A. Garcia / El Sol

Mientras que las familias de todo el Valle de San Fernando se apresuran a comprar juguetes y regalos antes de Navidad, las preocupaciones de Elva Flores son mucho más apremiantes.

La madre, cuyo único ingreso proviene de la recolección de productos reciclables, se enfrenta a la incertidumbre de dónde estará para finales de este año.

Después de más de 20 años alquilando un apartamento en el complejo de viviendas gubernamentales San Fernando Gardens en Pacoima, ella y su familia están siendo desalojadas.

Y fue porque no pagó su factura de electricidad, dice.

“Mis ingresos no son suficientes”, dice Flores, lágrimas corriendo por sus mejillas. “¿Dónde voy a vivir con mi familia? Por favor, no me desalojen”.

Durante varios meses, Flores – que recibe ayuda social para sus hijos nacidos en Estados Unidos – no pudo pagar sus servicios públicos, y la deuda se elevó a más de $5,000, admite la mujer.

Aún así, hizo todo lo posible para seguir pagando el alquiler mensual de $357 en San Fernando Gardens.

Pero, según ella, la deuda eléctrica fue razón suficiente para que HACLA (Administración de Viviendas de la Ciudad de Los Ángeles, la agencia que administra el complejo habitacional) la llevara a la corte para iniciar el proceso de desalojo. Sus súplicas no fueron suficientes para disuadir a las autoridades de seguir adelante y un juez falló a favor de HACLA.

Ahora Flores y su familia – incluyendo dos menores de edad – están a merced de las autoridades.

“No soy una criminal, no soy una ratera”, dice Flores. “Estoy aquí (en San Fernando Gardens) por necesidad”.

Y ella agrega amargamente: “no quiero ser un homeless más. Ya me desalojaron. No sé lo que voy a hacer”.

 

Varios intentos de desalojo

Flores dice que ha sido parte de la Junta de Residentes del complejo habitacional durante varios años y ha defendido abiertamente a otros residentes. Y cree que las críticas que ha hecho contra la Administración a lo largo de los años también está detrás del desalojo.

Y no fue el primer intento por sacarla. De hecho, fue el quinto. Los intentos previos de echarla se basaron en informes de falta de limpieza en su unidad, dijo.

Ella siempre apeló y ganó. 

Pero no esta vez y la inseguridad sobre el futuro de su familia la llevan a un punto muerto. 

Dentro de su humilde apartamento no hay camas — la familia no puede permitirse el lujo, dijo Flores –y el cumpleaños de su hija Jacqueline Carrillo de 14 años de edad esta semana no fue nada ocasión para celebrar.

“Ya empaqué todo”, dice Carrillo, triste y muy suavemente. “Estamos tratando de saber dónde vamos a vivir”.

‘Deben cumplir con las reglas’

Martin Peery, director de Servicios de Vivienda para HACLA, dijo en una declaración al San Fernando Valley Sun/El Sol que no podía comentar sobre el caso específico de Flores.

Sin embargo, indicó que como operadores del programa de subsidio federal, HACLA se rige por las reglas del HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos). 

“Esas reglas incluyen el proceso de desalojos para participantes que no cumplan con los requisitos. Pero la Autoridad de Vivienda no está en el negocio de los desalojos, sino de la vivienda y por ende damos a los participantes tantas oportunidades, incluyendo no solo ofrecer consejería, referirlos a servicios y educación durante el año”.

Agregó que “todas las familias que enfrentan el desalojo han fallado en cumplir con varios intentos de adherirse a las reglas o han cometido actos tan graves al grado de poner en peligro la seguridad y bienestar de otros residentes en la comunidad. Aún así se les da toda la oportunidad de defenderse en una corte”.

Contra las familias inmigrantes

Marisela García Pérez no se enfrenta al desalojo, pero ella también está preocupada por su futuro, en específico, cómo va a pagar un aumento de alquiler que encuentra demasiado alto.

La madre de un hijo de 28 años y otro con discapacidades de 18 años, comenzará a pagar $693 mensuales el próximo año (en vez de $459 que paga actualmente).

Eso puede no ser mucho para alguien con un trabajo, pero García Pérez sólo tiene los ingresos provienen de los $815 que recibe de asistencia para su hijo y lo que se las arregla para conseguir con la venta de latas y botellas.

“Y en este momento el clima no le permite a uno trabajar mucho”, dice de recoger reciclables.

“Nos quieren fuera de aquí de cualquier manera posible”, se queja.

El caso de Flores y García Pérez no es único, dijeron activistas con People Organized for Westside Removal (POWER)  que están respaldando a estas inquilinas.

Señalan que HACLA está cobrando a unas 2,000 a 6,500 familias de estatus migratorio mixto (aquellas donde los padres son indocumentados y los niños son nacidos en los Estados Unidos) más del 30% de sus ingresos para el alquiler. 

“A pesar de ser de bajos ingresos y calificar para vivir en vivienda pública, estas familias no reciben el subsidio de alquiler completo de HUD”, dijo Trinidad Ruiz de POWER.

“Para las familias de estatus migratorio mixto, la cruda decisión de pagar el alquiler o pagar los servicios públicos o la comida o la ropa es casi siempre una opción que deben tomar, debido a HUD y la política de cálculo de alquiler injusta y discriminatoria de HACLA”, agregó Ruiz.

“A medida que miles de familias de estatus mixto en la vivienda pública se acercan a las fiestas, se enfrentan a la misma cruda realidad: pagar la mitad de sus ingresos o más para alquilar y dividir lo que queda entre los servicios públicos, la comida, el transporte, la medicina y la ropa para la familia. La vivienda pública ya no es una institución que hace todo lo posible para albergar a los pobres, sino que sale de su camino para desalojar a los más vulnerables y ponerlos en las calles”, agregó Ruiz.