El Concejal Jaime Soto le ha costado a la Ciudad de San Fernando más de $100,000 en demandas.
El primero fue por violar el Brown Act, que le costó a la ciudad $32,500, y más recientemente por la demanda de acoso sexual presentada por su ex comisionada, Yolanda Haro, que terminó en un acuerdo de $62,500, sin incluir los honorarios del abogado.
Para poder lidiar con las travesuras de Soto, la Ciudad contrató una firma de abogados especializada en ley laboral, Mccune & Harber, LLP. La firma recomendó llegar a este acuerdo opinando que le habría costado a la Ciudad mucho más dinero continuar con el litigio.
Soto, sin embargo, en vez de tomar responsabilidad por estos actos al compartir información de puerta cerrada o enviar mensajes de texto inapropiados sobre su comisionada y luego despedirla cuando ella lo confrontó, ha continuado fanfarroneando y siendo una interrupción negativa para los negocios municipales durante las sesiones del concejo.
Soto ha usado la Alcaldía como su escenario personal, desviando sus acciones y enojando hasta el alma más paciente que asiste a las reuniones del concilio al lanzarse en diatribas egotísticas ante cualquier micrófono al que pueda acercarse.
Soto utilizó la reunión del concilio más reciente en todo un espectáculo, abandonando su asiento en la junta para hablar desde los micrófonos de comentarios públicos que se reservan para que los residentes se dirijan al Concilio.
Fue ahí que tocó un nuevo fondo, probablemente en la historia de la Ciudad.
Soto, al enojarse porque la Ciudad había llegado a un acuerdo con Haro, llamó “corruptos” a los demás miembros del Concilio y sobre pasó las profundidades de la civilitud al llamar “cobarde” al Abogado Municipal Rick Olivarez. Fue sorprendente escucharlo proclamar que el abuelo de Olivarez, el Congresista Edward Roybal, estaría “avergonzado” de él.
Roybal, el ex congresista conocido como “el Abuelo de la política chicana”, es uno de los políticos más respetados y que fue una voz consistente en favor de los pobres y creó el camino a nivel nacional impulsando leyes que mejoraron la vida en las comunidades mexicoamericanas. El abrió la puerta y creó el camino para el liderazgo latino.
Roybal fue miembro del Concilio Municipal de Los Angeles por 13 años, empezando en 1949, y fue elegido a la Cámara de Representantes donde sirvió por 30 años. Sus logros son legendarios.
La madre de Olivarez, la Congresista Lucille Roybal Allard, siguió los pasos de su padre y también ha ganado un tremendo respeto por su liderazgo en Washington D.C.
El comentario de Soto en la Sala del Concilio fue mucho más de lo que pudo aguantar la Alcaldesa Sylvia Ballin, quien rompió protocolo para decir que Olivarez era un “caballero, y alguien de quien Soto podría aprender mucho”.
En su ataque represible contra Olivarez, Soto no dijo que el Abogado Municipal no estuvo directamente involucrado con la decisión sobre la demanda de Haro.
La firma de abogados encargada de ese caso fue la de McCune & Harber LLP, contratada por la Ciudad por su experiencia sobre el acoso sexual en el trabajo. Fue su recomendación la que guió a la Ciudad para que llegara a un acuerdo con Haro. Una demanda que no habría existido si Soto se hubiera comportado de manera profesional en vez de hacer comentarios inapropiados acerca de su preferencia en cuanto a la proporción en el cuerpo de sus comisionados.
Pero Soto lanza aire vacío y no le importa la verdad. Esta demasiado ocupado generando odio y miedo, y aprovechándose en especial de residentes que solo hablan español y cualquiera que lo apoye. Ya está en campaña de reelección para el próximo año, organizando una serie de reuniones comunitarias y otros eventos.
Es momento que los buenos habitantes de San Fernando digan que ya es “suficiente”, y que los otros concejales censuren a Soto.