MANAGUA (AP) _ El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, prófugo de la justicia de su país y asilado en Nicaragua desde 2016, admitió el lunes que trabaja como asesor del gobierno de Daniel Ortega.
Funes intercambió mensajes vía Twitter con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica, quien aseguró que el exmandatario y su hijo, Diego Funes Cañas, trabajan como funcionarios del Ministerio del Exterior de Nicaragua y perciben sueldos equivalentes a unos 2,700 y 1,100 dólares mensuales, respectivamente.
“No veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en Managua. Primero, fui presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración CA. Segundo, eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del FMLN me mantiene”, argumentó el exgobernante salvadoreño (2009-2014).
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, criticó el lunes a través de Twitter la situación. “Ayer Funes defendía la idoneidad del cargo de su hijo (también prófugo de la justicia) en la Cancillería Nicaragüense. Ahora resulta que él también tiene un cargo ahí, con el doble de sueldo de su hijo”.
Cuando Funes, su pareja –Ada Mitchell Guzmán– y dos de sus hijos llegaron Nicaragua, en su país se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Funes también es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por su supuesta participación en los arreglos que hizo su gobierno para pagarle 108.5 millones de dólares una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica. También está siendo procesado por divulgar un documento llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvío de diez millones de dólares que el gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001.
Por esos procesos, los tribunales salvadoreños emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.
Mientras esto sucede, la ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca, ya había aceptado confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan al participar en el lavado unos 25 millones de dólares de fondos públicos, pero se retractó luego de que el Ministerio Pública exigiera el lunes que regrese al Estado 17.3 millones de dólares.
La señora de Saca había solicitado someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad ante un juzgado de San Salvador a cambio de una pena de tres años de prisión que serían reemplazados por trabajo de utilidad pública, pero sin regresar el dinero sustraído.
El jefe de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, el fiscal German Arriaza, explicó que se realizó una negociación con los abogados de la ex primera dama “con un enfoque orientado básicamente en la devolución total de los bienes sustraídos”, acuerdo plasmado en un escrito, pero que todo cambió cuando los abogados defensores alegaron que el acuerdo no incluía la devolución de lo robado.
En este caso conocido como “Destape de la Corrupción Fase II”, también están siendo procesadas otras 14 personas, entre ellas, Óscar Edgardo Mixco, hermano de la ex primera dama, así como otros empresarios y publicistas
El caso está ligado a los actos de corrupción del expresidente Tony Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009.
El abogado defensor de la señora de Saca, Miguel Flores, reconoció que el arreglo con la Fiscalía se había caído y aseguró que contaba con los elementos para demostrar la inocencia de su clienta porque hasta el momento no se ha podido comprobar la alegada participación en la trama. Señaló que ninguno de los testigos “la vincula con actividades ilícitas, no hallaron ninguna actividad sospechosas, ningún reporte de transacciones sospechosas y por lo tanto consideramos que se puede lograr el sobreseimiento definitivo”. Agregó que todos los bienes de la ex primera dama están intervenidos o están controlados “y en esa condición no se le puede exigir efectivo”.
El exmandatario de 54 años ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018, el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció a diez años de prisión por peculado, lavado de dinero y activos al desviar más de 300 millones de dólares de los fondos públicos. También fue condenado a responder civilmente por 200 millones de dólares
Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.
Recientemente, en otro proceso penal, el expresidente Saca solicitó someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad por haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información sobre un proceso civil en su contra.