CARACAS (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela prohibió el lunes salir del país a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y autodeclarado presidente encargado, y continuar con las investigaciones en su contra en momentos que la comunidad internacional incrementa la presión contra Nicolás Maduro.
El presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, declaró que “en nombre de la república” el máximo tribunal se declara competente para conocer el presente asunto” y “acuerda continuar con la investigación”, así como prohibir al legislador la “salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación”, entre otras medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público..
La decisión de la sala plena del máxima tribunal no fue aprobada por unanimidad. El magistrado de la Sala Social, Danilo Mojica, indicó en su cuenta de Twitter que salvó su voto por “contravenir” la ley del Tribunal Supremo.
El tribunal también prohibió a Guaidó “enajenar y gravar” los bienes de su propiedad y ordenó el “bloqueo e inmovilización” de sus cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
La decisión se tomó apenas siete horas después que el fiscal general Tarek William Saab pidió congelar los activos y prohibir la salida del país a Guaidó, quien desde varios países, incluido Estados Unidos y una docena de naciones latinoamericanas, ha recibido el reconocimiento como mandatario interino.
Previamente, el gobierno de Estados Unidos anunció que permitiría a Guaidó controlar los activos venezolanos que se encuentran en la Reserva Federal de ese país.
Saab justificó la solicitud alegando que busca permitirle al Ministerio Público desarrollar una “investigación preliminar” contra Guaidó, al que señaló de haber encabezado una serie de acciones que desencadenaron “diversos acontecimientos violentos” a partir del 22 de enero y que llevaron a que países extranjeros pidieran medidas de congelamiento de activos del Estado venezolano.
Las acciones del fiscal, un exmilitante del partido oficialista, representan una nueva escalada en el enfrentamiento entre el gobierno y la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que ha solicitado a Estados Unidos y otros de la región y Europa la protección de los activos de Estado, lo que podría bloquearle el acceso a Maduro a bienes públicos.
“No desestimo las amenazas y la persecución en este momento”, afirmó Guiadó al ser cuestionado sobre las acciones del fiscal, y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones con las competencias que le da la Constitución para atender la emergencia humanitaria y proteger los activos de Venezuela. Informó que la mayoría opositora del Congreso aprobó la designación de los diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Perú.
El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, consideró como “amenazas ilegítimas” las acciones del fiscal, y reiteró en su cuenta de Twitter que “habrá consecuencias graves para quienes intenten subvertir la democracia y lastimar a Guaidó”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo a la AP que la acción del fiscal no afecta directamente las medidas cautelares que acordó esa instancia a favor de Guaidó, pero sostuvo que si las acciones de Saab pusieran en riesgo la vida e integridad física del político la CIDH podría llevar el caso a la Corte.
Durante una visita a la Base Aérea Libertador en el estado central de Aragua, Maduro exhortó a la Fuerza armada mantenerse “leales con lo que decidió el pueblo de Venezuela en libres comicios, nombrarme presidente de la República”.
El gobernante socialista se mofó del asesor de seguridad estadounidense John Bolton, mencionando que durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, portaba una libreta que incluía la frase “5.000 tropas a Colombia”. Acto seguido, en tono más serio, Maduro afirmó que esa escena es parte de “una guerra psicológica infantil. ¿Ustedes la vieron? Con una carpeta diciendo vamos a mandar tropas a Colombia”.
Bolton no mencionó ningún plan que involucre tropas en Colombia, que limita con Venezuela, pero un fotógrafo de la AP y varios otros medios de comunicación captaron la imagen.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el martes una advertencia a sus ciudadanos para que “no viajen” a Venezuela ante los desórdenes y posibilidad de detención arbitrarias a los estadounidenses.
El gobierno de Maduro sufrió un duro golpe a sus finanzas luego que el Departamento del Tesoro anunciara el lunes una nueva ronda de sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que limitarán el acceso a aproximadamente 7.000 millones de dólares en activos de la corporación.
En una primera reacción Maduro anunció que su gobierno emprenderá acciones políticas y legales ante tribunales estadounidenses y del mundo para defender la propiedad de Citgo, filial estadounidense de PDVSA, y acusó al mandatario Donald Trump de “buscar robar” esta empresa a Venezuela.
“Se están prestando a una conspiración en contra del gobierno”, afirmó el martes el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, mayor general Manuel Quevedo, al rechazar las sanciones de Washington. Quevedo expresó que PDVSA decidió exigir a sus clientes el pago del crudo al momento de salir los barcos del puerto, y está considerando una declaratoria de “fuerza mayor parcial” para el mercado estadounidense.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, certificó el martes a Guaidó para que tome el control de las cuentas bancarias que tiene el gobierno de Venezuela en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o en cualquier otro banco asegurado por los Estados Unidos. Pompeo expresó en un comunicado que la certificación “ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a proteger esos activos” en beneficio de los venezolanos.
El gobierno venezolano dijo en un comunicado que esa medida representaba un “acto de piratería” de la administración de Trump y que el gobierno de Maduro evaluará y tomará las medidas legales para enfrentar la “nueva agresión”.
Sobre las consecuencias inmediatas que podrían acarrear las nuevas sanciones, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma local de análisis económico Ecoanalítica, afirmó que de no darse una solución política pronto Venezuela enfrentará “graves problemas de combustible” debido a que gran parte de los aditivos que utiliza PDVSA para producir la gasolina vienen de Estados Unidos.
Debido a la caída de la producción, que ronda 1,2 millones de barriles diarios, y los problemas financieros y operativos la corporación petrolera viene arrastrando desde hace varios meses algunas dificultades para producir y surtir de gasolina a Venezuela donde casi la totalidad del traslado de alimentos y otros bienes se realiza por transporte terrestre, y existen varias plantas termoeléctricas que depende del combustible para sus operaciones.
Venezuela enfrenta el complejo panorama en medio de una profunda crisis económica con una desbordada hiperinflación de siete dígitos, y una severa recesión y escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.