PEÑAS BLANCAS, Nicaragua (AP) — Miles de personas huyen de la violencia política y de las transgresiones a los derechos humanos en Nicaragua, luego de la violenta represión de las protestas contra el gobierno. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el martes a otros países ayudar a Costa Rica, que se ha visto abrumado por miles de solicitudes de asilo. 

Giulia Mortrones dijo que se había dirigido en autobús a la frontera con Costa Rica debido a que los estudiantes universitarios como ella se han convertido en un blanco de la policía nicaragüense. 

“Teníamos miedo de que nos llegara a pasar algo”, dijo Mortrones mientras esperaba en la localidad de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica. “Veníamos huyendo de ahí (Nicaragua), de la policía nacional, porque nos están siguiendo a todos los estudiantes”. 

La huida de nicaragüenses se ha intensificado durante las últimas semanas debido a que la policía y las fuerzas paramilitares del presidente Daniel Ortega han levantado las barricadas restantes que habían irrumpido el tránsito del país desde abril. 

En julio, las fuerzas paramilitares atacaron a los estudiantes que habían tomado la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, uno de los últimos bastiones de la oposición en Managua, la capital. Unos días después, la policía y civiles armados y enmascarados tomaron la localidad de Monimbó, en Masaya, ubicada a una hora al sur de la capital. 

Las personas que vigilaban las barricadas en sus vecindarios dijeron que los informantes del gobierno habían elaborado listas de quiénes eran los que estaban a cargo de ellas o las respaldaban. Ahora, las personas en esas listas están siendo buscadas y arrestadas, de acuerdo con grupos nicaragüenses de derechos humanos. 

La semana pasada en Masaya, varias decenas de personas, en su mayoría mujeres, aguardaban afuera de una estación de policía que les dieron información sobre sus seres queridos. 

Una mujer, que se negó a decir su nombre debido a que esperaba que su hijo fuera liberado pronto, dijo que había sido detenido una semana antes cuando intentó huir a Costa Rica. La policía lo regresó a Masaya y era investigado por su presunta participación en las barricadas. 

Cesan médicos que atendieron heridos

Al menos ocho médicos de diversas especialidades que atendieron a heridos en las protestas de los últimos tres meses en Nicaragua han sido despedidos del hospital público en el que trabajaban. Las autoridades sanitarias no explicaron la causa pero los afectados aseguran que fue por recibir y curar a los lesionados en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.

Las cartas que pudo ver The Associated Press van firmadas por Judith Lejarza Vargas, directora del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León. En ellas se notifica a los doctores que se prescinde de sus servicios a partir de ese momento y que se les liquidaría como establece la ley. No hay ninguna explicación sobre la causa del despido.

El doctor Javier Pastora Membreño, que era jefe del Departamento de Cirugía y Endoscopía, dijo que la decisión de la dirección del hospital evidencia el grado de represión que está sufriendo la población nicaragüense por parte del gobierno.

“Somos médicos, no terroristas”, afirmó a la AP este médico con 33 años de experiencia en la sanidad pública. “Nuestro delito es haber atendido a los heridos en las protestas o haber apoyado de alguna manera las marchas, pedir justicia, libertad y una democracia real”.

Entre los despedidos están ortopedistas, cirujanos, oncólogos, pediatras y la única infectóloga que hay en todo León.

“No sé si las autoridades del Minsa [el Ministerio de Salud] están claras de lo que significa esta decisión a nivel de atención de la población y de formación de médicos”, dijo Pastora, que el viernes realizaba un plantón fuera del hospital junto a otros médicos y centenares de ciudadanos.

Durante los más de cien días de protestas en los que lleva inmerso el país, corrió la denuncia de que en los hospitales públicos o afiliados al Seguro Social se estaba negando la atención a los heridos en marchas o procedentes del conflicto político en las calles, pero el presidente Ortega ha rechazado tajantemente tales afirmaciones.

“Es totalmente falso que en los hospitales se haya negado la atención a nadie”, dijo el mandatario esta semana en una entrevista con el canal estadounidenses Fox News.

Aarón Delgado, un oncólogo, se encontraba realizando una cirugía a una paciente con cáncer de pecho cuando le interrumpieron para decirle que lo necesitaban en la oficina de Recursos Humanos del hospital, donde le entregaron la carta de despido.

“Ni siquiera me dejaron concluir la operación. Todo esto es porque hace un mes atendimos en las afueras del hospital a los heridos de una masacre que perpetraron paramilitares del gobierno contra ciudadanos que estaban en barricadas en los barrios de León”, dijo el doctor.

Delgado agregó que colegas suyos ya han salido del país para evitar represalias.

“El Ministerio de Salud, el Sistema de Salud de Nicaragua, nunca, en ningún momento, ha estado cerrado a ninguna atención, demostrado con las estadísticas y con las atenciones que se han dado”, aseguró la titular de este departamento, Sonia Castro, el pasado 15 de junio.

Las manifestaciones y la tensión en las calles de Nicaragua comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social aprobadas por el gobierno de Daniel Ortega pero se convirtieron en actos de repulsa al actual ejecutivo en el que se exigía la salida del presidente y que cada vez fueron reprimidos con mayor violencia.

La cifra de muertos en estos tres meses oscila entre 295 y 448, según distintos organismos de derechos humanos,incluyendo la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima, asesinada en Mangua la madrugada del 13 de julio en circunstancias aún no esclarecidas.