Al menos en una ocasión a Ana María Gil le tiraron sus “gorditas de nata” (un tipo de pan de Michoacán, México) junto con los utensilios de cocina que usa para hacerlas.
Esa vez fueron inspectores de salud quienes llegaron a revisar y confiscar materiales de vendedores ambulantes frente a la Iglesia Católica María Inmaculada en Pacoima, donde Gil, de 54 años, ha estado ofreciendo su manjar a los feligreses durante 17 años cada domingo después de la misa.
Y el temor de que la policía pudiera pasar y darle una gran multa siempre estaba vigente. Hasta ahora.
El martes 31 de Enero el Concilio Municipal de Los Angeles votó 11 a 2 para aprobar una propuesta de los concejales Curren Price, Joe Buscaino y José Huizar para legalizar la venta ambulante en la segunda ciudad más grande del país. La acción, largamente discutida en la ciudad, cobró interés y casi de emergencia ante las medidas ejecutivas emitidas la semana pasada contra inmigrantes a los Estados Unidos por parte del Presidente Donald Trump.
La medida aprobada crea una ordenanza para descriminalizar la venta ambulante mientras se prepara un informe sobre cómo implementar el programa y se redacta una ordenanza para otorgar a la Junta de Obras Públicas el poder de expedir permisos para los vendedores.
“Estoy muy feliz, todos tenemos que ganarnos la vida”, dijo Gil, una madre soltera de tres hijos que están en la universidad.
Ella dijo que estar pendientes ante la llegada de los policías era un constante temor y presión sobre los vendedores ambulantes que luchan por proveer a sus familias.
Claudia (quien no quiso dar su apellido), una joven vendedora ambulante que estaba vendiendo tamales y champurrado en Pacoima, también dijo que estaría dispuesta a obtener un permiso.
“Me gustaría seguir vendiendo sin preocuparme de que la Ciudad venga y me tire toda la comida”, dijo Claudia. “Mantengo todo limpio y también donde cocino. Me siento mal cuando la Ciudad me tira toda la comida. Al menos debería donarla a los indigentes. Es un desperdicio de comida”.
La Medida
El plan propuesto limitaría el número de vendedores a dos por cuadra en áreas industriales y comerciales, requiriendo el permiso de negocios adyacentes y permitiendo solamente que los vendedores de alimentos saludables se establecieran a menos de 500 pies de las escuelas.
También establecería un proceso de permisos, que aún está en marcha.
Gil espera que los permisos no sean demasiado caros.
“Debe ser algo justo que no nos quite las ganancias”, dijo, señalando que algo alrededor de $100 dólares al mes estaría bien con ella.
“Todavía tenemos mucho trabajo que hacer”, dijo Carla de Paz, organizadora de la Campaña para Legalizar a los Vendedores Callejeros.
Lo que es más importante, sin embargo, es que la medida descriminaliza la venta ambulante. Ahora será una infracción administrativa en lugar de algo para ser arrestado o que la persona tenga que ir a los tribunales o quede un récord. Eso podría conducir potencialmente a problemas adicionales con la ley para aquellos que estén en el país ilegalmente, como muchos vendedores callejeros. El miedo antes era que esto llevara a la deportación.
“Es espantoso que Los Ángeles sea la única ciudad importante de los Estados Unidos que no permita la venta ambulante”, dijo el concejal José Huizar, uno de los proponentes de la medida. “No podemos seguir permitiendo un sistema no regulado que penaliza a los vendedores que trabajan duro, en su mayoría inmigrantes, con posibles cargos por delitos criminales menores, particularmente en el ambiente político actual. Estas personas no están pidiendo nada gratis, están pidiendo una oportunidad para levantarse y proveer para sus familias, y animo a todos mis colegas del Concilio a darles la oportunidad que tan desesperadamente necesitan y merecen”.
UN LARGO CAMINO
La historia del esfuerzo para controlar la venta ambulante se remonta a 1974 cuando el Concilio aprobó por primera vez una ordenanza para prohibir las ventas callejeras, sólo para que el alcalde Tom Bradley vetara la medida. En enero de 1994, se promulgó la Ordenanza Especial del Distrito de Ventas de Acera para permitir la venta en ocho áreas pre-designadas de Los Ángeles como un programa piloto de dos años. Dos años más tarde, se abrió la posibilidad de crear estos distritos indefinidamente. Pero eso nunca llegó a buen término.
Hoy en día, unos 20,000 vendedores enriquecen las calles de la ciudad, vendiendo frutas frescas y mercancías en numerosas aceras y rincones. Pero mientras que Los Ángeles es un semillero de comida callejera, de las 10 ciudades más grandes del país, es la única que prohibía completamente la venta ambulante.
DEMANDAS
Esto ha generado quejas de los vendedores cuando los agentes de policía les confiscan sus mercancías y que les dan multas que cuestan cientos de dólares.
En 2015, una organización de vendedores ambulantes presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles y un distrito de mejoramiento de negocios por apropiarse y destruir ilegalmente de los carritos de los vendedores y otros objetos personales.
La demanda, presentada ante la corte federal por la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA), el Gremio Nacional de Abogados (NLG), la Fundación ACLU del Sur de California (ACLU SoCal) y el bufete Schonbrun, Seplow, Harris y Hoffman , afirmó que la práctica del LAPD era inconstitucional y viola el derecho de la cuarta enmienda de los vendedores de estar libre de incautaciones irrazonables y el derecho de la Enmienda 14 al debido proceso.
“Todos los días a los vendedores callejeros de Los Angeles se les confiscan y destruyen ilegalmente su propiedad duramente ganada”, dijo Cynthia Anderson Barker, abogada de la NLG en ese momento. “Son penalizados mientras luchan por mantener a sus familias. Esta demanda se centra en prácticas injustas de aplicación de la ley que empujan a estos miembros productivos de nuestra comunidad aún más a la pobreza “.
Doug Smith, un abogado con la organización Public Counsel, dijo que los vendedores contribuyen hasta $43 millones a la economía de Los Angeles, casi todos los cuales se gasta localmente. Se estima que cada vendedor ambulante gana un promedio de $10,000 al año. Clare Fox, Directora de Política e Innovación del Consejo de Política Alimentaria de Los Ángeles, también instó a Los Ángeles a seguir el ejemplo de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Portland, todas las cuales cuentan con leyes de venta ambulante.
Por ahora Gil dijo que ella ya respira mejor y que el próximo domingo saldrá a vender con mucha más confianza.
Y contrariamente a lo que afirman las pequeñas empresas de que los vendedores callejeros suponen una competencia desleal, Gil dice que en última instancia es el cliente quien decide.
“Es la persona que decide de quién quieren comprar, no interferimos mucho en sus ventas”, señaló.