AP

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal superior ordenó el martes que tres militares de alto rango sean procesados por intentar encubrir la tortura de dos jóvenes, delito por el que ocho soldados fueron condenados en 2017, informó la Fiscalía General de El Salvador. 

El Ministerio Público acusó a los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo, y al teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, de intentar encubrir la tortura de dos jóvenes en 2016, después de que el Juzgado Especializado de Instrucción “B” ordenó su libertad en febrero. Solano Cáceres fue nombrado recientemente como agregado militar de la embajada en Honduras, mientras que Iglesias Montalvo está destacado en el Estado Mayor de las fuerzas armadas. 

La jueza Lorena América Rodríguez, exoneró a los tres militares con el argumento de que se presentaron tarde las pruebas ante el Ministerio Público y que el período facultado para terminar con las escuchas telefónicas había expirado, violando así los tiempos autorizados. 

La Unidad Especializada contra El Crimen Organizado de la Fiscalía apeló la resolución de la jueza y ordenó una nueva audiencia, y se valoren nuevamente todos los elementos probatorios, incluyendo las intervenciones telefónicas. 

El tribunal estableció también que, con bases en las pruebas presentadas por la Fiscalía, existe la probabilidad de que los imputados crearan una estructura de crimen organizado. 

Según el juicio, los soldados fueron enviados a buscar a varios sujetos que habían ingresado por la fuerza a la casa de campo de un oficial de las fuerzas armadas, de donde habrían robado un arma de fuego, dinero y otras pertenencias. Los ocho militares, que fueron condenados a 14 años de prisión, alegaron que lo único que hicieron fue cumplir con las órdenes que presuntamente les dieron Solano Cáceres y Ascencio Sermeño. 

La Unidad Especializada Contra El Crimen Organizado abrió investigaciones luego de recibir varios reportes de que los militares estarían involucrados a una serie de irregularidades. 

Según las denuncias, los militares habrían intentado coaccionar a las víctimas para que se abstuviesen de declarar en su contra e intentaron sobornar a abogados, fiscales y empleados judiciales para que los soldados salieran libres. 

Entre las pruebas, la fiscalía presentó las escuchas telefónicas en las que supuestamente los militares aceptaban formar parte de un grupo que se dedicaba a las actividades de exterminio. Sin embargo, un juzgado desestimó las grabaciones y decidió que fueran procesados en libertad únicamente por el delito de agrupaciones ilícitas. 

Luego de la acusación contra los militares en febrero pasado, el alto mando de las fuerzas armadas negó la existencia de grupos de exterminio entre sus filas y acusó al Ministerio Público de abuso de poder.