COLOMBIA

Investigarán a expresidente Uribe por fraude y soborno

El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe compareció el martes ante la más alta instancia judicial del país para ser interrogado en un caso de supuesta manipulación de testigos que podría ensombrecer su legado. Un magistrado interrogó a Uribe a puerta cerrada durante siete horas sobre las acusaciones de que, a través de su abogado, intentó influenciar e incluso sobornar a miembros de un grupo paramilitar que tenían información perjudicial del exmandatario. Tras el interrogatorio, la Corte Suprema de Colombia difundió un breve comunicado en el que anunció que las autoridades alcanzaron la conclusión de que existen elementos suficientes para continuar con la investigación de Uribe, aunque no se presentaron cargos. “Procedí a defender mi lealtad a la verdad”, dijo Uribe en un discurso a sus simpatizantes. La causa se deriva de las acusaciones hechas hace varios años por el senador Iván Cepeda, quien dijo que Uribe era el fundador de un bloque paramilitar en su provincia durante la guerra civil de décadas entre fuerzas del gobierno, guerrillas izquierdistas y paramilitares de derecha. El exmandatario ha rechazado todas las acusaciones de nexos con paramilitares, acusados de narcotráfico, asesinar a personas inocentes y desplazar a miles de personas de sus casas y tierras durante los conflictos con los rebeldes. El caso ha dividido a la nación sudamericana y desatado manifestaciones en favor y en contra del expresidente. Analistas políticos lo consideran una importante prueba para el sistema judicial de Colombia, que durante su historia ha pasado problemas para castigar a prominentes líderes políticos y militares.

 

EL SALVADOR

Arresto domiciliario a exministro de Justicia

Un juzgado salvadoreño ordenó el lunes arresto domiciliario para el exministro de Justicia y Seguridad Pública, René Mario Figueroa, mientras es procesado por el delito de lavado de dinero y activos. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó que el caso continuará en la etapa de instrucción, pero ordenó que para gozar del arresto domiciliar, Figueroa debe pagar una fianza de 50,000 dólares, no cambiar de residencia, no salir del país y presentarse al juzgado a firmar periódicamente. Por su parte, Celia Alvarenga de Figueroa, la esposa de Figueroa, que también está acusada de lavado de dinero, seguirá siendo procesada, en libertad bajo medidas sustitutivas, que consisten en no cambiar de residencia, presentarse al Juzgado a firmar periódicamente, así como también le queda prohibido salir del país. El ministerio Público asegura que el exministro no pudo justificar un incremento patrimonial por más de tres millones de dólares, mientras que su esposa está acusada de lavar 500,000 dólares. El abogado defensor Miguel Girón dijo que esperaba que el juez ordenara libertad definitiva para ambos. Al conocer el fallo del juzgado, el Fiscal General, Raúl Melara, expresó su desacuerdo: “La erradicación de la impunidad seguirá siendo un reto si no tenemos jueces valientes que apoyen a la gente. Vamos a apelar la resolución”, publicó en su cuenta oficial de Twitter. Figueroa desempeñó el cargo durante el gobierno del expresidente Tony Saca (2004-2009), quien cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos. 

 

MÉXICO

Acusan de negligencia por muerte de niña inmigrante

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó al Instituto Nacional de Migración de “omisión, negligencia e inadecuada atención médica” que derivó en la muerte en mayo de una niña guatemalteca de 10 años en un centro de detención migratoria de la Ciudad de México.

Cuando ocurrió el suceso, las autoridades sólo dijeron que la pequeña se había caído de una litera, pero no ofrecieron más detalles. Ahora la Comisión afirma que, al caer, la niña se golpeó en el abdomen con la placa de concreto de la cama baja, y que cuando su madre la llevó al médico éste se limitó a darle una pastilla para el dolor. “Al continuar con vómito, presentar temperatura baja, color amarillo y con los ojos desorbitados, fue valorada de nueva cuenta por el médico, quien dijo que ‘seguramente la niña quiere llamar la atención’”, agrega la CNDH en un comunicado. Sólo fue trasladada al hospital hasta pasadas siete horas desde la caída y ante las exigencias de varias mujeres preocupadas por el estado de la niña, la cual murió en el trayecto sin ir acompañada por un médico. La Comisión acreditó violaciones a los derechos de la niña por parte del médico, que no hizo un diagnóstico acertado, y de tres funcionarios del centro de detención migratoria, dos que no la atendieron correctamente y un tercero que intentó que la madre no denunciara al doctor por la muerte de su hija, diciéndole que eso retrasaría la entrega del cadáver. Además, la CNDH observó la falta de expedientes clínicos en el servicio médico de la estación migratoria. La Comisión pidió que se compense a los padres de la niña, se les ofrezca una visa de estancia legal en México y que la fiscalía investigue las responsabilidades de los involucrados.

 

PANAMÁ

Relanzan monitoreo electrónico de madera por tala

En medio de informes alarmantes de tala ilegal en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia y que alberga una de las reservas biológicas más importantes en Centroamérica, las autoridades de Ambiente decidieron retomar la implementación de chips electrónicos para certificar la madera que sale de esa región para uso comercial. Con la herramienta, las autoridades pretenden darle seguimiento a los árboles maderables desde que están en las plantaciones comerciales o en el bosque nativo hasta que completan el proceso industrial. El monitoreo se hará con la colocación de chips a los árboles que guardarán información sobre el lugar específico de procedencia y la especie, entre otros datos. La información será luego confirmada cuando los camiones con las tucas de madera pasen por los distintos puestos de control en la región este de la provincia de Panamá y en Darién. “Nos vamos a dar cuenta desde el día que lo cortaron y de allí en adelante todo el recorrido que va a hacer hasta el país donde va a llegar”, explicó el ministro de Ambiente, Milciades Concepción.  “De hoy en adelante la tuca o la madera que no tenga ese chip es madera ilegal y será decomisada”, apuntó. La utilización del Sistema de Trazabilidad y Control Forestal de Panamá fue una de las medidas que se estableció en el 2017 cuando se puso en vigor una mesa de diálogo nacional ante los alarmantes informes de tala ilegal de bosques y de la pérdida de biodiversidad en Darién. Darién, que alberga una de las reservas biológicas más importantes de Centroamérica, ha perdido en las décadas cerca del 20% del total de su cobertura boscosa, según las autoridades. En esa selvática provincia apenas el 3% de la madera que se extrae es de manera legal, por lo cual lasá nuevas autoridades que asumieron en julio suspendieron los permisos de tala de árboles por un año.