LOS ANGELES (CNS) — La Junta de Supervisores aprobó la creación de una oficina que ayude al condado a hacer valer la ley de salario mínimo y prevenir el “robo de sueldos”.

la Supervisora Hilda Solís recomendó establecer el programa para investigar las quejas de robo de salario.

“Este es un paso histórico para nosotros”, dijo Solís a sus colegas. “Envía un fuerte mensaje a los empleadores, especialmente aquellos que no cumplan con las reglas”.

El voto de 4-1 tuvo lugar este pasado martes 17 de Noviembre, siendo el Supervisor Michael Antonovich el único que votó en contra. El dijo que era el trabajo del estado hacer valer las leyes en contra del robo de salario y que prefería que los $408,000 necesarios para establecer la nueva oficina se destinaran a programas de servicio social.

La Junta votó en Septiembre para adoptar un salario mínimo en áreas no incorporadas del condado, el cual aumentará a $15 para 2020.

Hacerlo valer es crítico, dijo el Supervisor Mark Ridley-Thomas, quien consideró los esfuerzos estatales como “anémicos en el mejor de los casos”.

“Es imperativo que el Condado de Los Angeles vaya en contra de empleadores inescrupulosos porque el robo de salario es ilegal e inmoral, victimiza no solo a trabajadores, pero a sus familias”, dijo Ridley-Thomas.

El robo de salario puede incluir no pagar los sueldos mínimos, rehusarse a pagar tiempo extra trabajado, no dar a los empleados tiempo para comer o descansar, hacer pagos en efectivos o clasificar de manera inapropiada a empleados como contratistas para no tener que pagar beneficios.

Residentes y activistas relataron historias de abuso ante la Junta.

Un abogado de derechos laborales dijo que representó a empleados de una panadería que debían trabajar desde las 3 a.m.

“Trabajaban por 10 a 12 horas. Hacen básicamente tres dólares por hora y ese no ha sido  el salario mínimo por 35 años”, dijo Yanin Senachai de Yanin Senachai of Asian Americans Advancing Justice.

Otro activista dijo que los abusos a menudo “son indistinguibles de los casos de tráfico humano” y contó la historia de una mujer que fue forzada a ir al baño en una cubeta porque no se le permitía dejar la cocina donde trabajaba.

Un reporte del abogado del condado reveló que el porcentaje de abusos de salario eran más altos en la industria de la costura, entre los trabajadores de servicios domésticos, construcción y tiendas.

Solís dijo en un comunicado después que la Junta tomó el voto que los inmigrantes y las minorías se ven afectadas de manera desproporcionada por el robo de salario.

“Los inmigrantes sufren violaciones de salario mínimo al doble comparado con personas nacidas en el país. Más del 50 por ciento de las familias latinas en el país ganan menos del sueldo mínimo”.

Los dueños de negocios se quejaron de un mayor escrutinio.

“Consideren la panadería local que intenta corregir un error humano”, dijo Alex Davis de la Valley Industry and Commerce Association.

Davis pidió a la Junta que trabaje con los negocios para detallar cómo se realizará este enforzamiento de las leyes.

Solís pidió que se estudio más a fondo cómo el Condado puede expandir sus licencias comerciales y luego usarlas para hacer valer el pago de sueldos.

Solís enfatizó, sin embargo, que el programa se enfocaría en educación y ayuda para “nivelar el plano” para aquellos que sí cumplen con la ley.

“Queremos que los pequeños negocios tengan éxito”, dijo Solís.

Un representante de la Cámara de Comercio del área de Los Angeles leyó una carta del Presidente y CEO de la organización, Gary Toebben.

“Apoyamos los esfuerzos para enfocarse en la educación y el cumplimiento antes de las medidas de castigos”, escribió Toebben.

Otros estuvieron de acuerdo con Antonovich en que el Condado debería dejar el cumplimiento de estas leyes a autoridades federales o estatales.

Un abogado del Condado estaba entre aquellos que indicaron que los gobiernos federales y estatales estaban para cumplir sus propias leyes de salario mínimo, que son más bajas que las del condado, y que ambas tenían un retraso para responder a quejas.