COLOMBIA

Prorrogan fecha límite para desarme rebelde

El gobierno de Colombia prorrogará por 20 días la fecha límite para que los rebeldes entreguen sus armas como parte de un acuerdo de paz, dijo el lunes el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario anunció la decisión en un mensaje por televisión difundido por la noche, y dijo que fue tomada conjuntamente con las FARC y la ONU. Como parte del acuerdo que puso fin a medio siglo de hostilidades, la fase de desarme habría de concluir el martes. Pero el proceso se ha dilatado por demoras de logística en cuanto al establecimiento de los campamentos donde están concentrados 7,000 rebeldes y por la creciente preocupación de las FARC sobre la capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos. Santos dijo que como parte del nuevo cronograma para el desarme, los campamentos rebeldes que se suponía se desmantelarían pronto seguirán funcionando bajo supervisión de la ONU hasta agosto. 

 

EL SALVADOR

Jesuitas salvadoreños perdonan a militar y piden liberarlo

La comunidad jesuita de El Salvador pidió conmutar la pena del coronel Guillermo Benavides, preso por su participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en noviembre de 1989. Benavides fue sentenciado a 30 años de prisión, de los que le resta cumplir 26. El coronel Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados. Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero luego quedaron en libertad gracias a una amnistía decretada por el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre. Benavides había sido favorecido y sobreseído con la aprobación de la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declara inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó a la cárcel. El padre José Maria Tojeira, que dirige el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), dijo que tienen varias razones para solicitar la conmutación del militar: “Nos consta de modo indirecto, pero nos consta su arrepentimiento y su reconocimiento del error”. Y agregó que el militar de 74 años, “ya no representa un peligro para el público salvadoreño”. Tojeira afirmó que también están convencidos de que los autores intelectuales que dieron la orden de matar a los sacerdotes jesuitas quedaron libres y que Benavides “es un chivo expiatorio. Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de su casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

 

GUATEMALA

40 años de cárcel para asesino de periodista

Un tribunal guatemalteco condenó el martes a un hombre a purgar 40 años de prisión por el asesinato del periodista Víctor Hugo Valdez Cardona, ocurrido en junio de 2016. Valdez Cardona recibió varios disparos de desconocidos que viajaban en motocicleta mientras caminaba junto su nieto la mañana del 7 de junio en el departamento de Chiquimula, unos 175 kilómetros al este de la capital guatemalteca. La fiscalía confirmó la condena de Byron Eduardo Felipe Morales, de 35 años, e informó que aún falta detener a otros involucrados en el caso. El periodista tenía 27 años de carrera en una televisora local y era médico de profesión. La fiscalía cree que el crimen se debió a la labor periodística de Valdez.

 

MÉXICO

Autoridades dicen apoyar a policía comunitaria

El gobierno del estado de Guerrero dijo que está de acuerdo con un grupo comunitario armado que estableció un punto de inspección en una carretera que conduce al turístico puerto de Acapulco. El vocero de seguridad del estado Roberto Álvarez señaló en un comunicado que las autoridades están listas para conversar con la policía comunitaria sobre sus preocupaciones. El portavoz dijo que aunque los policías comunitarios no tienen base jurídica para actuar, el gobierno discutiría sobre sus preocupaciones de seguridad. El área montañosa de este estado del sur de México ha sido asediada por bandas criminales dedicadas al comercio de drogas que compran producción local de opio y que han tratado de extorsionar a operaciones mineras. Aproximadamente 100 hombres, muchos de ellos armados con rifles de caza, establecieron el domingo un bloqueo y punto de revisión en la carretera. En Guerrero han surgido en el pasado otras policías comunitarias y grupos de vigilantes voluntarios.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *