BOLIVIA

Se agudizan las protestas

Choferes del transporte público se enfrentaron el martes con palos y piedras con manifestantes en un intento por romper los cortes callejeros que impiden el tráfico en la segunda semana de protestas en Bolivia contra el presidente Evo Morales, a quien la oposición acusa de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Los ánimos estaban exaltados y choques similares tenían lugar en otros barrios y otras ciudades. La policía dispersó con gases lacrimógenos a los bandos rivales. El lunes otros enfrentamientos dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, que lleva seis días de huelga en “defensa del voto y contra el fraude electoral”. La policía informó de una veintena de detenidos. Por su parte, Morales proclamó su triunfo con una gran concentración en la vecina ciudad de El Alto. “Qué demuestren dónde está al fraude”, dijo el gobernante y acusó a la derecha de buscar un golpe de Estado para derrocarlo. Su vicepresidente, Álvaro García, reiteró el martes la posición del gobierno a favor de una auditoria electoral a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La oposición, encabezada por el expresidente Carlos Mesa, segundo en los comicios al frente de una alianza de centroderecha, ha planteado nuevas elecciones o una segunda vuelta.

Un corte en la trasmisión del conteo rápido que proyectaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa al computarse el 85% de los votos y la reposición de la transmisión 24 horas después con una proyección diferente, que daba a Morales ganador en primera vuelta, desató las sospechas y críticas al cuestionado Tribunal Supremo Electoral, tildado de favorecer a Morales. La Misión de Observadores de la OEA manifestó en un informe su “sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares… que modifica el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el sistema electoral”.

 

COLOMBIA

Capturan a 36 presuntos narcos

La policía judicial colombiana informó el martes que luego de dos años de investigación y con el apoyo de Estados Unidos se logró la captura de 36 presuntos narcotraficantes que enviaban cocaína al mexicano Cartel de Sinaloa. En la operación participaron la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la fiscalía colombiana. Los acusados fueron arrestados en los últimos 40 días en 12 de los 32 departamentos del país y son 34 colombianos, un mexicano y un venezolano. Sobre todos ellos pesan pedidos de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos, España, Argentina, Brasil y Perú. Según la policía, la red internacional estaba liderada por el colombiano alias “Jeison”, cuyos enlaces y ex socios estuvieron ligados directamente con el capo mexicano Joaquín “’El Chapo” Guzmán. El grupo criminal acopiaba y transportaba la droga mediante aeronaves enviadas desde México que ingresaban a Colombia de forma ilegal, recogían los alijos y regresaban a ese país, de acuerdo con un comunicado de la policía colombiana. No se dio a conocer cuánta droga fue enviada al exterior y durante cuánto tiempo. Para enviar la cocaína la red contaba con el apoyo logístico de controladores aéreos que “evitaban emitir alertas a las autoridades competentes, lo cual facilitaba el aterrizaje, carga y salida del país sin ser detectado”, señaló la nota. La organización contrataba a pilotos extranjeros que eran enviados por el Cartel de Sinaloa.

 

GUATEMALA

CIDH da medidas cautelares a jueces amenazados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que otorgó medidas cautelares a cinco jueces guatemaltecos que han denunciado amenazas y criminalización de sus gestiones. La comisión con sede en Washington precisó que entre el 23 y 25 de octubre emitió la protección a favor de la jueza Érika Lorena Aifán Dávila, así como a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández. La CC dijo en un comunicado de prensa que se “ha considerado que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” y que el Estado guatemalteco debe cumplir con proteger su vida e integridad. La CIDH consideró que los jueces guatemaltecos se han visto amenazados, hostigados y agredidos en distintas formas, especialmente con acciones judiciales en su contra por resoluciones emitidas en casos de trascendencia pública como acusaciones contra empresarios, políticos, otros jueces y particulares acusados de corrupción. En el caso de Aifán, la jueza ha recibido amenazas de muerte y ha denunciado vigilancia por los mismos empleados de su juzgado. Aifán denunció a dos de ellos –Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa y Pedro Luis Hernández Debroy– pero el Organismo Judicial optó por trasladarlos de puesto en lugar de destituirlos. Tanto Guzmán Figueroa como Hernández Debroy han dicho que son inocentes. A ambos se les encontró sustrayendo documentos del caso denominado Fénix, que investiga el desfalco en 2003 de unos 50 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según la investigación, particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita. El empresario Gustavo Herrera, considerado el cerebro de la operación, está prófugo de la justicia guatemalteca y asilado en Nicaragua. 

 

MÉXICO

Exhuman 42 osamentas de fosa clandestina en el desierto

Las autoridades exhumaron 42 osamentas de una fosa clandestina en el desierto mexicano cerca del pueblo costero de Puerto Peñasco, en el Golfo de California. La fiscalía estatal de Sonora dijo que ya había sacado una docena de osamentas la semana pasada, pero al excavar durante el fin de semana halló 30 más casi completas. Las osamentas estaban parcialmente vestidas y la ropa indica que dos podrían ser de mujeres. Tras cuatro días completos de excavación en el sitio, a unos 8 kilómetros (5 millas) de Puerto Peñasco, se reveló que sólo dos de las osamentas eran relativamente recientes y todavía tenían tejido blando en descomposición. Los cárteles y secuestradores utilizan dichas fosas para deshacerse de los cuerpos de víctimas o de sus rivales. La fosa clandestina fue ubicada inicialmente por grupos de voluntarios conocidos como las Madres Buscadoras de Sonora y las Buscadoras de Puerto Peñasco. Los grupos están conformados por familiares de desaparecidos que investigan reportes de fosas clandestinas. Puerto Peñasco había estado relativamente tranquilo comparado con otras partes de México, pero se sabe que el cártel de Sinaloa está activo en la zona. Los fiscales ofrecieron tomar muestras de ADN de los residentes de Puerto Peñasco cuyos parientes están desaparecidos para ver si dichas muestras corresponden con las de las osamentas.