SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador responsabilizó el lunes a la policía y a soldados de la fuerza armada de cometer ejecuciones extrajudiciales en dos matanzas que las autoridades reportaron como enfrentamientos con pandilleros.
El procurador David Morales emitió dos resoluciones referentes a casos de privación arbitraria de la vida por ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de armas de fuego ocurridos en 2015, en el marco de operativos realizados por policías y soldados.
En conferencia de prensa el funcionario afirmó que las investigaciones “evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley en dichos operativos”.
El primero de los casos denunciados ocurrió el 26 de marzo de 2015 en la Finca San Blas, a unos 25 kilómetros al oeste de la capital, donde se reportó la muerte de ocho personas: seis hombres adultos, un joven de 17 años y una joven de 16.
Según las autoridades, policías y soldados se enfrentaron a 15 presuntos pandilleros cuando ingresaron a una finca que supuestamente había sido tomada por los delincuentes. Ocho de éstos murieron y un policía resultó levemente herido. Se decomisaron cuatro fusiles M-16, un fusil A2, una escopeta, dos armas cortas y municiones.
El segundo caso fue registrado el 16 de agosto de 2015, en el cantón Pajales, municipio de Panchimalco, a unos 18 kilómetros al sur de San Salvador, en el que cinco presuntos pandilleros murieron al enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad, que no sufrieron bajas.
Morales indicó que, en ambos casos, la procuraduría llegó a la conclusión de que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Según la procuraduría, en el caso de San Blas existe evidencia forense reveló que cuatro de los cuerpos “fueron movidos de posición para alterar la escena” y que uno de los fallecidos presentaba edema cerebral, pese a sufrir lesiones en órganos vitales que hubieran provocado muerte súbita, “lo que hace presumir nuevos disparos causados cuando ya estaban heridos”.
En el caso del cantón Los Pajales, el procurador hizo una afirmación similar.
El funcionario indicó que tienen información testimonial de que se realizaron ejecuciones, pero las autoridades policiales la han ignorado.
“La fuerza armada se negó a proporcionar la información requerida por esta Procuraduría”, afirmó.
Señaló que en la legítima labor de respuesta ante la delincuencia, se han producido excesos y las autoridades pudieron haber llegado a violencia ilegal, abusos que él considera deben ser erradicados, porque el Estado “no puede ser igual o peor que el criminal”.
Al conocer la denuncia, el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, reconoció que podría haber habido violaciones a los derechos humanos, “nosotros no lo negamos, nosotros lo estamos investigando”.
Pero señaló que en cada uno de estos casos cuando hay muertos también la Fiscalía General de la República hace su propia investigación y las fuerzas armadas aguardan esos resultados.
Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, dijo que sus unidades de investigación de contraloras están siempre presentes en estos casos, e hizo énfasis en que la fuerza a su cargo siempre está dispuesta a colaborar en la investigación con la Fiscalía.
En los últimos meses los enfrentamientos armados entre los cuerpos de seguridad y las pandillas se han intensificado, y estos grupos criminales también siguen atacando a los policías y soldados cuando se encuentran de licencia. También agreden a sus familiares.
En lo que va del año han asesinado a 15 agentes de la policía y cinco militares.