SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Un conductor de televisión y locutor de radio de El Salvador fue detenido el martes para ser procesador por el delito de remuneración de actos sexuales con menores de edad.
Maximiliano González, conocido como “El Gordo Max”, dirige el programa “Domingo Para T2” y su nombre fue mencionado por primera vez en agosto de 2014, cuando se capturó una banda que se dedicaba a prostituir a jóvenes con gente del medio.
La detención de González fue confirmada por Violeta Olivares, jefa de la Unidad de Tráfico Ilegal de Personas. Él no ha estado disponible para la prensa y aún no se ha presentado ningún abogado para representarlo.
De acuerdo con la investigación fiscal, las adolescentes de entre 13 y 17 años eran engañadas haciéndoles creer que trabajarían en modelaje y publicidad, pero en realidad eran vendidas como sexoservidoras, cuyas tarifas rondaban entre 50 y 300 dólares si eran vírgenes.
La policía salvadoreña también capturó al empresario José Ernesto Regalado, quien fue detenido en el aeropuerto internacional cuando regresaba al país de un viaje en México. Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador García Arévalo también fueron detenidos.
Responsables del caso de la Fiscalía General de la República informaron que durante la administración del ex Fiscal General, Luis Martínez, se procesó al presentador de televisión, pero se le concedió una serie de beneficios bajo la figura de “testigo criteriado”, por haber colaborado con la fiscalía.
Douglas Meléndez, Fiscal General actual, ordenó que se procesara a González y que se abriera una investigación al interior de la institución por este caso.
Entre diciembre de 2013 y agosto de 2014, más de 10 personas fueron arrestadas por el delito de trata de personas, en perjuicio de menores, al utilizar las redes sociales para explotar sexualmente a jóvenes, engañándolas a través de un supuesto empleo de modelaje.
En 2014, siete personas fueron acusadas de prostituir a menores de edad. Sobre los clientes de esta trama, las autoridades en su momento no se pronunciaron porque el caso tenía reserva, que según el fiscal general, de esa época Luis Martínez, se solicitó para proteger la identidad de las víctimas y de los testigos criteriados.
Lo que si se reveló en su momento es que la estructura funcionaba en centros comerciales y llevaba a las menores a estacionamientos de gasolineras, donde eran recogidas por los clientes.
La administración anterior de la Fiscalía imputó al “Gordo Max”, pero luego le dio calidad de testigo, según las autoridades actuales.
Hoy la Fiscalía los acusa por el delito de Remuneración de actos sexuales con menores de edad, que de ser hallado culpables podrían ostentar una pena de tres a ocho años de prisión.