BOLIVIA

Paro de galenos deja a miles sin servicio médico

Miles de pacientes en Bolivia se encuentran sin atención médica desde hace 20 días por un paro de galenos en rechazo a una reforma legal que analiza el Legislativo y que endurece las penas por mala praxis. Toda la red pública de hospitales y centros de salud están paralizados y sólo se realizan atenciones y cirugías de emergencia. El lunes anunciaron su adhesión a la protesta las clínicas y consultorios privados por dos días, informó el Colegio Médico. El fin de semana fracasó otro intento de negociación entre el gobierno, los legisladores y el gremio de médicos, que anunciaron que volverán a protestar en las calles. El nuevo Código Penal que analiza el Legislativo eleva las penas de cárcel hasta seis años, la suspensión del ejercicio médico y obliga al resarcimiento de daños en los casos probados de “imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de protocolos, reglamentos o deberes inherentes al ejercicio” médico. Además, el gremio de médicos se opone a la creación de un organismo estatal de fiscalización del sector. Los galenos afirman que la reforma penal los coloca en una situación de “indefensión” sobre todo en los hospitales públicos donde hay grandes carencias en cuanto a equipamiento. No obstante, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que la reforma penal no se modificará. La protesta ha puesto en el debate el estado de la salud pública en Bolivia. Un informe publicado en mayo por la revista británica especializada The Lancet sobre acceso y calidad sanitaria en 195 países colocó a Bolivia en los peldaños más bajos en el continente junto a Ecuador, Paraguay, Guatemala y Honduras. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en un informe de octubre que los servicios de salud en Bolivia mejoraron en un 20%, “cinco veces más que la región, que reportó 4% de crecimiento” hasta 2016, según dijo el representante de esa organización en el país, Fernando Leanes.

 

HONDURAS

Acusan a 5 diputados de desviar fondos públicos

Autoridades hondureñas acusaron el lunes a cinco diputados de desviar fondos públicos a través de una organización no gubernamental para la que solicitaban dinero supuestamente destinado a proyectos sociales. El fiscal general de Honduras, Óscar Armando Chinchilla, y el jefe de la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país, Juan Jiménez Mayor, informaron el lunes que el caso se remonta a finales de 2015. A finales de ese año, dijeron, más de 360,000 dólares fueron transferidos del Ministerio de Finanzas y el Congreso a una ONG de proyectos comunitarios que nunca se materializaron. Sin embargo, documentos bancarios muestran que la organización extendía cheques que eran depositados en las cuentas personales de los diputados.  Las autoridades han pedido a la Corte Suprema que cese a los implicados de sus labores legislativas y pida su detención, una facultad que tiene el máximo tribunal. Cuatro de los acusados eran miembros del Partido Libre y otro del Partido Democristiano. Todos, menos uno, cambiaron de agrupación. Héctor Enrique Padilla Hernandez y Audelia Rodríguez Rodríguez fueron electos como diputados de Libre y ahora forman parte de la agrupación Vamos. El primero supuestamente se llevó 11,230 dólares y ella 15,240. Augusto Domingo Cruz Asensio, era democristiano y ahora está también en Vamos. Supuestamente robó 11,430 dólares.  Dennys Antonio Sánchez Fernández, de Libre y ahora con un escaño por el Partido Liberal, presuntamente recibió 19,051 dólares, la misma cantidad de Eleazar Alexander Juárez Sarabia, el único diputado que no ha cambiado de partido y sigue en Libre. La OEA instaló en abril de 2016 la llamada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, conocida por sus siglas MACCIH. 

 

MÉXICO

Presidente comete tropezón gramatical

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue objeto de burlas en internet tras cometer un error gramatical elemental que su oficina corrigió en una transcripción de sus declaraciones. En un discurso en París en la sede de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Peña Nieto usó un pasado participio incorrecto usado ocasionalmente por niños. El presidente dijo “volvido” en lugar de “vuelto”, al declarar que México se ha vuelto un ejemplo debido a sus reformas. Una transcripción emitida más tarde por su oficina corrigió el error. Usuarios en Twitter se burlaron el martes del mandatario, diciendo que había “volvido” a cometer errores. Peña Nieto ha trastabillado verbalmente en ocasiones anteriores, con malas pronunciaciones en inglés y pasando trabajos para nombrar tres libros que habían influenciado su vida.

 

VENEZUELA

Estadounidense encarcelado por armas irá a juicio

Una jueza venezolana ordenó el martes que un presidiario estadounidense sea enjuiciado por cargos relacionados con armas, lo que acabó con las esperanzas de su familia en Utah de que sea liberado a tiempo para acompañarlos en Navidad. La decisión tomada durante una audiencia preliminar, a la que no se le permitió el acceso al máximo diplomático de la embajada estadounidense, se da casi 18 meses después del arresto de Joshua Holt. También ocurrió un día después de que la madre del acusado dio a conocer una grabación de audio en la que se escucha a su hijo quejándose de la falta de atención médica. Holt, de 25 años, viajó en 2016 a Venezuela para casarse con una mujer mormona que conoció por internet, y pocos meses después la policía arrestó a la pareja en su apartamento de Caracas por supuesto acopio de armas. La decisión de la jueza Ana María Gamuza de presentar cargos formales en contra de Holt y su esposa, Thamara Candelo, se tomó casi dos meses después de que escuchó los argumentos a favor y en contra de su encarcelamiento, otra demora en el proceso que Washington cita como evidencia de que el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro ha politizado el caso en represalia por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Holt y Candelo se encuentran detenidos en El Helicoide, una prisión en forma espiral ubicada en Caracas, en donde se encuentran encarcelados algunos de los enemigos políticos más importantes de Maduro. En un extraño giro en el caso, la defensa legal de Holt corre por cuenta de un acaudalado venezolano de la industria naviera que tiene estrechos vínculos con el gobierno de Maduro. El mismo empresario, Wilmer Ruperti, financia la defensa de los dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron acusados de narcotráfico en Estados Unidos y enjuiciados en un caso con enormes implicaciones políticas.