EL SALVADOR

Iglesia pide perdón por presunto cura pedófilo

El arzobispo de San Salvador pidió perdón públicamente por el presunto abuso que un cura habría cometido contra un menor de edad. “Hemos perdido perdón a la víctima y ahora lo reitero públicamente, y pedimos perdón también a la comunidad por el escándalo que este hecho ha causado, a la vez oramos por la víctima y también por el sacerdote”, dijo el arzobispo capitalino, José Luis Escobar Alas, en conferencia de prensa luego de presidir la misa dominical en la catedral metropolitana en el centro histórico de San Salvador. La víctima, que no fue identificada, fue recibida por la Comisión Arquidiocesana de Protección de la Niñez, que según dijo Escobar Alas, “encontró mérito en su acusación y sugirió se inicie el debido proceso canónico”. El sacerdote acusado, identificado como Leopoldo Sosa Tolentino, fue suspendido en sus funciones y se nombró un nuevo párroco, explicó. Escobar Alas dijo que el presento abuso sexual sucedió hace 25 años, “ya está prescrito a nivel jurídico y penal en el país. Los hechos ya están prescritos, pero no para la Iglesia”. En 2016, la Iglesia católica destituyó a tres sacerdotes salvadoreños tras ser encontrados culpables de abuso sexual de menores. En julio de 2019, destituyó al sacerdote José Adonay Chicas Campos tras un proceso canónico en el que se le declaró culpable de abusar sexualmente de un menor. Un tribunal salvadoreño condenó a 16 años de prisión al sacerdote y le ordenó pagar 1,200 dólares en concepto de responsabilidad civil. Los escándalos de abusos contra menores salieron a luz en noviembre de 2015 cuando el arzobispo de San Salvador cesó a un sacerdote que fue acusado de haber violado a una mujer, cuando tenía entre nueve y 17 años.

 

GUATEMALA

Registro electoral cancela a partido oficial

El partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó al poder al actual presidente guatemalteco Jimmy Morales, fue cancelado por violar las normas del financiamiento a las organizaciones políticas y sus actividades permanentes y de campañas electorales. La decisión fue anunciada el martes por el Registro de Ciudadanos, un órgano del Tribunal Supremo Electoral que regula las actividades políticas en el país centroamericano. El fallo también ordena que el nombre y símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser usados ni registrados por ninguna organización política en los próximos diez años. La decisión aún puede ser apelada por el partido ante el mismo ente electoral. En 2017, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –ente de Naciones Unidas que investigaba aparatos clandestinos y de seguridad en este territorio– y la Fiscalía guatemalteca intentaron retirar la inmunidad a Morales. Se le señalaba por financiamiento ilegal que, en su calidad de Secretario General de FCN-Nación, habría recibido de empresarios. Sin embargo, Morales fue protegido por el actual Congreso de la República, que se negó a autorizar el retiro de su inmunidad para que se le investigara. El presidente negó las acusaciones en su contra y dijo que era una cuestión política. La solicitud de cancelación del partido fue hecha por la fiscalía de delitos electorales en abril de 2018. Ese organismo investigó que poco más de 1 millón de dólares fueron entregados en 2015 al partido por parte de poderosos empresarios guatemaltecos, entre ellos Salvador Paiz, Andrés Botrán, Felipe Antonio Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila, José Guillermo Castillo y Herbert González, para pagos de personal de apoyo para las elecciones de ese año, la cual ganó Morales. La fiscalía aún mantiene abierta la investigación y procesados a los empresarios involucrados. Morales dejará de tener inmunidad el 14 de enero de 2020, cuando dejará el poder. En las elecciones de 2019, ocho diputados fueron electos por ese partido. Al estar en firme el fallo, se convertirán en independientes. La ley guatemalteca prohíbe a los diputados cambiarse de partido político por el cual fueron electos.

 

MÉXICO

Tiroteo en concesionario de autos deja 5 muertos

Una banda de atacantes armados llegó en un vehículo a un concesionario de autos usados y abrió fuego con rifles de asalto, dejando cinco muertos, incluyendo un hombre y su hijo, dijeron procuradores de un estado en el oeste de México. La procuraduría estatal de Michoacán dijo que otro hombre resultó herido en el ataque del domingo en Uruapán. No dijo cuál fue el móvil del ataque. En agosto, la policía halló nueve cadáveres colgando de un puente en Uruapán y 10 más cerca de allí. La zona es conocida por el cultivo de aguacates y allí la banda de La Nueva Familia y el cartel de Jalisco han librado peleas territoriales.

 

PERÚ

Cárcel para 14 reconocidos abogados por Odebrecht

Un juez peruano ordenó cárcel preventiva para 14 reconocidos abogados mientras son investigados por la fiscalía por presuntamente favorecer a la constructora Odebrecht en diversas controversias de obras públicas sobrevaloradas. El magistrado Jorge Chávez acogió el pedido de un equipo élite de la fiscalía que afirma que los reconocidos juristas, a cambio de jugosas sumas de dinero, emitieron resoluciones –laudos arbitrales, en términos jurídicos– en favor de Odebrecht y en perjuicio del dinero público peruano. La fiscalía había pedido tres años de cárcel para los abogados, pero el juez redujo el pedido de prisión 18 meses. Varios de los abogados son admirados catedráticos que han escrito tratados de derecho estudiados por los miles de estudiantes de leyes peruanos y son hábiles defensores en los tribunales de clientes poderosos también implicados en la trama de corrupción de Odebrecht. Otros, eran frecuentes líderes de opinión pública invitados a programas periodísticos vistos por millones de peruanos donde ilustraban a la audiencia con sus conocimientos jurídicos, precisamente sobre el caso Odebrecht. Uno de los juristas detenidos es Humberto Abanto, un hábil abogado de figuras poderosas de la política peruana y en la actualidad defensor del exsecretario general del partido político de la opositora Keiko Fujimori. El equipo élite de la fiscalía que investiga la corrupción de las constructoras brasileñas ha allanado en los últimos meses las residencias y lujosos bufetes de los abogados. A la mayoría los acusa de delitos de corrupción y lavado de activos. El fiscal del caso, Germán Juárez, asegura que Odebrecht logró defraudar al dinero público de los peruanos por más de 200 millones de dólares mediante los laudos arbitrales que casi siempre los ganaba Odebrecht en perjuicio del estado. Los laudos arbitrales resuelven de forma rápida controversias entre una empresa y el Estado mediante el uso de reconocidos abogados cuyas decisiones son respetadas por ambas partes, sin recurrir al poder judicial. El fiscal afirma que Odebrecht, por estrategia, incluso decidía perder algunos laudos arbitrales para no despertar sospechas y pagaba coimas a los árbitros de los laudos y a los funcionarios encargados de agilizar los pagos a la constructora.