SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El ex guerrillero Raúl Mijango, tres oficiales de la policía y otros 17 funcionarios y ex funcionarios de El Salvador fueron capturados el martes por su participación en la denominada tregua entre pandillas, en la que según las autoridades se cometieron una serie de delitos, confirmó la Fiscalía General.
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó la captura de Mijango, señalado como el mediador de la tregua, así como también del comisionado de la Policía Nacional Civil, Oscar Aguilar Hernández, actualmente jefe del Comando Conjunto de Seguridad Pública de la Policía; el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, colaborador del Centro de Operaciones de la Policía, y del inspector Luis Alonso Aguilar Marín, colaborador en el área de inteligencia de la Policía, e indicó que todos serán procesados.
La Fiscalía también confirmó que había girado órdenes de captura contra el ex director general de Centros Penales, Nelson Rauda.
En la primera semana de marzo de 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego de que en esa época se registraran al menos 14 muertes al día. Dicho alto en las hostilidades se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres, y de Mijango en representación de la sociedad civil.
Para facilitar la tregua, las autoridades sacaron a los cabecillas del penal de máxima seguridad conocida como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles donde tenían comunicación con sus estructuras en las calles.
Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero la tregua se rompió en septiembre de 2013, luego de que las autoridades retiraran una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos, y los asesinatos comenzaron a subir.
“Si bien la tregua no es un delito, lo que sí ocurre es que dentro del marco de este tipo de negociaciones ilegales se cometieron otros delitos”, explicó Meléndez
“Como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad por medio del cumplimiento de los procedimientos que rigen el sistema penitenciario”, afirmó el jefe del ministerio público. Con la tregua también se “promovió el fortalecimiento y expansión de las pandillas en los territorios y se dio un aparente reducción de los homicidios, al tiempo que se incrementaban las desapariciones de personas”.
El funcionario dijo que “hemos probado” que, si bien se redujeron los homicidios, al mismo tiempo se incrementaron las desapariciones forzosas de personas y se generaron los llamados cementerios clandestinos.
Según la Fiscalía, Mijango ingresaba a los centros penales sin ser revisado, lo que le permitía introducir objetos ilícitos. La tregua permitió el ingreso de celulares, consolas de juego, televisores de plasma y servicios de televisión por cable, e incluso se permitía la prostitución.
Se incautaron videos donde es posible ver las fiestas realizadas en los centros penales. Las autoridades señalaron que una orquesta permaneció más de tres días en un centro penal del oriente del país en diciembre de 2012, e ingresaron bailarinas, algunas de las cuales fueron víctimas de abuso sexual.
Durante las pesquisas también se descubrió que se usaron fondos del Estado para los gastos relacionados con la tregua —la logística, el transporte, pagos a la gente involucrada, etc._, y se investiga el destino de más de dos millones de dólares que salieron de las tiendas institucionales de los centros penales.
Meléndez dijo que en las investigaciones también salen mencionados el ex presidente de la República, Mauricio Funes (2009-2014), y el actual ministro de la Defensa Nacional, el general David Munguía Payés, pero no han encontrado prueba directa o alguna persona o testigo que quiera dar información en relación a estos funcionarios.
El funcionario dijo esperar que alguno de los capturados quiera colaborar y diga de quién recibió las órdenes en su momento determinado.
Explicó que el obispo Colindres “también está mencionado, pero no hemos encontrado pruebas concretas” en su contra.
“Aparentemente hubo una fase inicial que él estuvo, pero aparentemente se retiró cuando vio que se estaban cometiendo todas estas irregularidades y él las detectó”, agregó el fiscal.
El presidente Salvador Sánchez Cerén, que asumió en junio de 2014, cerró toda posibilidad de diálogo o negociación con las pandillas.