Brasil

Justicia le niega libertad a expresidente Lula

La Corte Suprema brasileña le negó el martes una vez más la libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por tres votos contra dos, los jueces de la segunda sala del Supremo Tribunal decidieron que el expresidente, preso por corrupción desde el 7 de abril del año pasado, deberá continuar en prisión cumpliendo una pena por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luego de rechazar este mismo martes un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente (2003-2010) que pedía la libertad, el ministro Gilmar Mendes propuso votar por la libertad provisoria de Lula. Mendes entendía que el expresidente debía permanecer en libertad de forma provisoria hasta que la Corte resuelva sobre otro pedido de libertad efectuado por los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Pero una mayoría de los magistrados decidió rechazar esa moción. Tras el fallo adverso, Lula deberá continuar preso al menos hasta que concluya el juzgamiento del restante pedido de hábeas corpus pendiente, que cuestiona la actuación del exjuez Sergio Moro en el proceso que lo llevó tras las rejas. Lula está preso tras haber sido condenado en el proceso del triplex de Guarujá, una causa en la que la justicia lo encontró culpable de haber recibido un apartamento y una serie de refacciones en el inmueble como pago de una coima de una empresa constructora. Los abogados de Lula acusan a Moro, quien lo condenó en primera instancia cuando se desempeñaba como juez en Curitiba, de parcialidad y reclaman la anulación de la condena. Pese a que la defensa de Lula centra sus críticas en Moro, exmagistrado de primera instancia, posteriormente la justicia ratificó la condena y amplió la pena en instancias posteriores. El año pasado, Moro dejó la magistratura y en enero asumió como ministro de Justicia de Bolsonaro.

 

CUBA

Restauran el primer cementerio judío en la isla

Aún hay lápidas rotas y mármoles tirados por el piso. En algunas bóvedas, la vegetación le gana al cemento, pero poco a poco el primer cementerio judío de Cuba comenzó a ser rescatado y, con él, la memoria de esta pequeña comunidad en la isla. Aquí y allá pueden verse rocas sobre las tumbas –un equivalente de las flores entre los católicos– al lado de las placas que inmortalizan el nombre de un abuelo, de un padre o de una tía rodeados de estrellas de David y palabras de consuelo en yiddish. En otras partes, una brigada de obreros pule las láminas, cementan calles o encuadran un panteón que fue saqueado. Los terrenos de este cementerio judío asquenazí –adjetivo que identifica a los originarios de Europa central y oriental– fueron comprados en 1906 por los miembros de la primera sociedad hebrea que se formó en la isla, con personas que venían sobre todo de Estados Unidos, y se inauguró en 1910. Muchas otras familias arribaron además en el periodo de entre guerras mundiales, huyendo de la persecución a la que eran sometidos. En otra parcela colindante, décadas después se instaló uno de tradición sefardí, oriunda de España.

Hace algunos años, Prinstein y otros miembros de la comunidad estimaron en 200,000 dólares el presupuesto para arreglar el cementerio, pero no consiguieron los donativos necesarios. Ahora el rescate está corriendo a cargo de la estatal Oficina del Historiador de la Cuidad. Según indicó a la prensa local la ingeniera Pilar Vega, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, hay unas 1,100 bóvedas en el cementerio. De éstas ya se repararon unas 50 y se espera concluir otras 150 este año. Actualmente unos 1,500 judíos viven en Cuba, la mayoría de ellos personas mayores.

 

ECUADOR

Evangélicos protestan contra matrimonio gay

Cientos de indígenas evangélicos reclamaron el martes frente a la Asamblea Nacional de Ecuador que se derogue el matrimonio gay, aprobado recientemente en un histórico fallo de la Corte Constitucional. A los gritos y con carteles en los que se leía “En defensa de la vida y la familia”, “Nulidad de matrimonio igualitario”, “Destitución de Corte Constitucional” exigieron la intervención de los parlamentarios para buscar un camino legal que permita revertir el fallo. El 12 de junio la Corte Constitucional aprobó la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, lo que de inmediato provocó reacciones de júbilo en la comunidad LGBTIQ y de rechazo por parte de las iglesias católica y evangélica. En otras ciudades como Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca representantes de las distintas iglesias han llamado a sus fieles a salir a las calles para protestar contra de la decisión de la Corte. Hasta ahora en Ecuador sólo estaba permitida la llamada “unión de hecho” que no ofrecía garantías legales a las parejas del mismo sexo. A pesar del fallo de la Corte las parejas del mismo sexo aún no pueden casarse debido a que falta modificar reglamentos y procesos administrativos.

 

EL SALVADOR

Amnistía plantea preocupación por situación de derechos humanos

Una delegación de Amnistía Internacional presentó sus preocupaciones sobre la grave situación de derechos humanos en El Salvador al presidente, Nayib Bukele. “El gobierno del presidente Bukele tiene una gran oportunidad de marcar un nuevo rumbo para El Salvador, así como tiene la responsabilidad de asegurar que los derechos humanos estén en el centro de la toma de decisiones y del diseño e implementación de políticas públicas”, expresó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado. En una reunión privada en Casa Presidencial, Amnistía Internacional entregó al mandatario un memorándum con recomendaciones iniciales para su gobierno en seis áreas clave: justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado; derechos de las mujeres y niñas; personas defensoras de derechos humanos; política de seguridad y derechos humanos; personas migrantes y refugiados y política exterior en materia de derechos humanos. La delegación de Amnistía le hizo saber a Bukele que “tristemente” El Salvador es conocido por dos temas: las violaciones de los derechos de mujeres y niñas por la prohibición total del aborto y por la violencia generalizada. La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y, de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados y podrían recibir penas de dos a ocho años de cárcel. En algunos casos, si el delito se considera homicidio agravado por el parentesco estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 40 años. La Agrupación Ciudadana, una organización no gubernamental que defiende los derechos de las mujeres, señaló que en El Salvador las procesadas por aborto son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras informales. Según el comunicado de Amnistía Internacional, Bukele enfatizó que su gobierno no criminalizará a las mujeres y las niñas, sobre todo a las que viven en situación de pobreza, y que garantizará sus derechos sexuales.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *