EL SALVADOR

Inician cierre de la cárcel de Cojutepeque

Las autoridades de Centros Penales iniciaron el cierre de la cárcel de Cojutepeque en la zona central del país donde estaban confinados más de 1,200 miembros de la pandilla Barrio 18, que fueron trasladados a otras cárceles de mediana seguridad. El penal de Cojutepeque, ubicado en la ciudad del mismo nombre, era uno de las siete cárceles que fueron declaradas en estado de emergencia en marzo pasado, pero las autoridades reconocieron su vulnerabilidad debido a que está enclavado en el corazón de la ciudad, rodeado de viviendas particulares y solo dividido por una pared con la alcaldía municipal. En el más reciente allanamiento, las autoridades decomisaron a los reclusos un panel solar, 56 teléfonos celulares, 40 cargadores, 38 chips, 18 baterías, 40 manos libres y dos memorias para celulares y se tuvo que reconocer que pese a los esfuerzos, no habían podido parar el ingreso de ilícitos debido a la ubicación. En otro allanamiento en abril, decomisaron 30 teléfonos celulares y un panel solar. Más de 30 autobuses, custodiados por la policía, trasladaron a los pandilleros a las cárceles de Izalco, en el occidente del país y Quezaltepeque en el departamento de La Libertad, donde están recluidos miembros de la pandilla Barrio 18. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, señaló que de los 20 centros penitenciarios existentes, solo tres fueron diseñados con las condiciones óptimas, los demás eran cuarteles del ejército que fueron acomodados como prisiones, entre ellos el de Cojutepeque. El cierre de la cárcel es parte de las medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno luego de una matanza de 11 trabajadores que se le atribuye a las pandillas, y que el gobierno puso en marcha al decretar estado de emergencia en siete cárceles y aislaron a los cabecillas de estos grupos criminales. Las autoridades sostienen que las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las cárceles donde guardan prisión los principales cabecillas de las maras o pandillas.

MÉXICO

Tres muertos en enfrentamientos entre policías y maestros

Miembros del ala más radical del sindicato de maestros en México, que llevan días manifestándose en protesta por la detención de algunos de sus líderes, protagonizaron el domingo fuertes choques en varias localidades del estado sureño de Oaxaca en las que hubo bloqueos de vialidades y vehículos incendiados. El Gobierno de Oaxaca, a través de un comunicado enviado por la Secretaría de Salud estatal, confirmó que hay tres muertos y 45 personas lesionadas durante durante los hechos violentos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán. Los maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se enfrentaron con policías estatales y federales en varios puntos del estado, entre otros en carreteras del istmo de Tehuantepec y en la localidad de Nochixtlán, al norte de la capital. En este último pueblo policías antidisturbios abrieron fuego para intentar disolver las protestas en las que se habían incendiado vehículos y levantado bloqueos y barricadas en algunas vialidades. En un comunicado, la policía federal dijo que en Nochixtlán es donde los manifestantes reaccionaron de forma más agresiva contra la autoridad, retuvieron a uno de sus agentes y no permitieron establecer diálogo alguno. La fiscalía mexicana detuvo este mes a varios líderes magisteriales, a los que acusa de desviar fondos mediante una trama que funcionó de 2013 a 2015, cuando el sindicato controlaba las nóminas de los maestros de Oaxaca. Según la procuraduría, los directivos arrestados exigían una comisión de 3.5% en las compras que hacían los maestros sindicalizados en algunos negocios locales, dinero que luego era descontado de los salarios de los trabajadores.

NICARAGUA

Expulsan a tres funcionarios estadounidenses

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos John Kirby dijo que los funcionarios estaban bajo un estatus de funciones temporales en Nicaragua y habían llegado al país recientemente. Agregó que Estados Unidos se ha quejado con el embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell. El gobierno de Nicaragua emitió una nota oficial enviada al Departamento de Estado, en la que se refirió al “desafortunado incidente” de expulsión de dos de los tres ciudadanos estadounidenses, a los que señaló de estar ejerciendo labores de lucha contra el terrorismo, sin contar con el aval del Estado nicaragüense. La nota indica que los dos funcionarios, de los que omiten los nombres, realizaban tareas de seguridad y certificación aduanera relacionadas a la lucha contra el narcotráfico. Nicaragua no hizo mención del tercer estadounidense expulsado. Kirby no dijo si Estados Unidos respondería de forma recíproca. La nota del gobierno nicaragüense reiteró su disposición de “mantener e incrementar las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, en respeto a nuestra relación legislación nacional; y en el caso del comercio, en correspondencia con las normativas de facilitación establecidas entre nuestros países”. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene desde hace mucho una relación complicada con Estados Unidos, que data de la guerra del movimiento de la Contra en Nicaragua en la década de 1980. Luego de regresar al poder en 2007, Ortega se alió con el venezolano Hugo Chávez y otros opositores a la política exterior de Estados Unidos.

PARAGUAY

Muerte cerebral de niña baleada por agentes

Una niña de tres años fue declarada en estado de muerte cerebral luego de ser baleada por nueve agentes antidrogas paraguayos que presuntamente cometieron un error de procedimiento. La pequeña se encontraba en compañía de su tío y de otra persona vinculada a la familia Zanotti Cavazzoni, quienes ingresaron a una finca dedicada al cultivo de caña de azúcar, a 50 kilómetros al sur de Asunción, para pagar el salario a los empleados, dijo la fiscal Mirta Rivas a los periodistas. Aparentemente, los agentes antinarcóticos recibieron una información equivocada y abrieron fuego contra los dueños de la plantación por creer que eran microtraficantes de drogas ilegales. Los agentes fueron acusados por el presunto delito de homicidio culposo y se exponen, según la fiscal Rivas, a 10 años de cárcel. “Mi corazón se extiende a la familia Zanotti-Cavazzoni”, afirmó el presidente Horacio Cartes en un comunicado. “No podemos reparar el daño ni aliviar el dolor; solo puedo asegurarles que estamos extremando esfuerzos para esclarecer los hechos y facilitar los procesos para encontrar a los responsables de este crimen”. Paraguay es uno de los grandes productores de marihuana en América del Sur, según dijo Luis Rojas, director de la agencia antidrogas estatal.

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