COLOMBIA

Capturan a 13 miembros del Clan de Golfo

Las autoridades colombianas capturaron a 13 miembros del Clan del Golfo, la principal red del narcotráfico colombiano, en una zona del departamento de Antioquia, al noroeste del país. Según escribió el Ministerio de la Defensa en su cuenta de Twitter, ocho de los detenidos tenían una orden judicial por homicidio y concierto para delinquir agravado y cinco por tráfico de drogas, armas y porte ilegal de las mismas. Ésta es una de las mayores capturas de miembros activos del Clan del Golfo en una misma zona en los dos últimos meses, se informó. Los capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía General. De acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, desde hace más de dos años han sido capturados más de 1,500 miembros de la red a quienes se les han decomisado cerca de 120 toneladas de cocaína y millones de dólares. El Clan del Golfo, liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, es el cártel más importante de Colombia y surgió hace unos diez años cuando muchos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia no quisieron acogerse a una desmovilización que propuso el gobierno. Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de Úsuga. Santos ha dicho en varias oportunidades que los integrantes del Clan del Golfo están sintiendo la presión de las acciones de las fuerzas de seguridad y que han dejado entrever que quieren someterse a la justicia. El mandatario también ha sostenido que, de hacerlo, la ley prevé algunos beneficios dependiendo de las condiciones a las que se sometan y qué entreguen a cambio. Quienes no lo hagan, advirtió el presidente, serán combatidos con toda la fuerza del Estado. 

 

ECUADOR

Corte autoriza a niña a llevar el apellido de dos madres

Tras seis años de una batalla legal que pasó por todas las instancias de la justicia ecuatoriana, la Corte Constitucional autorizó el martes a una niña a llevar legalmente los apellidos de sus dos madres inglesas. Cuando la pequeña Satya nació en 2011, no pudo ser inscrita en el Registro Civil donde todos los ecuatorianos deben requerir sus documentos de identidad, entre otras razones, porque en el formato legal solo había lugar para el nombre del padre y de la madre y no de dos madres. Desde entonces las extranjeras Nicola Susan Rothon y Helen Louise Bicknel, iniciaron juicios para reclamar su derecho y los fueron ganando consecutivamente hasta que al final la Corte Constitucional ordenó que Satya llevaran los apellidos de sus madres. La niña solo tenía nacionalidad inglesa, pero no la de su país de origen, Ecuador. La resolución también beneficiará a Arundel, de dos años, hermano menor de Satya, ambos concebidos por Bicknel mediante métodos de inseminación artificial. La resolución es de última instancia. Las dos ciudadanas inglesas viven en Ecuador desde 2007 y formalizaron su relación en 2010 mediante un recurso legal que protege a parejas del mismo género. La decisión fue acogida con entusiasmo por grupos y activistas de los derechos de homosexuales, transgéneros y bisexuales, entre otros. Una de las activistas más conocidas en el país, Pamela Troya, escribió en su cuenta de Twitter: “finalmente, la Corte Constitucional decide ponerse del lado correcto de la historia y falla a favor del caso Satya. Ahora Satya tendrá cédula ecuatoriana y llevará el apellido de sus dos mamás. Lloro de la emoción”.

 

MÉXICO

Gobernador: Narco contrata a exsoldados colombianos

Un grupo de la delincuencia organizada de México ha contratado a exsoldados de Colombia para que entrenen a los reclutas, afirmó el martes el gobernador del estado de Jalisco. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización de narcotraficantes que más rápido ha crecido en México, y es una de las más violentas, pues ha atacado directamente a la policía y al Ejército. El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval dijo que las búsquedas de campamentos de entrenamiento del cártel han proporcionado evidencia de que gente involucrada en guerra de guerrillas y con entrenamiento militar ha estado capacitando a sus miembros. Sandoval dijo que tales expertos también han venido de otros países. En 2005, el cártel de Los Zetas recurrió a los servicios de “kaibiles”, exsoldados de una unidad élite de contrainsurgencia guatemalteca, para entrenar a nuevos reclutas. 

 

VENEZUELA

Gobierno habría cometido crímenes de lesa humanidad

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que remitirá el informe de 400 páginas a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. En el informe que encomendó Almagro el año pasado, el argentino Santiago Cantón, el canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura documentaron 131 asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad o grupos civiles armados progubernamentales -conocidos como colectivos- durante las protestas callejeras ocurridas en 2014 y 2017. También se identificaron 8,292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015 y más de 12,000 detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales de 2013, incluyendo más de 1,300 presos políticos, producto de un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento de la población venezolana. A finales de 2017, los expertos realizaron cinco audiencias en la sede de la OEA en la que escucharon testimonios de 26 testigos. Además, recogieron documentos provenientes de víctimas, familiares de víctimas y más de 40 organizaciones no gubernamentales e internacionales. La misión venezolana ante la OEA calificó el informe como una “grotesca farsa mediática” cuyo objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro. Los tres expertos presentaron su informe tres meses después de que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciara la apertura de investigaciones preliminares sobre supuestos crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Venezuela. Las llamadas “pesquisas preliminares” son un primer paso hacia posibles investigaciones completas que podrían derivar en cargos ante la corte internacional. La Corte Penal Internacional, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Venezuela fue el primer país sudamericano en ratificar el Estatuto de Roma en diciembre de 2002.