SAN SALVADOR (AP) — El ministerio Público de El Salvador incautó 12 propiedades y cinco cuentas bancarias del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y de su esposa en un proceso para determinar el origen de los fondos, ya que hay indicios de que el parlamentario tuvo un crecimiento patrimonial no justificado.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, procedió el lunes al embargo de los bienes de López Cardoza y de su pareja, Alma Yaneth Gutiérrez, ubicadas en varias parte del país, luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontrara irregularidades en la declaración patrimonial del diputado por más de 806,000 dólares y se ordenara la investigación.
El ministerio Público explicó en un comunicado de prensa que este proceso es diferente al que se recientemente se llevó a cabo en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, donde López Cardoza fue declarado no responsable de posible enriquecimiento ilícito por 1,6 millones de dólares.
Sin embargo, en aquel momento su esposa si fue responsabilizada por el mismo delito por 78,000 dólares y tendrá que devolver el dinero al Estado. Además, fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por un periodo de diez años.
Según el ministerio Público, las propiedades están valoradas en 230,000 dólares y en las cinco cuentas bancarias se han inmovilizado 105,000 dólares.
Se argumentó que las medidas cautelares en los bienes del legislador y de su esposa “garantizan que el juicio llegue a un buen término, es decir, que las propiedades no sean trasferidas a terceras personas y que finalmente pasen a favor del Estado”, señala el informe oficial.
Entretanto, el diputado reaccionó de inmediato en redes sociales y calificó el hecho como una “persecución política”. Luego agregó: “les informó que ni a mi propia casa puedo entrar, ni sacar ropa, me echaron a la calle, menos mal que soy diputado, ¿qué le harán a la gente que no tiene un cargo público?”.
López Cardoza, es el primer diputado en funciones que es investigado y juzgado por enriquecimiento ilícito luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema encontrara irregularidades en las declaraciones de su patrimonio.