COLOMBIA

Reabren investigación a compañía de carbón de EEUU

Las autoridades colombianas confirmaron el martes que reabrieron una investigación sobre si una compañía de carbón con sede en Alabama financió a un grupo paramilitar durante el sangriento conflicto civil en la nación sudamericana.La investigación en torno a la filial colombiana de Drummond Co. Inc. se enfoca en los pagos irregulares que supuestamente se le realizaron a un contratista, José Blanco, quien fue condenado en 2013 por el asesinato de dos líderes sindicales que trabajaban en Drummond, indicó la fiscalía. Blanco fue sentenciado a 38 años de cárcel. Desde hace tiempo circulan las acusaciones de que Drummond financió a un grupo paramilitar, pero las cortes estadounidenses en repetidas ocasiones fallaron en contra de los familiares de las víctimas. Las autoridades se negaron a brindar detalles de por qué se volvió a abrir la investigación. El periódico colombiano El Tiempo fue el primero en reportar la pesquisa. Drummond emitió el martes un comunicado en el que refuta la acusación y promete cooperación absoluta con cualquier pesquisa. Terry Collingsworth, un abogado que representa a los familiares de las víctimas de milicias ultraderechistas durante el conflicto, comentó que la nueva investigación es el “primer paso” para responsabilizar a los directivos de Drummond y se paguen indemnizaciones. “La justicia está en camino”, afirmó. Drummond ha operado en Colombia durante varias décadas y es uno de los principales exportadores de carbón en el país. Defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas han acusado en reiteradas demandas que Drummond contrató paramilitares para silenciar a líderes sindicales y supuestos miembros de izquierda. 

 

ECUADOR

Miles de venezolanos en frontera buscan ingresar a Perú

Miles de venezolanos permanecían el martes en la frontera tratando de ingresar a Perú, un día antes de que venza el plazo establecido por el presidente Martín Vizcarra para otorgar un permiso de residencia temporal. El mandatario había señalado el lunes que Perú ha acogido a casi medio millón de venezolanos pero que se requiere hacer una evaluación de la situación porque hay que “buscar el equilibrio entre la solidaridad y la posibilidad real de dar ayuda a ellos y a nuestros compatriotas”. Precisó que se otorgará la residencia a los venezolanos que la soliciten hasta el 31 de diciembre y que hayan ingresado al país hasta el 31 de octubre porque, explicó, Perú está al límite de su capacidad para albergar inmigrantes y por eso dejará de otorgar tales permisos. En Tumbes, un importante paso fronterizo desde Ecuador, medios locales estimaron que alrededor de 7,000 venezolanos llevan tres días intentado ingresar a Perú, lo que ha hecho que colapse la atención migratoria. Instituciones como la Cruz Roja y otras entidades humanitarias distribuyen alimentos y agua a los migrantes. En tanto, el gobierno ecuatoriano renovó por tercera vez consecutiva una declaración de emergencia en tres provincias para atender el inusual flujo de venezolanos que sigue llegando al país. La emergencia en las provincias de Carchi -fronteriza con Colombia-, El Oro -en el límite con Perú- y Pichincha permite movilizar recursos materiales y humanos para atender a los venezolanos que cruzan desde Colombia, muchos de los cuales tienen como destino Perú, Chile y hasta Argentina. 

De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas unos 2.3 millones de venezolanos han salido de su país en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas y una crisis económica caracterizada por una hiperinflación.

 

MÉXICO

Sentencian a expolicías a 60 años por desapariciones

Nueve expolicías del estado mexicano de Veracruz fueron sentenciados el martes a 60 años de prisión por desapariciones forzadas, entre ellos un exoficial de alto rango que trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública del estado. A lo largo de los años muchas personas han desaparecido en Veracruz. El caso involucra la privación ilegal de la libertad y desaparición de un hombre en el municipio de Chinameca en junio de 2014. Los procuradores dicen que presumiblemente fue torturado. El hombre fue llevado a una estación de policía, después a una academia policiaca y más tarde entregado a una unidad especial de la policía conocida como “Los fieles”. Aparentemente la unidad llevó a cabo privaciones ilegales de la libertad y desapariciones durante la administración del entonces gobernador Javier Duarte. Actualmente, Duarte se encuentra en prisión por cargos de corrupción y crimen organizado. Por otro lado, en el estado suroccidental de Guerrero, la policía de Acapulco informó que mató a cinco sospechosos durante un tiroteo antes del amanecer. Los sospechosos, que viajaban en un pequeño automóvil robado, comenzaron a disparar en contra de los agentes, informó la policía estatal. La policía inició una persecución y dio alcance al vehículo de los sospechosos en un área alejada de la zona turística de Acapulco. Dos patrullas recibieron impactos de bala pero ningún agente resultó lesionado, informaron las autoridades. 

 

VENEZUELA

Nombran a nuevo jefe de policía política

El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el martes la designación de un nuevo jefe de la policía política en momentos en que la actuación de ese cuerpo de seguridad está bajo escrutinio luego de que un concejal opositor detenido se suicidara en la sede del organismo. El general de división Manuel Cristopher Figuera fue nombrado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en reemplazo de Gustavo González López, se informó en la Gaceta Oficial. El funcionario saliente, que también se había desempeñado como ministro de Relaciones Interiores entre 2015 y 2016, figura entre los altos funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos abusos de los derechos humanos. Figuera viene de desempeñarse como director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria a cargo del manejo de informaciones de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. El reemplazo se produjo tres semanas después de que la Fiscalía General informó la muerte del concejal Fernando Albán, de 56 años, quien había sido encarcelado por su presunta responsabilidad en un ataque contra Maduro. Según las autoridades Albán se suicidó al saltar desde el décimo piso de la sede del SEBIN. La policía política lo había detenido el 5 de octubre en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando regresaba de un viaje a Nueva York. Maduro sufrió un atentado con drones durante un desfile militar el 4 de agosto en el centro de la capital. La muerte de Albán fue condenada por la dirigencia opositora y algunas organizaciones humanitarias que responsabilizaron al gobierno del deceso. 

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