COLOMBIA

Cartel anuncia cese unilateral de ataques armados

La principal red de narcotráfico y crimen organizado de Colombia, el Clan del Golfo, anunció un cese unilateral de los ataques contra las autoridades. El grupo señaló en un comunicado publicado en su página de internet que “los colombianos merecemos la oportunidad por primera vez en la historia de vivir en adelante sin las zozobras del conflicto armado… Por esta razón declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a partir del 13 de diciembre”. La misiva no aclaró hasta cuándo se mantendrá el cese. En un acto público en la ciudad de Medellín el presidente Juan Manuel Santos celebró el anuncio y sostuvo que “cualquier acto de disminuir la violencia en este país es bienvenido, pero eso no quiere decir que vamos a cesar nuestra presión contra esa organización”. Agregó que “si esa organización quiere someterse a la justicia bienvenida sea, pero mientras tanto las órdenes son perseverar y seguir persiguiendo a estos delincuentes con toda la contundencia que tienen nuestras fuerzas armadas”. El Clan del Golfo está liderado por Dairo Antonio Usuga, alias “Otoniel”. El cártel más importante y temido en Colombia surgió hace unos 10 años cuando muchos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia no quisieron acogerse a una desmovilización propuesta por el gobierno de entonces. Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de “Otoniel”. Las autoridades colombianas han combatido fuertemente al Clan del Golfo y en los últimos meses han muerto en enfrentamientos los principales líderes del cartel. Desde hace más de dos años, según Santos, han sido capturados unos 1,500 miembros de esta red a quienes se les han decomisado más de 100 toneladas de cocaína y decenas de bienes producto del narcotráfico y de extorsiones y hurtos.

 

EL SALVADOR

Reabren investigación sobre masacre de 1982

Un juez reabrió la investigación de una masacre en 1982 en El Salvador y en la cual murieron más de 200 campesinos durante un operativo antiguerrillero encabezado por fuerzas de élite del ejército. En cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, un juzgado del departamento de San Vicente, informó que ordenó abrir el caso conocido como la masacre de El Calabozo para que se investigue a los responsables de diversos delitos, incluidos asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, robo y privación de libertad. Los familiares de las víctimas presentaron hace 11 años una acusación formal contra miembros de la fuerza armada salvadoreña, pero la acusación no prosperó por la negativa del tribunal y el juicio fue archivado. En 2016, sin embargo, la Corte Suprema permitió reabrir el caso luego de que se declaró inconstitucional una ley de amnistía que protegía a los presuntos responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil. La matanza ocurrió el 22 de agosto de 1982, en El Calabozo, un paraje rural del municipio de San Estaban Catarina, durante una operación encabezado por el batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia. La fuerza armada desarrollaba un extenso operativo en la zona en la que participaron unidades de infantería, artillería y fuerza aérea. Los soldados que llegaron a esta zona buscaban unidades guerrilleras y capturaron a más de 200 campesinos, hombres, mujeres y niños, que después asesinaron, según documentó una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. De acuerdo con la investigación de esa comisión, las víctimas habían llegado al lugar desde diversas procedencias. Todos huían de un operativo militar antiguerrillero que había iniciado tres días antes en lugares aledaños. En sus conclusiones, la Comisión de Naciones Unidas afirma que existen pruebas suficientes que “efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresados sin resistencia”. Sin embargo, a pesar del informe de la Comisión, las autoridades negaron los hechos. 

 

MÉXICO

EEUU y México intercambian acusaciones por el narcotráfico

El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que los cárteles mexicanos del narcotráfico están montando más laboratorios para producir el letal opioide fentanilo, mientras que México acusó a Estados Unidos de desviar intencionalmente las drogas sudamericanas hacia territorio mexicano. Sessions habló en la reunión Diálogo Estratégico sobre Desarticulación de Organizaciones Delictivas Transnacionales en Washington. “El fentanilo… originalmente inició principalmente desde China. Está siendo enviado por correo directamente hacia Estados Unidos”, afirmó Sessions. “Una cantidad considerable ha sido enviada a México y luego ingresa a través de la frontera de alguna forma desde México”. “Estamos viendo también sustancias químicas precursoras en México y laboratorios de manufactura que empiezan a desarrollarse en México. Así que una de las prioridades que me gustaría ver que hagamos es eliminar eso de raíz antes de que crezca, mantenerse enfocados en esos laboratorios, y asegurarnos de que no se conviertan en un gran problema en el futuro”. Posteriormente, el gobierno mexicano afirmó en una carta dirigida a un funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas que Estados Unidos ha tomado una decisión consciente “_vigente desde hace 20 años y reconocida por sus propias autoridades_ de desviar hacia nuestro territorio el flujo de drogas ilícitas procedentes del sur del continente”. La misiva a Zeid Ra’ad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, no ofreció ninguna explicación adicional sobre la presunta política de Estados Unidos. La embajada estadounidense en México no ha respondido a una solicitud de comentarios. El objetivo de la reunión en Washington era incrementar la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico. Estados Unidos se comprometió a compartir expedientes criminales, las posibles vinculaciones con grupos delictivos y la información biométrica de la gente deportada a México que los tuviera.

 

VENEZUELA

18 años de cárcel a sobrinos de primera dama 

Dos sobrinos de la primera dama de Venezuela fueron sentenciados a 18 años de cárcel luego de ser declarados culpables de asociación delictuosa para traficar drogas, por un juez que indicó que se les concedió indulgencia debido a su ineptitud en sus actividades delictivas y a su falta de antecedentes penales. El juez federal estadounidense Paul Crotty dijo que Efraín Campo Flores y su primo, Franqui Francisco Flores de Freitas, “no eran los narcotraficantes más astutos que han existido. La empresa era demasiado para ellos”. A pesar de ello, agregó, en 2015 hicieron planes para sacar provecho de sus contactos políticos con el fin de hacer que el vuelo de un avión privado cargado de drogas de Venezuela a Honduras pareciera legítimo. Además de la sentencia de cárcel, el juez también les impuso multas de 50,000 dólares. Campo, de 31 años, y Flores, de 33, son sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores. En noviembre de 2016 un jurado los declaró culpables de asociación delictiva para importar más de 1,700 libras de cocaína a Estados Unidos y otros cargos que conllevaban una posible condena a cadena perpetua. El fiscal Emil Bove solicitó una sentencia a 30 años, con el argumento de que los hombres intentaban ganar millones de dólares con la droga para ayudar a financiar una campaña política con el fin de mantener a su familia en el poder, en un país donde sus líderes tienen la reputación de “encarcelar” a los que se les oponen. Los abogados defensores solicitaron condenas no mayores a 10 años, porque los hombres eran novatos en el narcotráfico y de hecho no transportaron drogas. Ambos acusados se disculparon antes de que se anunciara la sentencia.

 

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