SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La policía salvadoreña capturó a 14 miembros de la pandilla Barrio 18, así como a seis policías municipales y al alcalde del municipio de Apopa que presuntamente están vinculados a estructuras criminales, informó el martes el director de la Policía Nacional Civil.
El operativo contra esta estructura delictiva comenzó el domingo con la captura del alcalde de Apopa, Elías Hernández, quien está acusado de homicidio de un pandillero de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13), de agrupaciones ilícitas y de amenazas con agravación especial.
En conferencia de prensa, el director de la Policía, comisionado Howard Cotto, afirmó que la alcaldía de Apopa, a 12 kilómetros al norte de la capital, se había convertido en el centro de operaciones de la Barrio 18, donde gozaban protección de los policías municipales, los cuales les facilitaban automóviles, gasolina, celulares y hasta les ayudaban a cobrar la renta de las extorsiones.
La jefa de la Unidad Especializada Antipandillas, Guadalupe de Echeverría, confirmó que los capturados pertenecen a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios y están relacionados a graves delitos como son cuatro homicidios y un homicidio imperfecto (intento de asesinato), pero también se les atribuirá el ilícito de pertenecer a organizaciones terroristas. A los 14 pandilleros capturados se suman otros 22 que ya están en las cárceles del país, los cuales serán incorporados al proceso judicial.
Echeverría aseguró que esta estructura criminal está vinculada a los hechos que se investigan a los empleados municipales de Apopa, incluido al alcalde Hernández.
“Se hizo una investigación integral, en la cual se ha complementado la parte de la alcaldía, la cual daba beneficios a los pandilleros y éstos se veían favorecidos con los beneficios que les proporcionaban”, afirmó.
Cotto dijo que Hernández habría facilitado a las pandillas vales de combustible, teléfonos celulares y hasta vehículos.
Esta semana también se anunció el arresto del ex director de Centros Penales, Nelson Rauda, quien se encontraba prófugo para evitar ser procesado por sus vínculos en una serie de ilícitos cometidos en la denominada tregua entre las pandillas.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil informaron que Rauda quien estaba prófugo desde el 3 de mayo, fue capturado en el sector conocido como El Trébol del Municipio de Santa Ana, a 56 kilómetros al oeste de la capital.
Rauda quien estuvo al frente de la Dirección de Centros Penales durante la administración del presidente Mauricio Funes (2009-2014), será procesado por los delitos de actos arbitrarios y agrupaciones ilícitas.
El pasado 3 de mayo la Fiscalía giró órdenes de captura contra el ex guerrillero Raúl Mijango, tres oficiales de la policía y otros 17 funcionarios y ex funcionarios del gobierno salvadoreño por su participación en la denominada tregua entre pandillas, en la que según las autoridades se cometieron una serie de delitos.
Un tribunal superior ordenó que Mijango y el director del penal de Izalco, José Adrián Abarca Molina, así como otras cinco personas, afronten el proceso en libertad con medidas sustitutivas.
En la primera semana de marzo de 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 acordaron una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego de que en esa época se registraran al menos 14 muertes al día. Dicho alto en las hostilidades se alcanzó con la intermediación del obispo castrense y policial, monseñor Fabio Colindres, y de Mijango en representación de la sociedad civil.
Para facilitar la tregua, las autoridades sacaron a los cabecillas del penal de máxima seguridad conocida como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles donde tenían comunicación con sus estructuras en las calles.
Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero la tregua se rompió en septiembre de 2013, luego de que las autoridades retiraran una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos, y los asesinatos comenzaron a subir.
El Fiscal General, Douglas Meléndez dijo que durante las investigaciones se pudo comprobar que como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad por medio del cumplimiento de los procedimientos que rigen el sistema penitenciario.
Según la Fiscalía, durante la tregua se permitió introducir objetos ilícitos, celulares, consolas de juego, televisores de plasma y servicios de televisión por cable, e incluso se permitió la prostitución.