La ‘mara’ ya andaba detrás de Jefferson.
Primero lo animaban a unírseles, pero cuando se negó, vinieron las amenazas.
“Las bandas me andaban reclutando’, dice el chico de 14 años.
La gota que derramó el vaso fue cuando lo secuestraron por dos días. Solo lo liberaron cuando aceptó ser uno de ellos, so pesa de que si no lo hacía iban a matarlo a él o a sus hermanos.
Pero en vez de eso, el adolescente agarró camino al ‘norte’.
“Junté un poco de dinero y no le avisé a nadie”, dice Jefferson de cómo dejó Guatemala sin decirle a su mamá en su país natal o a su padre que vive en Los Ángeles. Se subió a un bus que lo llevó hasta la frontera con México, la cual cruzó para después abordar el tren conocido como “La Bestia”.
Por un mes hizo todo tipo de peripecias, sufrió hambre y pasó muchas noches sin dormir hasta que llegó a Tijuana. Pero se encontró con que cruzar a Estados Unidos por California no era fácil. Así que se fue a intentarlo por Arizona, donde a finales de mayo de 2018 se entregó a la Patrulla Fronteriza.
“Me salté (la cerca) y estaba esperando que llegara Migración”, cuenta Jefferson, quien pide que no usáramos su apellido ya que su condición migratoria no está clara y teme represalias si tuviera que regresar a su país natal.
Así Jefferson se convirtió en uno de los 50,036 menores no acompañados que ingresaron por la frontera sur del país en el año fiscal 2018 (1 de octubre de 2017 y 30 de septiembre de 2018).
Debido a su edad y teniendo a su padre en Los Ángeles que podía tomar custodia de él, Jeffeson no debía pasar mucho tiempo detenido por la Migra. Estuvo tres días en las famosas “hieleras” y después lo transportaron en avión hasta un albergue en Florida para niños no acompañados donde estuvo por cuatro meses por un problema que no había considerado: su apellido es diferente al de su padre.
“Como al mes nos llamaron que lo tenía Migración, que lo habían agarrado en Arizona,” relata Roslyn, su madrastra de cuando se enteraron dónde estaba el jovencito. “El nos llamaba y nos decía ‘ya me quiero ir’”.
Le hicieron todo tipo de preguntas al padre de Jefferson tratando de probar su relación con el menor. Luego lo mandaron a un laboratorio donde le tomaron una muestra de ADN; hicieron lo mismo con Jefferson en Florida.
Tras varias semanas esperando respuesta, finalmente “se cercioraron del ADN”, dice Roslyn.
Un trabajador social trajó en avión a Jefferson hasta Los Ángeles, donde finalmente el jovencito se reunió con un padre que no había visto en ocho años.
Y se encontró con tres hermanas menores que tampoco conocía, así como con su madrastra.
Adaptándose a una nueva vida, y familia
Jefferson ya empieza a hablar una que otra palabra en inglés y dice que le gusta Estados Unidos.
“Es bien bonito. Me gusta ir a la escuela”, dice el estudiante de noveno grado.
Aunque la relación con su padre es óptima, con Roslyn las cosas a veces son diferentes, en parte porque ella quiere ponerle reglas que no tenía en Guatemala.
Ambos intentan adaptarse a una nueva vida: ella la de tener que lidiar con un adolescente y él con una madrastra y limitaciones.
“Yo quiero un bien para él. Yo le digo que en Guatemala no puede tener un futuro. Que aproveche ahora que esta aquí”, dice Roslyn.
“Yo voy a sacar carácter y paciencia de dónde pueda”, agrega.
Pero su viaje no ha terminado. Todavía tiene un caso de inmigración abierto y tiene una fecha de corte en Noviembre ante un juez de inmigración que decidirá su futuro.
Es por eso que Roslyn y él fueron a una clínica legal gratuita en la Iglesia Metodista Unida en North Hills el pasado sábado 23 de Marzo, donde se reunieron con un abogado que respondió a sus preguntas.
Salieron esperanzadas después de hablar con un abogado. Debido a su edad, Jefferson tiene una buena oportunidad de conseguir algún alivio migratoria.
Toda la familia huye
Pero no así María, una salvadoreña de 34 años, que también pidió no revelar su apellido.
Ella y su familia tenían una vida cómoda en su natal el Salvador. Su marido tenía un trabajo estable con el gobierno y sus dos hijos iban a una escuela privada. Estaban en medio de la construcción de su propia casa.
Pero esa comodidad llegó a su fin abruptamente hace dos años.
A finales de 2016, tres hombres vestidos de policías aparecieron en su casa y en el lugar de trabajo de su esposo preguntando por él. Cuando la familia fue a la policía para averiguar lo que estaba sucediendo, les dijeron que no había ningún caso en su contra y ninguna orden de arresto para él.
Eso los preocupó, pensando que fueran criminales haciéndose pasar por policías o policías corruptos queriendo sacarle información al esposo que trabajaba para el gobierno.
Lo que pasó después selló su destino.
Un día al salir de su escuela, un hombre armado se acercó a su hijo mayor – entonces de 15 años– y le dijo “que sabían dónde vivíamos y que no querían volver a verlo”.
Fue una amenaza que no se tomaron a la ligera.
En Octubre de 2016, sin decirle a nadie, el padre y su hijo menor, entonces de 5 años, salieron hacia los Estados Unidos. María y su hijo mayor siguieron el mismo camino en Diciembre.
“Fue difícil. Estás huyendo con miedo y vienes con miedo sin saber lo que podría suceder”, dijo María.
La casa que habían trabajado tan duro para construir fue abandonada a medio terminar.
“Fue un sueño que no disfrutamos”, se lamenta.
Al llegar a la frontera, la familia se entregó a las autoridades de inmigración y solicitaron asilo. Fueron liberados al cuidado de parientes.
Aumentan la peticiones de asilo, y también los rechazos
Tanto la familia de Jefferson como la de María están buscando asilo, un alivio migratorio que se ha vuelto cada vez más difícil de lograr.
Durante años, la violencia doméstica y de pandillas fueron base para las peticiones de asilo, pero eso cambió el año pasado cuando el entonces Fiscal General de la nación, Jeff Sessions, las eliminó como pruebas para este proceso.
En su decisión, Sessions argumentó que el sistema de asilo está destinado a proteger no a las víctimas de delitos violentos, sino a personas que huyen de la persecución, como minorías religiosas o disidentes políticos.
La decisión ha dejado miles de casos, incluyendo el de María y su familia, en el limbo.
Ella recibió un permiso de trabajo mientras el caso permanece abierto, pero no su marido. En Abril tienen su próxima cita en la corte.
“Ellos (los abogados) no nos dan muchas probabilidades de que podamos ganar”, dijo María después de consultar a un abogado el pasado sábado 23 de Marzo en la clínica legal gratuita ofrecida en en la Iglesia Metodista Unida en North Hills.
La abogada de inmigración Luisa Beristain reconoce que hoy más que nunca los solicitantes de asilo enfrentan una batalla cuesta arriba en la corte de inmigración.
“(Los casos) siempre han sido difíciles y complicados, pero factibles”, dijo Beristain. “Ahora se han vuelto increíblemente difíciles”.
Las estadísticas reflejan eso. El Centro de Intercambio Transaccional de Acceso a Registros de la Universidad Syracuse (TRAC) reveló que en el año fiscal 2016 hubo 22,318 decisiones de asilo, con sólo 9,714 concedidos y 12,190 denegados (54.6%). Esos números saltaron a 30,253 decisiones en el año fiscal 2017 con 11,591 aprobaciones y 18,215 denegaciones (60.2%). En el año fiscal 2018, las cifras crecieron a 42,224 decisiones; 14,200 concedidos y 27,460 denegaciones (65%).
Beristain señala que la representación legal es ahora más crucial que nunca, dado que los inmigrantes tienen “todo contra ellos”.
Tener “la información correcta y expresar un caso adecuadamente” puede hacer una diferencia entre obtener la aprobación o denegación, dice Beristain.
Pero recalcó que esto es a menudo difícil para las personas que huyen apresuradamente, quienes a menudo carecen de documentación, ya sea porque nunca fueron a las autoridades de su propio país para presentar un reporte policial o porque no tienen acceso a esos informes – y habiendo soportado un trauma a lo largo de la situación.
“Una víctima de violencia llena de temor no va a tener un testimonio claro y creíble”, reconoce Beristain.
Desafortunadamente, TRAC también descubrió que el porcentaje de solicitantes de asilo que tienen representación legal – que puede elevar la posibilidad de aprobación al 50-70% – se redujo tremendamente. En el año fiscal 2007, sólo 13.6% no estaban representados. Esa cifra aumentó a 20.6% en el año fiscal 2017.
El costo de la ayuda legal es un problema, dice Guillermo Torres, Director de Organización para la organización de Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), una grupo pro-inmigrante que ayudó a organizar la clínica legal en North Hills.
“Muchos en la comunidad inmigrante nunca han hecho una consulta con un abogado de inmigración porque no tienen recursos financieros”, dijo Torres. “Pero cuando llegan a una de nuestras clínicas, a veces encuentran que hay una manera de solicitar un alivio”.
Más de 20 personas fueron vistas y recibieron respuesta a sus preguntas de inmigración en la clínica legal del sábado pasado. Algunos se fueron esperanzados, otros, como María, no tanto.
Ahora que se aproxima su última cita en la corte de inmigración en Abril, quería saber si podría apelar el caso si es rechazado.
La perspectiva de regresar a su país de origen no es algo que quiera siquiera meditar.
“No queremos volver a El Salvador. Tememos por nuestras vidas. Nos pueden matar”, dijo.