SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El gobierno salvadoreño mantendrá su política de enfrentamiento a las maras o pandillas y dejó en manos de la justicia determinar si el ministro de Gobernación, Arístides Valencia cometió algún ilícito al reunirse con cabecillas de estos grupos criminales.
Supuestamente Valencia se habría reunido para pactar acuerdos para que lo apoyaran en las elecciones presidenciales de 2014.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas dijo en conferencia de prensa que desde que el presidente Salvador Sánchez Cerén llegó al poder en junio de 2014, “asumió una firme posición de no establecer diálogos, negociaciones, pactos o cualquier acuerdo que represente ventaja, prebendas o cualquier otro tipo de facilidades que conduzcan a fortalecer la organización o acciones de estos grupos criminales”.
El vocero del gobierno salvadoreño se refirió a un audio publicado por un periódico digital en el que se escucha al hoy ministro de Gobernación reunido con cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha MS 13 y Barrio 18, después de las primeras votaciones de las elecciones presidenciales, discutiendo temas logísticos y hasta de apoyo económico para sacar el documento único de identidad, necesario para ejercer el sufragio.
Chicas dejó en claro que esto habría ocurrido antes que Sánchez Cerén asumiera la presidencia, y cuando Valencia era diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por lo que será él quien deba dar explicaciones.
Reiteró que el gobierno de Sánchez Cerén “ha sido muy claro en no establecer ningún dialogo, ningún trato, ninguna negociación con estos grupos criminales y nosotros podemos responder con claridad por los compromisos, por la política de este gobierno, lo que haga una persona en lo particular ya eso corresponde al ámbito de la justicia”.
“No nos corresponde juzgar, para eso existen las instancias de la justicia en este país”, agregó.
Al preguntar si el ministro de Gobernación sería separado de su puesto, Chicas respondió: “el gobierno, el presidente de la República no tiene previsto cambio en su gabinete derivado de este tema”.
Chicas recordó su experiencia como presidente del Tribunal Supremo Electoral e invitó a los periodistas que revisen las actas de escrutinio de los lugares con mucha presencia de las pandillas y comprobarán que “no ganó el FMLN ese resultado de la elección”.
“Si el objeto de algún trato como lo ha presumido algún medio de comunicación digital es de alcanzar acuerdos electorales para favorecer alguna de las partes, no se cumple esa premisa e invito a que se pueda analizar acta por acta”, agregó.
Los señalamientos contra el ministro de Gobernación surgen en momentos que el ex guerrillero Raúl Mijango, tres oficiales de la policía y otros 14 empleados y ex funcionarios de los centros penales están siendo procesados por su participación en la llamada tregua entre las pandillas en la que según la Fiscalía General de la República se cometieron una serie de delitos.
Las 18 personas detenidas y tres más que continúan prófugas, serán procesadas por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penales y actos arbitrarios.
El Fiscal General, Douglas Meléndez declaró que en las investigaciones salen mencionados el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) y el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, pero que no han encontrado pruebas directas o alguna persona o testigo que quiera dar información en relación a estos funcionarios.
En la primera semana de marzo de 2012, las pandillas acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego que en esa época se registraban al menos 14 muertos al día. Dicho alto en las hostilidades se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres, y de Mijango un amigo cercano del general Munguía Payés.
Para facilitar la tregua, las autoridades sacaron a los cabecillas del penal de máxima seguridad conocida como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles donde tenían comunicación con sus organizaciones en las calles.
Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero la tregua se rompió en septiembre de 2013, luego de que las autoridades retiraran una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos, y los asesinatos comenzaron a subir.