GUATEMALA (AP) — Las víctimas de una masacre en Guatemala aplaudieron el martes la decisión de una jueza que le prohibió salir del país al diputado oficialista Edgar Ovalle, investigado por el crimen de más de 200 personas durante la guerra civil.

Aura Elena Farfán, querellante en el caso por el que se investiga a Ovalle, dijo que la decisión es esperanzadora para los familiares de las víctimas.

“De alguna manera los familiares con sus denuncias y su exigencia de aplicación de justicia están haciendo grietas a ese muro de impunidad que por años nos han mantenido esperando esa ansiada justicia”, dijo Farfán a The Associated Press.

A Ovalle se lo vincula con el secuestro de varias personas entre 1983 y 1984, cuando fue segundo comandante de la zona militar ubicada en el departamento de Alta Verapaz, donde actualmente opera un comando regional de entrenamiento de operaciones de paz auspiciado por la ONU en Cobán, cabecera departamental.

Tras los secuestros las víctimas fueron asesinadas y enterradas en fosas clandestinas dentro del destacamento. En el lugar las autoridades localizaron 80 fosas que contenían al menos 565 osamentas.

Ovalle posee inmunidad por su condición de diputado. La jueza Claudette Domínguez realiza una pesquisa para determinar si se le retira la inmunidad ya que la fiscalía busca acusarlo de los delitos de desaparición forzada, contra los deberes de la humanidad y asesinato. AP intentó comunicarse sin éxito con el legislador en varias ocasiones.

Edgar Pérez, abogado de las víctimas, dijo que “el que haya avance en este tipo de acciones representa una esperanza en el sistema de justicia y de que por fin la ley pueda ser aplicada a cualquiera no importando el cargo que sustente”.

La fiscalía aseguró que la prohibición permite asegurar la presencia de Ovalle mientras es investigado.

El diputado es uno de los hombres fuertes del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional fundado por exmilitares, varios de ellos acusados de crímenes de lesa humanidad y que llevó a la presidencia al actor y cómico Jimmy Morales.

Por este caso están en prisión a la espera juicio el militar Manuel Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército de 1981 a 1982 -una de las épocas más violentas de la guerra de acuerdo con organismos de derechos humanos-, y los ex oficiales Byron Huberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Raúl Dehesa, entre otros.

El caso se remonta a las masacres ocurridas durante varios años de la guerra en el occidente del país. Los exmilitares acusados estuvieron destacados en el lugar en diferentes períodos y tuvieron a soldados bajo su mando que habrían cometido los asesinatos, ha sostenido la fiscalía.

Guatemala vivió una guerra civil de 36 años entre el ejército y la guerrilla izquierdista durante la cual, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas, unas 250.000 personas fueron muertas o desaparecidas.

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