A los 22 años, Chaquitta Boyce se subió a un automóvil con su primo, un miembro de una pandilla, que contenía (sin que ella lo supiera) propiedad robada.
No se presentaron cargos contra ella después de tres citas judiciales. Pero, según Boyce, la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles presentó cargos contra ella sin que ella lo supiera en 2015 “por un delito que no cometí” y se emitió una orden de arresto contra ella.
Para 2018, después de vivir en un refugio de la YWCA por un tiempo, la madre soltera encontró un lugar para vivir en Van Nuys y, ahora que asiste al Glendale Community College, pensó que había doblado la esquina.
Pero una noche, cuando regresaba a su automóvil en el estacionamiento de la universidad, encontró a dos policías cerca del vehículo.
Le pidieron su nombre y, después de verificar su identificación, “me arrestaron ese día”, dijo Boyce. Pasó ocho meses en la cárcel y ahora tiene un delito grave en su registro.
“Este es un sistema defectuoso”, dijo la joven de 28 años durante un foro reciente sobre la carrera del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en el Los Angeles Valley College. Boyce luego procedió a interrogar a los dos candidatos presentes en el evento organizado por la League of Women Voters (Liga de Votantes de Mujeres).
“Si es elegido, ¿cómo cambiará esto?” le preguntó a George Gascón y Rachel Rossi. La titulara Jackie Lacey declinó asistir, dijeron los organizadores.
Después de expresar su simpatía por la situación de Boyce, Gascón, un exjefe asistente de LAPD y fiscal de distrito de San Francisco, respondió diciendo: “Tenemos una oficina del DA que está fuera de control” y que, si es elegido, su oficina funcionaría bajo una “presunción de liberación” cuando las personas son arrestadas.
Gascón continuó diciendo: “Encarcelamos un 25% más [en el condado de Los Ángeles] que el resto del estado”, y se ha comprometido a reformar la oficina del fiscal del condado, abogando por penas menos severas.
Gascón, que cuenta con el respaldo de la senadora Kamala Harris, coescribió la Proposición 47, que reclasificó muchos delitos de robo y drogas de delitos graves a delitos menores, y permitió que las personas que cumplían condena por esos delitos solicitaran su liberación.
Rossi, un exdefensora público del condado y federal, también se compromete a traer una “visión diferente” a la oficina.
Ella le dijo a Boyce que uno de sus planes es “eliminar las órdenes de arresto antiguas y descartarlas”. Además, Rossi, con el apoyo de numerosos miembros del clero y líderes de organizaciones latinas y negras, dijo que quiere instituir una “detección temprana de casos para determinar si deben proceder, no obligarlo a que se declare. Eso no es justicia “.
Fianza en Efectivo
Carlos Zepeda, un estudiante de UC Irvine, también enfrenta una situación legal.
Creció en Westlake, cerca del centro de Los Ángeles, y admitió que estuvo en “compañía peligrosa” durante su juventud. Un día, dijo Zepeda, él y sus amigos fueron sorprendidos escribiendo grafiti en una pared y “me acusaron de un delito grave”.
Él pagó una fianza de $ 6,000 y finalmente fue acusado de un delito menor. Dijo que cambió su vida, pero ese cargo ahora se cierne sobre su récord.
“Traté de desestimar mi caso porque ahora es un problema, es un obstáculo”, dijo Zepeda, pero hasta ahora no ha sido capaz de hacerlo.
Tanto Gascón como Boyce dicen que se oponen a la fianza en efectivo.
Gascón dice que no hay “conexión con el efectivo y si va a ser un peligro o un riesgo de fuga”.
Rossi, quien dijo que el caso de Zepeda es un “excelente ejemplo de sobrecarga”, agregó que aboliría la fianza en efectivo y señaló que no hay un vínculo “entre la seguridad pública y cuánto dinero hay en su bolsillo”.
También quiere crear una división de diversión y justicia restaurativa que se aplique en casos como el de Zepeda, donde una disculpa u otra forma de castigo menor serviría mejor que el tiempo en la cárcel.
Violencia Policía
Otro tema en el que tanto Gascón como Rossi están de acuerdo es oponerse a la violencia policial y crear una “lista de no llamadas” para los agentes de policía atrapados mintiendo para servir como testigos en los casos.
Este tema ha dirigido grandes críticas hacia la titulara Lacey, quien se ha enfrentado a las protestas semanales de la organización Black Lives Matter por su decisión de no acusar a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles y a los agentes del Sheriff en los controvertidos disparos mortales de hombres negros.
En 2012, Lacey se convirtió en la primera mujer y el primer afroamericano en convertirse en el fiscal del condado de Los Ángeles, una oficina que ahora ocupa desde hace ocho años. Cuenta con el apoyo de la senadora Dianne Feinstein y el congresista Adam Schiff.
Lacey promociona su principal medida de reforma como un trabajo para desviar a los enfermos mentales a programas de tratamiento en lugar de la cárcel, y recientemente desestimó unas 66,000 condenas por marihuana que se remontan a la década de 1960.
Pero se ha opuesto a sentencias y programas menos punibles para la liberación temprana porque argumenta que esto conduciría a un aumento de la delincuencia.
El que gane estará a cargo de la fiscalía más grande del país, y una que se ha convertido en el centro de muchos casos controvertidos.
Si ni Gascón, Lacey o Rossi reciben más del 50% de los votos el 3 de marzo, los dos candidatos con más votos tendrán una segunda vuelta electoral en noviembre.