio. Pero a la larga, no se sostienen esas reducciones en la criminalidad.

Las “gang injunctions” también le han costado caro a la Ciudad.

El Concilio de Los Angeles decidió la semana pasada poner fin a una larga batalla legal al aprobar un acuerdo bajo el cual agencias no lucrativas recibirán $30 millones en los próximos cinco años para que ofrezcan entrenamiento laboral, así como programas vocacionales y de aprendizaje a personas que están cubiertas por ciertas “gang injunction” para ayudarles a encontrar un empleo.

“Este acuerdo crea un camino innovador para que los individuos sujetos a gang injunctions consigan habilidades laborales que necesitan para cambiar sus vidas”, dijo Mike Feuer, Procurador de la Ciudad de Los Angeles.