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Después de dirigirse hacia el norte desde su Guatemala natal, un chico de 15 años llegó a la frontera entre Estados Unidos y México, donde fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP). Fue enviado a un centro de detención de inmigración en el condado de Yolo (cerca de Sacramento) durante un año, sin una explicación por el largo encarcelamiento o una audiencia ante un juez que pudiera evaluar si planteaba alguna amenaza al país o representaba un riesgo de no presentarse en la corte si era entregado a su madre.

Cada dos semanas, la mujer -una residente de Los Ángeles- viajaba a partir de las 3 de la madrugada con sus otros tres niños para pasar unas horas con su hijo antes de regresar a casa a las 11 p.m.

“Era inofensivo, pero no pudo impugnar las razones de su detención y finalmente lo liberaron sin que el gobierno le explicara por qué tuvo que permanecer detenido durante tanto tiempo”, explicó Carlos Holguín, Abogado del Centro de Derechos Humanos & Derecho Constitucional (CHRCL), quien trabajó en el caso.

El chico guatemalteco no es el único en esta situación.

En noviembre pasado, 7844 menores no acompañados estaban en algún tipo de detención gubernamental. Aquellos menores de 18 años que son capturados por la Patrulla Fronteriza son puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos y se alojan en casas de grupo, refugios y – aquellos que admiten la participación en pandillas (ya sea que hayan sido obligados a unirse a estos grupos o lo hicieron por su propia voluntad, e independientemente de si esa participación es menor o no) son enviados a cárceles juveniles – mientras esperan su procesamiento.

Los afortunados pueden terminar detenidos durante uno o dos meses antes de ser entregados a padres, familiares o guardianes legales. Pero hay otros que pasan hasta un año o más sin que el gobierno tome una decisión sobre su detención o libertad temporal mientras sigue su caso de inmigración.

Mantenerlos en custodia no sólo es injusto, sino también muy caro.

Según Holguín, le cuesta al gobierno unos $300 dólares al día mantener a un menor de edad bajo custodia. Tenerlos con sus padres o un familiar, o colocarles un dispositivo de monitoreo electrónico puede costar tan poco como 17 centavos hasta $17 por día.

“Para los contribuyentes, no es muy beneficioso el no liberar a un niño a un padre”, dijo Holguin al San Fernando Valley Sun / El Sol.

Desde el año 2014, huyendo de la violencia, la pobreza y las pandillas, madres con sus hijos o menores de edad provenientes de América Central comenzaron a llegar en masa a la frontera entre Estados Unidos y México. La oleada sin precedentes obligó al gobierno a declarar una “crisis humanitaria” y tratar de acomodarlos y procesarlos.

Sin embargo, esta última parte ha sido problemática.

Ahora, una decisión reciente obliga al gobierno a tomar una decisión sobre su detención.

VICTORIA LEGAL

El pasado viernes 20 de Enero, la juez Dolly M. Gee, del Distrito Central de California, ordenó a ORR proporcionar a los niños inmigrantes no acompañados detenidos una audiencia en la que se les permita examinar y refutar las razones del Gobierno para continuar con su custodia.

La orden judicial hace cumplir un acuerdo a nivel nacional, conocido como el Acuerdo Flores, en el cual el gobierno federal se comprometió a detener a los menores no acompañados solamente si representan un riesgo de no presentarse en la corte para sus audiencias, son peligrosos, o carecen de un padre u otro guardián legal apropiado a quien puedan entregarse.

El tribunal determinó que la práctica actual del Gobierno de negar a los niños inmigrantes la oportunidad de ser escuchados “podría dar lugar a la detención indefinida de niños no acompañados sin la protección del debido proceso que se ofrece a los adultos detenidos mediante una audiencia de fianza”.

“Muchos niños se quedan en el aire, a veces hasta por dos años y nunca se les dice por qué están detenidos”, dijo Holguin, quien junto con CHRCL, la Clínica de Derecho de Inmigración de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, y el Centro de Derecho Juvenil representó a los niños detenidos. “Nunca saben cuál es la base para que ORR se niegue a liberarlos”.

“De aquí en adelante, habrá una audiencia y ORR no será capaz de detener a estos niños sin una razón válida”, agregó Holguin. “Deberían estar haciendo esto de inmediato, especialmente aquellos que han estado detenidos por un período más largo de tiempo”.

Pero mientras que la reciente decisión es una victoria legal para estos menores no acompañados, no hay garantía de que saldrán libres.

En estas audiencias, no tienen un abogado para ayudarles y deben explicar su caso a un juez de inmigración. A menudo, las únicas personas de su lado es un intérprete y un trabajador de caso de ORR.

TRAUMA Y CHOQUE CULTURAL

Es otra situación traumática para menores de edad con profundas heridas físicas y emocionales.

La mayoría de ellos son centroamericanos, en su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras. Han sido atacados a balazos, heridos, violados y han visto las violaciones de otros y han pasado por todas las historias horrendas que te puedas imaginar, dijo Holguín.

Cuando se dirigen hacia el norte, primero deben pasar por México, donde a menudo son víctimas de nuevo. Diferentes informes muestran que el 90% de los migrantes en México son asaltados o robados.

Luego llegan a los Estados Unidos donde son encerrados sin una explicación.

“Algunos merecen estar en cárceles juveniles, pero ese es el propósito de una audiencia, ver si existe una base real para mantenerlos bajo custodia o no”, dijo Holguin.

“Hay un valor en dejar que la gente sepa por lo menos por qué están retenidos. Hay esta transparencia para ver lo que está en tu contra y ser capaz de explicarlo o refutarlo, te dan una oportunidad justa en lugar de que te dejen en el aire”, agregó.

Cuando salen libres, muchos sufren de trastorno de estrés postraumático y otros males que deben tratarse. También pueden tener problemas para adaptarse a las nuevas familias después de haber sido separados de sus padres durante largos años o toda su vida, tratar de navegar en un nuevo país y un nuevo idioma, y vivir con nuevas reglas.

“Tuve un choque cultural porque no sabía inglés y no estaba acostumbrado a vivir con mi madre y no entendía nada en la escuela”, dice Jonathan, un salvadoreño que aparece en un video de YouTube hecho por Homies Unidos, una organización comunitaria con sede en Los Angeles que está tratando de ayudar a estos menores no acompañados a adaptarse a la vida en los EE.UU.

Los demandantes en el caso Flores tienen una segunda moción pendiente en la corte federal con una audiencia programada en Los Angeles el 30 de Enero. Esa moción desafía la política de detener a niños acompañados en instalaciones sin licencia donde los mezclan con adultos no relacionados y les niegan su liberación a parientes disponibles o amigos de la familia.

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