CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El escándalo de espionaje en México contra periodistas y activistas de los derechos humanos se agravó el lunes, luego de que varios investigadores denunciaron que un grupo internacional de expertos enviados al país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fue blanco del espionaje de alta tecnología. 

Esos expertos respaldados por la Organización de Estados Americanos habían criticado la investigación del gobierno sobre la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de una escuela normal de maestros rurales en el sureño estado de Guerrero. Se trató de un caso políticamente delicado que avergonzó profundamente al gobierno mexicano. 

Las investigaciones anteriores hechas por el grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, una organización que monitorea la vigilancia por internet, encontraron que el spyware _un software especial que permite espiar a personas a través de sus celulares_ fue usado contra periodistas, activistas y políticos de la oposición en México. 

El hecho de que el spyware fuera utilizado contra expertos extranjeros que operan bajo la égida de un organismo internacional marca una escalada del escándalo, que hasta ahora involucraba a 19 individuos o grupos. Los expertos tenían un estatus diplomático, lo que hace del intento de espionaje un hecho más grave aún. 

“Hay que llegar al fondo de la cuestión, saber quién envió esos mensajes porque se pueden poner en riesgo a muchos contactos y fuentes” de información del grupo, expresó la exfiscal colombiana Angela Buitrago, miembro del grupo de expertos. Buitrago dijo que ella y otro experto, Carlos Beristáin, recibieron mensajes electrónicos engañosos con los que los ciberpiratas trataron de activar el spyware. Dijo que ella no los abrió. 

“Yo no lo abrí porque estoy acostumbrada al espionaje. Cuando una trabaja en fiscalía, en función pública, hay muchos mensajes extraños y se los pasabas a grupos que hacían el análisis”, dijo Buitrago. 

Un informe publicado el lunes por Citizen Lab encontró que alguien envió correos electrónicos con enlaces al spyware a los miembros del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA. 

El software espía de creación israelí se vende exclusivamente a gobiernos. El gobierno mexicano lo compró, pero no está claro todavía quién lo usó en México y para qué. 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, restó importancia la semana pasada a los señalamientos de que su gobierno fuera el responsable y prometió una investigación. Medios locales informaron que existen documentos que muestran que el gobierno mexicano compró los derechos para utilizar el sistema de espionaje. 

Arely Gómez, quien fue procuradora general en el momento en que ocurrieron algunos de los intentos de hackeo, dirige actualmente la agencia anticorrupción del país. El jueves dijo que su oficina tenía herramientas de inteligencia como cualquier otra procuraduría en México y en cualquier otro lugar del mundo. Dijo que durante su mandato esas herramientas se aplicaron siempre de acuerdo con el marco legal. 

Dicho software, conocido como Pegasus, es producido por la firma israelí NSO Group. La compañía dice que solo lo vende para su uso contra delincuentes y terroristas. El software convierte un celular en un dispositivo de espionaje y permite activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo su contenido almacenado. 

El programa de escucha se descarga y activa cuando un usuario es engañado por un mensaje de correo electrónico enviado para despertar su interés y hace clic en un enlace. 

Citizen Lab dijo que los intentos de spyware contra los expertos internacionales ocurrieron en marzo de 2016, cuando el grupo estaba preparando su informe final acerca de la investigación del gobierno sobre las desapariciones. 

“En marzo de 2016, un teléfono del GIEI recibió dos mensajes diseñados para engañar al receptor a fin de que hiciera clic en ellos. Los dos mensajes se referían a la supuesta muerte de un familiar”, informó el grupo. No quedó claro si el enlace fue abierto o si los teléfonos quedaron a merced del programa espía. 

Los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero fueron detenidos por la policía local en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014 y fueron entregados a una banda criminal. Después de una investigación inicial, el gobierno dijo que había determinado la “verdad histórica”: que todos los estudiantes fueron asesinados y que sus cuerpos fueron primero incinerados en un vertedero y luego arrojados a un río. 

Sin embargo, solo se han identificado los restos de un estudiante y se detectó parte de ADN de otro. Los expertos criticaron las conclusiones del gobierno, diciendo que no había evidencia de un incendio lo suficientemente grande como para incinerar los cuerpos y que los investigadores del gobierno no habían examinado otras pruebas. 

Citizen Lab dijo que encontró similitudes en la redacción de los mensajes o con el número de teléfono del remitente con un ataque previo de spyware. En un reporte del 19 de junio, el grupo dijo que al menos 76 mensajes de texto con spyware fueron enviados a 12 destacados activistas y periodistas. Los afectados estaban investigando al gobierno o son muy críticos de éste y algunos habían denunciado casos de corrupción. 

Varias figuras del opositor Partido Acción Nacional también fueron blanco de los ataques. 

Los investigadores dijeron que no tenían pruebas concluyentes de la participación del gobierno en los ataques, pero John Scott-Railton, miembro de Citizen Lab, dijo que el caso de Acción Nacional deja muy en claro que el spyware “ha sido utilizado amplia y temerariamente contra un sector de la sociedad civil y política mexicana. Una vez más vemos que el software espía ‘exclusivo para uso de gobiernos’ está siendo usado para fines aparentemente políticos”.

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