Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP

La política de inmigración de Estados Unidos bajo el Presidente Donald Trump se ha convertido en uno de los temas candentes más divisivos del país. Como prioridad máxima, que comenzó con su campaña presidencial, Trump ha prometido en repetidas ocasiones deportar a millones de inmigrantes indocumentados y construir un muro a lo largo de la frontera con México. La postura de Trump ha incluido comentarios racistas desde el principio refiriéndose a México y a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores y denunció inmigrantes provenientes de  “países de mierda”.

Apenas días después de tomar el poder, él también firmó una orden ejecutiva que permite que la mayoría de los inmigrantes indocumentados sean una prioridad para la deportación. Esta orden lanzó a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles (LASD) en acción para buscar agresivamente a cualquier persona cuya ciudadanía pueda ser cuestionada.

Este fue el caso del entrenador de football infantil de Sylmar, Raymond Torres, quien fue rastreado y recientemente arrestado por funcionarios de ICE después de dejar a su hijo en la escuela. Torres — cuya familia lo trajó a los Estados Unidos a la edad de 2 años y que creció en el Valle de San Fernando pero no es un ciudadano — fue liberado bajo fianza, pero todavía está amenazado con ser deportado.

Sin embargo, una demanda exitosa presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) puede tener, al menos temporalmente, un efecto de congelamiento en estos esfuerzos, y puede obligarlos a cambiar sus tácticas.  

Un juez federal ha dictaminado a favor del ACLU del Sur de California que proporcionó pruebas de que tanto ICE como el LASD han detenido ilegalmente a miles de presuntos inmigrantes y les han negado la fianza, incluso por delitos menores en base a solicitudes inconstitucionales de ICE conocidas como “immigration detainers”, según los documentos de la corte obtenidos por City News Service.

El fallo del 7 de Febrero emitido por el juez de distrito de los Estados Unidos, Andre Birotte Jr., que permitirá a las personas afectadas buscar tanto los derechos de amparo como los daños monetarios como resultado de dos querellas presentadas por la Fundación del ACLU y otros grupos de derecho civil.

“La decisión de la corte reivindica los años de trabajo de la comunidad inmigrante de Los Angeles para desafiar los abusos del Departamento del Sheriff y pone un obstáculo importante en la máquina de deportación de la administración de Trump”, dijo Jessica banal, Directora de Litigios de la Red Nacional de Jornalero, después que Birotte anunciara su decisión.

“Junto con la recientemente promulgada California Values Act (Ley de valores de California), esta decisión es una prueba de que el enfoque de Trump sobre los inmigrantes se enfrenta a una oposición rígida — y efectiva — en las calles, las legislaturas estatales y los tribunales”.

La decisión de la corte se basa en dos demandas separadas: Roy v. County of Los Angeles, y Gonzalez v. ICE

El fallo de Birotte sostiene que el Departamento del Sheriff es responsable de violar los derechos de la cuarta enmienda de miles de reclusos que detuvo sin causa probable de ningún delito, incluyendo algunos que fueron retenidos por días después de haber sido liberados.

También sostiene que el Departamento encarceló inconstitucionalmente a miles de personas con bajos montos de fianza que ni siquiera habrían sido encarcelados si no fuera por inconstitucionales detenidos de inmigración.

Los miembros de ambas demandas pueden tener derecho a daños monetarios, según los documentos de la corte.

“Durante años, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles, la mayor agencia de aplicación de la ley en los Estados Unidos, negó cruelmente a los inmigrantes protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los demás detenidos encarcelados — injustificadamente los mantiene sin causa como prisioneros”, dijo la abogada de derechos civiles de Lindsay Battles.

“Esta decisión hace que las agencias de la ley rindan cuentas por su abuso de su autoridad anti-inmigrante”.

La corte también dictaminó que la práctica de ICE de emitir “detainers” (retenciones) basándose en evidencias del lugar de nacimiento extranjero de una persona y ninguna otra información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona viola la cuarta enmienda. También sostiene que su práctica de emitir “detainers” sin obtener una orden administrativa viola su propia autoridad de detención estatutaria.

La decisión da derecho a una clase nacional de personas que actualmente están sujetas a retenciones de inmigración a tener alivio de sus retenciones. Además, la corte constató que las cuestiones fácticas sobre ciertas prácticas de ICE y LASD relacionadas con los detenidos requerirían un juicio. Aún no se ha fijado ninguna fecha en el caso.

El cineasta británico Duncan Roy presentó una demanda en Octubre de 2012, alegando que pasó casi tres meses en las cárceles del Condado de Los Angeles sin la oportunidad de pagar la fianza. 

“Esta decisión es una victoria para los derechos constitucionales tanto de los ciudadanos como de los no ciudadanos por igual que durante años han sido objeto de arresto y detención ilegales debido a las solicitudes de inmigración de ICE”, dijo Jennie Pasquarella, Directora de Derechos de los Inmigrantes y Abogada Senior del ACLU del Sur de California.

“A medida que el debate de la muy polémica ‘ciudad Santuario’ continúa, esta decisión aclara aún más que las retenciones migratorias en el centro de ese debate son ilegales y que los policías que los realizan violan la Constitución”.