BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia, el segundo país en el mundo con mayor número de minas antipersonales sembradas, busca abandonar ese deshonroso escalafón. Para ello, el presidente Juan Manuel Santos inauguró el sábado una brigada militar que dentro de un año tendrá 10,000 uniformados encargados de desactivar los artefactos.
“Será la brigada más importante dedicada al desminado en todo el planeta. No hay otro ejército, no hay otro país que tenga una brigada como la que acabamos de activar”, sostuvo Santos durante la celebración de los 197 años del ejército colombiano en el fuerte de Tolemaida, ubicado a unas horas de Bogotá.
El coronel Raúl Ortiz dirigirá la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, que por ahora estará integrada por 2,500 hombres y posteriormente crecerá hasta sumar 10,000 dentro de un año.
Para Santos se trata de “un trabajo dispendioso, peligroso, pero absolutamente necesario”, pues en al menos “400 municipios del país hay minas; en 200 de ellos la situación es bastante grave”.
En Colombia, que sólo es superado por Afganistán en número de estos artefactos emplazados, las minas antipersonales han dejado 11,446 víctimas entre muertos y heridos desde 1990 hasta lo que va de 2016, según las cifras del gobierno. En el presente año 3,533 minas han sido encontradas y destruidas en forma controlada.
La tarea de desminado ha tomado fuerza gracias a los acuerdos parciales alcanzados por el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el marco de las negociaciones de paz en La Habana. La fuerza pública y los rebeldes ya trabajan juntos en algunos municipios para librarlos de las minas.
El trabajo se realiza al mismo tiempo que se afinan los detalles del acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes.
Las comisiones de Naciones Unidas, el gobierno colombiano y las FARC dieron detalles de las visitas técnicas a las zonas del país donde se producirá la desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas de los rebeldes.
El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo dijo en rueda de prensa en la ciudad de Villavicencio que las visitas a 23 zonas rurales y ocho campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realizarán de manera simultánea entre el martes y el fin de semana.
“El día de hoy (lunes) lo que vamos a hacer es alistarnos para hacer todo esto realidad”, dijo Jaramillo quien estuvo acompañado por el general argentino Javier Pérez Aquino, jefe de los observadores de la misión de la ONU en Colombia, y por el comandante guerrillero Carlos Antonio Lozada.
El objetivo es que los integrantes de las comisiones del gobierno y de las FARC, así como de la ONU, se cercioren si la zona escogida cumple los requisitos logísticos y de seguridad exigidos para la desmovilización y desarme.
El general Pérez Aquino observó que las visitas técnicas también permitirán a la misión tener contacto directo con la población y autoridades de cada zona.
En tanto, el jefe rebelde Lozada observó que “suspendidas las acciones bélicas nunca más deberán utilizarse las armas en la política interna por parte de ningún sector político o social”.
Una vez que se firme la paz, enfatizó el comandante guerrillero, surgirá una nueva Colombia en la que nadie será perseguido por su ideología política y un país “sin escuadrones de la muerte y grupos armados privados al servicio de élites económicas y políticas”.
Pérez Aquino destacó “la excelente coordinación” que tanto el gobierno como las FARC han empleado para las visitas lo que, según sus palabras, “demuestra claramente el férreo compromiso de las partes para la finalización del conflicto”.
Desde fines de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC llevan adelante en la capital cubana un proceso de negociación para tratar de poner fin a más de 50 años de hostilidades.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras han conseguido acuerdos en temas clave como la reforma agraria, la participación de los rebeldes en política, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el resarcimiento de las víctimas, el blindaje jurídico y político a los puntos que se acuerden en la mesa de negociación, la forma en que los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes, el cese bilateral y definitivo del fuego y el abandono de las armas por parte de los rebeldes.