Parece que los residentes del Condado de Los Ángeles van a pagar un poco más para sus compras.

La Medida H, que impondría un aumento de un cuarto de centavo al impuesto de ventas para financiar programas a personas sin hogar, apenas superó el umbral de dos tercios necesario para ser aprobada.

La medida, respaldada por el Alcalde de Los Ángeles y todos los otros políticos a nivel del Condado, recibió 67.44% de los votos.

Aproximadamente 47,000 hombres, mujeres y niños no tienen un techo en el Condado de Los Ángeles y el dinero recaudado por el incremento al impuesto sobre las ventas – que se estima generará $355 millones anualmente por los próximos 10 años – irían a pagar vales de alquiler temporal, así como programas de adicción, médicos de salud mental para los indigentes.

Los partidarios dicen que la medida es compatible con la HHH, la propuesta aprobada en Noviembre por los votantes de la ciudad de Los Angeles que pretendía aumentar los impuestos a la propiedad para financiar la construcción de viviendas para personas sin hogar.

La Supervisora Janice Hahn dijo recientemente que el aumento al impuesto de venta en la Medida H representa unos 10 centavos extra al comprar un suéter de $40 y un dólar en un televisor de $400.

Los opositores de la medida argumentaron que el aumento de los impuestos no hace una diferencia en la eliminación de la falta de vivienda en Los Angeles o el número de desamparados, y que los impuestos ya son demasiado altos.

La Medida S

La que no paso fue la Medida S, que habría puesto una moratoria de dos años en la construcción de edificios de apartamentos en Los Ángeles.

Un total de 68.85% (171,831) de los de votantes rechazó la propuesta, que sólo recibió la aprobación del 31.15% (77,748).

Repudiada por los sindicatos y la mayoría de los políticos locales, la medida fue un tema largamente debatido que intentó limitar por dos años las construcciones de edificios mientras que la ciudad actualiza su Plan General y los planes comunitarios que guían el desarrollo en los barrios. También querían más transparencia en la forma en que los proyectos urbanísticos son aprobados en el Ayuntamiento, argumentando que existe un clima de “pago-por-jugar” donde los grandes constructores que contribuyen con dinero a las campañas políticas de los funcionarios públicos luego reciben aprobación para sus peticiones de cambio de zonas en los lugares donde planean construir.  

Los sindicatos y otros que se opusieron a la medida dijeron que ésta afectaría aún más la crisis de falta de vivienda en la ciudad y le costaría miles de trabajadores a los empleados de la construcción.