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WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el martes revisar una orden ejecutiva del presidente Barack Obama para permitir que hasta cinco millones de inmigrantes “salgan de las sombras” y trabajen legalmente en el país.

Los magistrados dijeron que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Obama en momentos en que se aviva una campaña por las candidaturas presidenciales ya cargada por el tema.

El caso probablemente sea analizado en abril y se anuncie una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de nominación presidencial de los partidos Demócrata y Republicano.

Los inmigrantes que se beneficiarían con el plan del gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes con permanencia legal.

El gobierno de Texas lidera a 26 estados en su mayoría republicanos que han impugnado el plan de inmigración de la administración demócrata.

Hasta el momento, los tribunales federales se han alineado con los gobiernos estatales al evitar que el gobierno emitiera permisos de trabajo, con lo que los inmigrantes habrían comenzado a recibir algunas prestaciones federales.

Si al final los magistrados respaldan al gobierno de Obama, al presidente le quedarían aproximadamente siete meses para poner en práctica sus planes. “Confiamos en que las políticas serán ratificadas como legales”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Brandi Hoffine, luego de conocerse la acción de la corte el martes.

En el centro del debate nacional está el programa llamado “Deferred Action for Parents of Americans” (suspensión temporal de deportaciones para los padres de estadounidenses). Obama dijo a finales de 2014 que su plan permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y que tienen hijos que residen legalmente en el país “salir de las sombras y cumplir con la ley”.

Texas encabezó rápidamente una impugnación legal al programa y hasta el momento ha ganado todos los casos en juzgados. Más recientemente, en noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de los estados, lo que provocó que el gobierno federal apelara a la Corte Suprema.

El procurador general Donald Verrilli Jr. dijo en una presentación judicial que mantener esas resoluciones judiciales obligaría a millones de personas a “seguir trabajando por fuera de los registros, sin una opción de empleo legal para mantener a sus familias”.

La administración Obama ha alegado que Texas y los demás estados ni siquiera tienen derecho a impugnar el plan en tribunales federales.

Los tribunales inferiores decidieron que Texas sí tiene el derecho de demandar porque al menos 500.000 personas que viven en Texas calificarían para recibir permisos de trabajo y, por lo tanto, podrían obtener licencias de conducir, cuyo costo es subsidiado por el estado. “Texas incurriría en millones de dólares de gastos”, dijo el estado en su comunicado a la Corte Suprema.

Los magistrados también dijeron que analizarán si Obama excedió la autoridad que le confieren las leyes federales y la Constitución.

Texas le pidió a la Corte Suprema que no atendiera el caso, pero el fiscal general de Texas Ken Paxton dijo estar satisfecho de que los magistrados examinarán el poder constitucional del presidente de usar sus poderes sin necesidad de aprobación congresual. “Al decidir escuchar este caso, la Corte Suprema reconoce la importancia de la separación de poderes”, opinó Paxton.

Funcionarios demócratas y defensores de los inmigrantes elogiaron la acción de la corte.

El líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid, dijo que “hombres y mujeres respetuosos de las leyes viven bajo el temor constante de ser separados de sus hijos. Se debe permitir a estas familias salir de las sombras y contribuir totalmente al país que aman y llaman su hogar”.

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