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CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Grupos de derechos humanos respaldaron a las familias de 43 estudiantes que fueron desaparecidos en el sur de México en 2014, días después de que el presidente Enrique Peña Nieto ratificara su aval a la desacreditada investigación del gobierno.

Peña Nieto publicó un video la semana pasada en el que reconoció que no dejará un país pacífico y seguro cuando concluya su mandato dentro de tres meses, pero afirmó que seguía convencido de que los estudiantes de una escuela para maestros en el estado sureño de Guerrero fueron asesinados por un grupo narcotraficante e incinerados.

Hizo su afirmación casi cuatro años después del incidente del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Diversos reportes de investigadores internacionales han criticado y desacreditado partes de la pesquisa original del gobierno.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió el lunes a los comentarios de Peña Nieto.

“Hay varias señales de que las autoridades parecen estar regresando a la versión anterior”, afirmó. Lo consideró “preocupante”, porque expertos independientes habían desacreditado partes cruciales de ella.

“El caso de los 43 de Ayotzinapa no ha eclipsado los demás casos de desapariciones en México, como podría haber ocurrido hace cuatro años, sino que ha visibilizado toda la tragedia de la desaparición que vive el país en tantos lugares y la falta de respuesta adecuada por parte del Estado”, agregó.

Jarab exhortó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a utilizar las investigaciones externas como punto de partida para retomar la labor de averiguar qué le pasó a los estudiantes e identificar a los responsables.

En junio, un tribunal federal le ordenó al gobierno crear una comisión de la verdad para volver a investigar el caso. Entre los problemas de la pesquisa que fueron señalados estaba el uso generalizado de la tortura para extraer confesiones, un problema mencionado en un informe de la ONU emitido meses atrás y respaldado por la corte. El gobierno apeló la decisión del tribunal.

Jarab acudió el lunes a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa cerca de Tixtla, Guerrero, junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y el equipo de monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó su propio informe a las familias.

Todos rechazaron los comentarios recientes de Peña Nieto. López Obrador asumirá el puesto el 1 de diciembre.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirmó que la institución sigue trabajando en su propio informe. Dijo que la enumeración de violaciones a los derechos humanos que presentará en su texto será “prolija”.

Presidente culpa a policía local por crímenes

El llamado para resolver estos asesinatos llega luego que en su sexto y último informe anual de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto culpó a los cuerpos de policía locales y estatales del aumento en los crímenes violentos en México, ya que _dijo_ fueron incapaces de lidiar con las pandillas pequeñas que surgieron tras la captura de los líderes de los cárteles.

Peña Nieto, quien concluye su mandato con tasas de aprobación históricamente bajas, se sacudió la culpa del bajo crecimiento económico y del aumento en la deuda pública durante su sexenio, y recomendó a los mexicanos no regresar a una política exterior de “indiferencia”.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá su cargo el 1 de diciembre, ha prometido no inmiscuirse en los asuntos de otros países, en contraste con Peña Nieto, quien ha buscado soluciones para la crisis política y económica de Venezuela. El principio de no intervención fue un piedra angular de la política exterior mexicana hasta antes del año 2000.

Peña Nieto dijo estar muy orgulloso de las reformas estructurales implementadas al principio de su gobierno y que reorganizaron la industria del petróleo, la educación, las telecomunicaciones y otros sectores.

Además de los escándalos de corrupción, una de las cosas que han afectado la aprobación del mandatario es la incontenible violencia generada por las bandas criminales del país.

El presidente dijo que el gobierno federal tuvo éxito “al disminuir significativamente las capacidades” de los grupos criminales. Muchos de los principales líderes de cárteles locales han sido capturados o muertos en los últimos años.

“Sin embargo, este mismo debilitamiento trajo consigo el surgimiento de bandas criminales de menor tamaño, sin que existiera en el ámbito local las capacidades locales necesarias para enfrentarlos con eficacia”, afirmó Peña Nieto.

Aunque las policías locales en gran parte de México han estado mal entrenadas, mal equipadas y permeadas por la corrupción desde hace tiempo, Peña Nieto ha sido criticado por hacer poco por fortalecer a las fuerzas federales.

México tuvo una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2017, la más alta desde que comenzaron a registrarse en 1997. Peña Nieto asumió la presidencia en 2012.