SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Un tribunal del oriente de El Salvador condenó a 89 pandilleros de dos estructuras criminales a penas diversas, algunas de las cuales conllevan más de 200 años de cárcel, por delitos como extorsión y acciones terroristas.

El juzgado de Sentencia de la ciudad de San Miguel, a 138 kilómetros al sur de la capital, confirmó el lunes la sentencia de 200 años con seis meses de cárcel para seis elementos de una red de extorsionistas de la Mara Salvatrucha (MS 13) que eran considerados los autores intelectuales.

Según los fiscales de la Unidad Antiextorsiones, se pudo comprobar que los pandilleros Luis David Mejía, Carlos Ernesto Torres, Juan Carlos Sandoval, José Rafael Hernández, Rafael Antonio Melgar y William Alexander Medina, hacían las llamadas telefónicas desde el penal La Esperanza, conocido como la cárcel de Mariona. Se presentaron como pruebas las bitácoras de llamadas y comprobantes de los envíos para pagar la extorsión, entre otros.

El juzgado también condenó a 44 años de prisión a ocho cabecillas de la Mara Salvatrucha por los delitos de homicidio tentado contra agente de la Policía Nacional Civil y pertenecer a organizaciones terroristas. Otros 68 pandilleros fueron condenados por los mismos delitos a 38 años y medio de cárcel.

Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas son responsables de la mayoría de crímenes que se cometen en el país. Están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.

Además, en lo que va del año, las pandillas han asesinado a 17 agentes de la policía, cinco militares, un custodio de centros penales y un alumno de la academia nacional de la policía.

El dictamen judicial llega días después que con órdenes judiciales, la policía salvadoreña capturó a siete miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, vinculados al asesinato de 11 personas, entre ellas nueve trabajadores de una empresa distribuidora de energía eléctrica, además de dos campesinos que presenciaron el crimen.

La Fiscalía General de la República giró órdenes de captura contra 14 pandilleros de la 18 Revolucionarios, nueve adultos y cinco menores de edad, a los que se les habría comprobado su participación en la matanza perpetrada el marzo en una zona rural del municipio de San Juan Opico, a 43 kilómetros al noroeste de la capital. Las víctimas fueron maniatadas antes de ejecutarlas.

El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó que luego de una amplia investigación y con la colaboración de la ciudadanía, fueron capturados cinco adultos y dos menores de edad. Los pandilleros capturados serán procesados por los delitos de homicidio agravado y pertenecer a organizaciones terroristas.

Cotto informó que otros seis pandilleros siguen prófugos y que otro más _identificado como José Alfredo Landaverde, a quien señalan como el cabecilla de este grupo de pandilleros_, falleció al enfrentarse con las fuerzas de seguridad.

El jefe policial dijo que Landaverde “era el cabecilla de la estructura criminal y él tomó la acción que se ejecutara a esas personas. Fue precisamente a ese sujeto al que le decomisaron un teléfono y en el cual se encontró el video donde se observa cómo los asesinaron con lujo de barbarie”.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 2,500 dólares a las personas que ayuden a localizar al resto de pandilleros que siguen prófugos y que participaron en la matanza.

Luego de esta matanza, el gobierno salvadoreño decretó estado de emergencia en siete cárceles y trasladó hasta el penal de Quezalpeteque a los reconocidos cabecillas de estos grupos criminales. Días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza para someter a aislamientos severos a estos criminales.

También desplegaron un contingente de 1,000 soldados y policías de las fuerzas élite para buscar y desmantelar los grupos de pandillas que han emigrado a las zonas rurales, donde en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos armados con las fuerzas gubernamentales. Estas unidades especiales tienen también como misión perseguir a unos 100 cabecillas de las pandillas para neutralizar su actividad de conducción.