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SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El Fiscal General de la República, Luis Martínez informó el martes que capturaron a un grupo de pandilleros que preparaba un atentado con explosivos en su contra y algunas instituciones del Estado.

“Hemos capturado el fin de semana a sujetos que estaban preparando explosivos plásticos C4 y TNT para atentar contra el Fiscal General y atentar contra instituciones del Estado”, dijo Martínez a los periodistas luego de participar en una reunión de trabajo con diputados en la Asamblea Legislativa.

“Esto reafirma la grave amenaza de estas pandillas”, afirmó el funcionario.

El Fiscal no reveló detalles de la captura, ni identificó a los pandilleros, pero dijo que en la investigación están siendo apoyados por el departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés).

“Los vamos a presentar próximamente a la población y esperamos encontrar esos explosivos”, dijo Martínez que mantiene una férrea lucha contra estos grupos criminales a los que llama “delincuentes terroristas”.

El marzo pandilleros asesinaron al abogado Andrés Ernesto Oliva Tejada, jefe de la unidad de Vida de la Fiscalía General de la Republica en la ciudad de Usulután, a 115 kilómetro al este de la capital.

En las últimas semanas las maras o pandillas han arreciado sus ataques contra las autoridades y desde enero han asesinado a 44 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 16 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal. En 2014 fueron asesinados 39 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia.

Las autoridades han dicho que los ataques de las pandillas buscan obligar al gobierno a negociar con ellos una nueva tregua, como la pactada en 2015 cuando los homicidios bajar de 14 a cinco al día, pero el gobierno ha sido tajante y ha reiterado que no se sentará a negociar con grupos criminales.

Declarados Terroristas

Con el fallo de la Corte Suprema que declaró que las pandillas y quienes las apoyen y financien son terroristas, los tribunales de justicia podrán imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel, y la Fiscalía General buscará extraditar a los Estados Unidos a los condenados por actos de terrorismo.

En algunos delitos contemplados en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, se podría aumentar hasta en una tercera parte del máximo señalado.

La sentencia suscrita por los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte concluyó que “son terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado”.

Agregó que “sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones), lavado de dinero, narcotráfico o de otra índole”.

El Fiscal General Luis Martínez dijo que al lograr condenas por actos de terrorismo podrán extraditarlos a Estados Unidos, país que aseguró, persigue a todos los terroristas.

Algunos jueces habían cuestionado la legalidad de la Ley Contra Actos de Terrorismo, y muchos no lo aplicaban, pero según el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Rodrigo Ávila, “ahora no hay pretextos”.

“Hoy la Fiscalía General de la República y por supuesto las autoridades de Seguridad Pública tienen que aplicar la ley como se debe, y por supuesto los jueces, porque muchos jueces cuestionaron la aplicabilidad de esta normativa y la resolución es clara y contundente”, agregó.

El diputado Guillermo Gallegos, líder de la bancada parlamentaria de la Gran Alianza Por la Unidad Nacional, explicó a periodistas que “es una herramienta ideal. Ya no habrá excusa alguna para ningún juez de la república para no aplicar la Ley Contra Actos de Terrorismo”.

“Esta situación es insoportable, que metan presos a los criminales y así podamos vivir en paz”, dijo María Teresa Sánchez, dueña de un pequeño negocio en el centro histórico de la capital.

El fallo definió lo que debe entenderse como terrorismo y señaló como tal “compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole”, lo que cerró cualquier posibilidad de entablar diálogos o negociaciones con las pandillas como la tregua pactada en marzo de 2012 para bajar el índice de homicidios.

A diferencia del Código Penal que no contempla el delito de “terrorismo”, al declarar grupos terroristas a las pandillas, a los cabecillas, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, se les aplicarán penas más severas.

A los que se les compruebe que son cabecillas de estos grupos, se les sancionará con prisión de 10 a 15 años, y los que formen parte de las pandillas serán condenados entre ocho y 12 años de prisión.

A los que participen en actos cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares, serán sancionados con prisión de 40 a 60 años.

Uno de artículos de la Ley señala que “se aumentará hasta en una tercera parte del máximo señalado, cuando los delitos sean cometidos por dos o más personas, cuando el autor o cómplice pertenezca a una organización terrorista, cuando se atentare contra bienes públicos, cuando afectara servicios públicos y cuando se cause la muerte o lesiones en las personas o se pusiere en peligro grave la vida o integridad física de las mismas, entre otros.

Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal trasnacional y el Departamento del Tesoro de ese país anunció sanciones económicas contra seis miembros o colaboradores de ese grupo.

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