LA HABANA (AP) – En 2008, Raúl Castro se hizo cargo de un país en el que poca gente tenía computadoras o celulares, del que sus ciudadanos sólo podían salir al extranjero con un permiso especial y era difícil para cualquiera iniciar un negocio propio.
Una década después, sólo basta caminar por las calles de Cuba para ver el cambio dramático operado: hay miles de pequeños comercios, cafeterías, casas para alojar turistas, carteles de venta de viviendas y ofertas de productos del agro para beneficiarios de tierras en usufructo, mientras millones de personas se comunican con familiares y amigos en el exterior mediante un sistema de wifi público, limitado pero accesible.
Además, desde que el mandatario cubano y su colega Barack Obama restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, una parte no especificada de la deuda externa de la isla fue condonada o reestructurada y el número de turistas se duplicó hasta alcanzar unos cinco millones de visitantes al año.
Castro será recordado porque se atrevió a romper el estigma de la iniciativa privada como incompatible con el sistema socialista cubano y permitió a partir del 2010 un incipiente mercado laboral independiente del Estado, que en tiempos de su hermano el fallecido Fidel hubiera sido impensable.
Aunque visiblemente los cambios son muchos, algunos de ellos parecen detenidos desde hace unos meses. Otros fueron menores a lo que se esperaba: la empresa pequeña y mediana, por ejemplo, no se legalizó; sigue sin abrirse un verdadero mercado mayorista, los emprendedores no cuentan con facilidades y la entrega de algunas licencias se congelaron en agosto a la espera de nuevas regulaciones para el sector no estatal que nadie sabe a ciencia cierta en qué consistirán.
“Económicamente hemos levantado”, dijo Yanelis García, una madre de tres hijos que en los últimos años comenzó a ahorrar dinero con la cría de cerdos hasta construir un hostal de seis habitaciones en la ciudad de Santa Clara.
García y los otros emprendedores deben conseguir sus insumos en los mercados minoristas estatales de los que también se surte la población, generando para ella gastos adicionales y para las personas desabasto provocado por los pequeños empresarios que suelen arrasar con la mercancía, sobre todo bebidas y alimentos.
Pero, animada por el crecimiento que vislumbró, García incluso pidió y obtuvo a inicios del año pasado un crédito bancario, y comenzó a construir un bar en su azotea. Ahora, sin embargo, prefiere no terminarlo ante el temor de las nuevas regulaciones prometidas, las cuales podrían ser más restrictivas, según algunos indicios gubernamentales.
En diciembre pasado el vicepresidente Marino Murillo dejó entrever que solo se permitirá una licencia por persona, por lo que personas como García se verían imposibilitadas de rentar habituaciones y tener un bar.
Y aunque es indudable la incipiente apertura a la iniciativa privada, la realidad es que el Estado aún centraliza buena parte de las actividades económicas: todavía emplea a tres de cuatro personas en la isla y los salarios gubernamentales son bajos, equivalente a unos 30 dólares mensuales, por lo que muchos trabajadores desvían mercancías bajo su cuidado para revenderlas en el mercado negro, mientras que familias enteras viven de las remesas que les envían sobre todo desde Estados Unidos y Europa.
La enorme burocracia muchas veces siente que los cambios que benefician a unos 600,000 emprendedores –en un mercado laboral con una población económicamente activa de 4,6 millones– ponen en riego sus privilegios, pues los nuevos “empresarios” suelen competir con los servicios que antes prestaba el Estado.
Tras caer en recesión de 2016, el crecimiento de la isla en 2017 fue de apenas 1.6% el año pasado. Mientras, miles de profesionales altamente cualificados abandonan la isla cada año, con lo cual quedan cada vez más ancianos que generan nuevos desafíos sociales y de salud en una economía pobre.
En lo político, Cuba continúa teniendo un modelo de partido único –que no parece destinado a cambiar en lo inmediato– con un fuerte control sobre las organizaciones sociales y poca tolerancia a los grupos disidentes que no tienen estatus legal, a los cuales las autoridades califican de “mercenarios” al servicio de grupos de interés en Estados Unidos y Europa con el objetivo de destruir a la revolución.
Los problemas que enfrentará el sucesor de Castro, que muchos creen será el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, son muchos y profundos.
Está el deshacer el complejo sistema de dos monedas que circula en el país y que hace que las mayoría de las personas deban pagar bienes en una (pesos convertibles) y reciban sus salarios en otra (peso cubano)
En los años 90 se creó el doble sistema y desde entonces circulan pesos cubanos -regularmente usado por los habitantes de la isla para cubrir parte de sus necesidades básicas – y convertibles -equivalente cada uno a 24 pesos cubanos- que suelen utilizar los extranjeros y la población para completar sus insumos familiares.
“Los precios no se corresponden con los salarios. Con 500 pesos (unos 20 dólares) no puedo comer, vestirme y vivir”, comentó la empleada Adela Arpejón. “O como y no me visto o no como”.
Como parte de sus reformas, Castro modificó la relación con la diáspora al permitir que los cubanos puedan salir sin permiso y quedarse dos años fuera del país sin perder sus derechos civiles y de seguridad social. Asimismo, ofreció facilidades para las repatriaciones.
El sucesor de Castro tendrá que manejar con cuidado la delicada relación con los emigrados en momentos en que las relaciones con Estados Unidos –donde vive la mayor comunidad de cubanos, unos dos millones– se encuentra en tensión, luego de que al asumir la presidencia Donald Trump se replanteara volver atrás en el acercamiento iniciado por Obama.