Un año nuevo generalmente trae nuevas leyes en todo el país, y eso será cierto en 2020.

Las tarifas de registro nuevas y / o más altas para los propietarios de vehículos eléctricos se han convertido en ley en al menos ocho estados. Otros estados con tarifas de vehículos eléctricos nuevos o más altos que tomarán efecto en 2020 incluyen Iowa, Oregon y Utah. California, que representa casi la mitad de todas las ventas de vehículos eléctricos en los EE. UU., Debe cobrar una tarifa de $ 100 por los vehículos nuevos de “cero emisiones” a partir del 1 de julio.

Por primera vez, la mayoría de los Estados Unidos impondrán tarifas especiales a los automóviles, SUV y camiones libres de gasolina a medida que más consumidores se muevan hacia la tecnología ecológica y la presión necesaria para actualizar y reparar la infraestructura en todo el país.

Si bien los vehículos híbridos eléctricos y enchufables representaron menos del 2% de las ventas de vehículos nuevos en 2018, se prevé que su cuota de mercado aumente sustancialmente en la próxima década. Los funcionarios estatales creen que las tarifas nuevas o aumentadas pueden compensar la pérdida de ingresos por impuestos a la gasolina que ayuda a financiar sus programas de carreteras y puentes.

En Colorado, la nueva ley de “bandera roja” permite que una familia, miembros del hogar o las fuerzas del orden público soliciten a un tribunal que confisquen armas a personas consideradas una amenaza para sí mismas o para otros. La incautación puede durar hasta 364 días, y la carga de la prueba recae en el propietario del arma para recuperar las armas de fuego.

Arkansas se une a varios otros estados que cortarán los fondos estatales discrecionales para ciudades “santuario” que no cooperan con las autoridades federales de inmigración.

Otros estados liderados por los republicanos han promulgado estatutos similares, mientras que varios estados liderados por los demócratas han adoptado leyes de santuario que limitan lo que los agentes locales de aplicación de la ley pueden preguntar sobre el estado de inmigración de una persona o notificar a las autoridades federales cuando un inmigrante está a punto de ser liberado de la custodia estatal.

Hay siete estados nuevos: Arizona, Iowa, Massachusetts, Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island y Tennessee, que ahora exigen recetas electrónicas para sustancias controladas como los opioides.

El movimiento para eliminar las recetas escritas a mano por los médicos es uno de los intentos de tratar de reducir las adicciones a los opioides y las sobredosis. Ahora hay una docena de estados que tienen tales leyes. Virginia implementará su ley en julio; y 13 estados adicionales han aprobado leyes de prescripción electrónica que entrarán en efecto en 2021.

Solo en California, el gobernador Gavin Newsom firmó casi 1,200 nuevas leyes este año, aunque no todas entrarán en efecto el 1 de enero.

Algunos de ellos incluyen:

– Los empleadores, compañeros de trabajo y maestros pueden solicitar una orden de restricción de violencia armada contra una persona a partir de septiembre, que ya no deja las incautaciones de armas solo a las familias y la policía. Y una persona que tiene prohibido tener un arma en otro estado ya no puede poseer legalmente una en California.

– Los funcionarios de salud estatales deben desarrollar un nuevo formulario estandarizado que los médicos completarán para los padres que desean una exención médica de las vacunas para sus hijos. Los médicos deberán usar ese formulario y los padres deberán presentar las exenciones existentes al estado en 2021. El estado revisará sus acciones con cinco o más exenciones escritas después del 1 de enero de 2020.

– Los niños cuyos padres tienen facturas de almuerzo escolar no pagadas no pueden negar el acceso a al menos una selección alternativa de comidas, ni pueden ser avergonzados o tratados de manera diferente a otros estudiantes.

– Las tasas de interés de los préstamos de día de pago o cuotas de $ 2,500 a $ 9,999 se limitarán a no más del 36%.

– Y el estatuto de limitaciones civiles del estado para las acusaciones de abuso sexual infantil se ha extendido por 14 años adicionales, lo que permite a algunos presentar reclamos hasta los 40 años.

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