MANAGUA (AP) — La policía nacional de Nicaragua y las fuerzas paramilitares afines al gobierno recuperaron el martes el control del simbólico barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya, al sureste de la capital, el lugar que se había convertido en epicentro de la resistencia contra el presidente Daniel Ortega desde hace casi tres meses.
Desde primera hora los grupos oficialistas empezaron a atacar a los opositores, que defendían los bloqueos viales y las barricadas levantadas desde mediados de abril, y por la tarde ya habían tomado control de Monimbó, el lugar donde los nicaragüenses se alzaron contra el dictador Anastasio Somoza a fines de la década de 1970 como parte de la revolución que abanderó, entre otros, el actual mandatario.
Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron a pobladores de Masaya escondidos tras barricadas levantadas con adoquines. Desde ellas jóvenes disparaban con morteros artesanales a las fuerzas oficialistas que avanzaban con armas de alto calibre.
Los enfrentamientos duraron horas hasta que, por la tarde, los grupos progubernamentales divulgaron videos en los que se veía a hombres de civil con los rostros cubiertos disparando al aire sus rifles semiautomáticos y celebrando la recuperación de Monimbó.
Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), confirmó la muerte de tres personas: un oficial de policía, una mujer alcanzada por dos disparos y un tercer ciudadano que estaba en las barricadas. Además, dijo que hay decenas de heridos que no pueden salir de Masaya porque los paramilitares mantienen sitiada la ciudad, por lo que urgió a que se habilitara un corredor humanitario.
Silvia, una integrante del movimiento de resistencia 19 de abril que no quiso dar su nombre completo por seguridad, intentaba ayudar a los heridos en una rústica clínica de emergencia mientras continuaban los disparos. “Necesitamos que haga algo la Organización de Estados Americanos, las organizaciones internacionales que paren esta matanza… Estamos luchando por la democracia, por la libertad”.
El nuncio apostólico Stanislaw Sommertag Waldemar, en una grabación divulgada en redes sociales, expresó la preocupación del papa Francisco por la “grave situación” que vive el país e hizo un llamamiento “a las conciencias de todos, para lograr una tregua y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional” con fin de buscar una salida a la crisis.
Las fuerzas oficialistas, que tachan a la oposición de delincuentes que pretenden llevar a cabo un golpe de Estado, querían recuperar el control de Masaya antes del jueves, cuando se cumplirán tres meses de inestabilidad y se conmemora el aniversario de la caída de Somoza en 1979 gracias a las fuerzas sandinistas.
La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, esposa de Ortega, incluso habló de “limpiar” Masaya y Monimbó de “golpistas… malignos, siniestros, diabólicos, satánicos y terroristas”.
El jefe de policía de Masaya hizo una declaración similar.
“La población de Masaya, la población del barrio Monimbó, nos ha pedido que los liberemos de los delincuentes y terroristas que los tienen atrapados con esos tranques de la muerte y nosotros vamos a hacerlo al costo que sea”, afirmó el lunes por la tarde el comisionado Ramón Avellán.
El analista político Oscar René Vargas dijo a The Associated Press que, para el gobierno “declarar libre” a Masaya para el 19 de julio “sería una victoria táctica, pero no estratégica porque la rebelión a lo interno se va a mantener, y a nivel internacional Ortega se seguirá mostrando como lo que es: un dictador que trata de imponerse a sangre y fuego”.
Las alertas del avance de las fuerzas oficialistas comenzaron el martes por la mañana por parte de Yubran Suazo, líder de la Resistencia Cívica de Masaya, a través de un audio de voz en las redes sociales.
“Nos están rodeando. Son enormes cantidades de paramilitares vestidos de camisa azul. Están por todas partes y nos van a caer con todo”, dijo.
Los grupos progubernamentales bloqueaban el martes el paso para evitar que la prensa entrara en la ciudad. Durante el fin de semana reprimieron y desalojaron a los estudiantes que se mantenían atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua.
El martes, desde Ginebra, el portavoz de la oficina de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville, urgió a parar la pérdida de vidas. “La violencia es todavía más horrible cuando los elementos armados leales al gobierno operan con el apoyo táctico o activo de la policía y otras autoridades”.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha contabilizado más de 350 muertos desde el 18 de abril, cuando iniciaron las protestas, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró una cifra de alrededor de 250.
El lunes la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó una ley contra el terrorismo que según denunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos podría usarse para criminalizar la protesta.
“El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, afirmó la oficina del Alto Comisionado en un comunicado.
La noche del martes, la cancillería nicaragüense emitió un comunicado en el que elevó “su más enérgica protesta” por este comentario que consideró una “burda manipulación” que “no contribuye en nada a crear el clima necesario para el diálogo”.
A juicio del gobierno, esa oficina se vuelve “cómplice de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo asesinando a nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar un gobierno constitucional”.
Sin embargo, analistas como Vargas comparten la visión de la ONU.
“Es obvio que lo que busca esa ley es legalizar la persecución de quienes decidan manifestarse o apoyar las manifestaciones en contra del gobierno”, señaló.
Nicaragua vive su peor crisis en 40 años. Las tensiones se originaron luego de que el gobierno de Ortega anunció recortes al seguro social pero aunque los cambios se revirtieron poco después, los estudiantes salieron a las calles y ocuparon la principal universidad del país para pedir la renuncia del presidente. Las manifestaciones y la inestabilidad se extendieron tras la violenta reacción policial.
Francisco Palmieri, un subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, urgió el martes a Ortega a detener los ataques a través de su cuenta oficial en Twitter: “La continua violencia y derramamiento de sangre promovidos por el gobierno en Nicaragua deben cesar inmediatamente. El mundo está observando”.