Foto de Cortesia

En 2011, mientras lidiaba con un divorcio, el esposo de Michele Ynfante la acusó de cosas que la enviaron al Centro de Detención Regional Century en Lynwood, la cárcel de mujeres del Condado de Los Angeles.

“Es una pesadilla”, dijo Ynfante de ese reclusorio, donde dice que fue testigo de abuso físico, psicológico y sexual por parte de los guardias en contra de las mujeres detenidas.

“Prefieren usar sus macanas y abusarte que explicarte el sistema”, describió la mujer que fue parte de una protesta organizada por el grupo Dignity and Power Now afuera de la Corte Federal en Los Angeles este lunes 1 de Agosto, donde se presentó el ex Sheriff del condado de Los Angeles, Lee Baca, que enfrenta cargos federales por su involucramiento en un caso de abuso de reos dentro de las cárceles del condado.

Ella estuvo tras las rejas por seis meses y vio mujeres con enfermedades, y hasta embarazadas, que no recibían la atención apropiada.

“Desde el momento que entré, los guardias me hicieron propuestas sexuales a cambio de comida, llamadas por teléfono, todo”, dijo Ynfante.

Ella dice que vio a guardias animando a peleas entre las reclusas.

“Ahí adentro es devastador para mujeres”, agregó.

Al final de esos seis meses, y después de lesionarse el hombro, Ynfante fue enviada a la unidad médica del reclusorio donde, mientras esperaba que le sacaran rayos X, enfrentó algo totalmente inesperado, dijo.

“El técnico me dijo que esperara y cuando regresó traía los pantalones en los tobillos y su pene en su mano y corrí huyendo de allí’, dijo Ynfante.

Añadió que quería quejarse, pero no sabía con quién hablar. Eventualmente, fue liberada a media noche de esta cárcel, otra situación peligrosa ya que el centro de detención no está en un área muy segura de Lynwood.

Busca cambiar el sistema desde adentro

Después de “escapar a Nueva York” para tratar de olvidar su encarcelamiento, Ynfante regresó a Los Angeles y se convirtió en una voz fuerte en pos de la reforma en las cárceles del condado.

Por los últimos años, un escándalo de corrupción ha permeado los reclusorios del condado y el Departamento del Sheriff que lo administra. Siete agentes y oficiales han recibido sentencias federales, así como el ex Sheriff Asistente Paul Tanaka, todos ellos acusados de encubrir abusos contra los reos dentro de las cárceles.

El ex Sheriff del Condado, Lee Baca, también enfrentará un juicio en relación con estos casos de abuso de poder policial dentro de las cárceles después de retirar su admisión previa de culpabilidad por un cargo.

Pero para Ynfante, ya sea que Baca reciba una sentencia de seis meses, cinco o 15 años tras las rejas por su involucramiento en el abuso de reos es solo parte de que se haga justicia para aquellos que han sido víctimas de estos abusos.

La meta final de ella y otros activistas ha sido abogar en pos de un comité civil que vigile al Sheriff, similar a la Comisión de la Policía de Los Angeles, pero con verdadero poder.

“Cuando haya algún tipo de mala conducta policial, podremos hacer responsable al departamento y durante las investigaciones podremos pedir los récords de un agente, la información y los videos del caso”, dice la Administradora/Líder de la Campaña por la Coalición para Poner Fin a la Violencia del Sheriff.

Ynfante es parte de un grupo de nueve candidatos que se han unido para postularse para el Comité Civil de Vigilancia del Sheriff. Dicho grupo es apoyado por Dignity and Power Now, una organización de base que lucha por la dignidad y poder de las personas encarceladas, sus familias y comunidades.

El Comité estará compuesto por nueve comisionados que serán escogidos por los Supervisores del Condado de Los Angeles (cinco de los cuales serán elegidos por ellos mismos); cuatro más vendrían de la comunidad.

Ynfante, quien ha venido investigando litigios, presupuestos y aprendiendo como abogar y escribir leyes, espera ser elegida para este Comité y ayudar a que otros en la cárcel no pasen por lo que ella vivió. También espera prevenir que sucedan abusos dentro de los centros de detención.

“Si nosotros (el Comité) tenemos el poder de pedir registros, podremos ver los récords de los agentes para ver si hay un patrón de mal comportamiento”, dijo ella.

“Finalmente les exigiríamos que tomarán responsabilidad porque no hay nadie que vigile al Departamento del Sheriff”, expresó Ynfante.

Los otros ocho candidatos para ese Comité que son apoyados por Dignity y Power Now incluyen al organizador laboral y comunitario Akili; Patrisse Cullors, co-fundadora de la red nacional #BlackLives Matter; la rabino Heather Miller de la primera congregación judía LGBT en el mundo; la profesora Priscilla Ocen de la Escuela de Leyes Loyola; Samuel Paz, Vice Presidente del Proyecto de Responsabilidad Policial Nacional; Lloyd Wilkey del Museo de Tolerancia; Dayvon Williams del grupo Youth Justice Coalition y Steve Rogers de la Campaña de Vigilancia Civil de Dignity and Power Now.

Experiencia y Responsabilidad

“Estas son personas con dedicación a los derechos humanos de la comunidad afroamericana y latina”, dijo Mark-Anthony Johnson, Director de Salud y Bienestar para Dignity and Power Now.

“Ellos tienen mucha credibilidad dentro de la comunidad y cumplen con los requisitos con mucha experiencia. Estas personas son las mas calificadas dado lo que enfrentamos”, agregó Johnson.

Para su grupo, los problemas que deben erradicarse inmediatamente dentro del Sheriff de Los Angeles es el hecho de que las personas encarceladas y que padecen algún mal, ya sea médico o psicológico, no reciban el medicamento que requieren, la falta de atención adecuada para mujeres (incluyendo las embarazadas), la falta de información sobre casos de abuso y uso de fuerza.

De preocupación particular es la falta de información sobre estos casos, dijo Johnson, porque “viola la confianza de la comunidad y mantiene la cultura de violaciones (a las reglas)” dentro del sistema carcelario.

Tanto Johnson como Ynfante dicen que dichas violaciones son evidentes en el hecho de que el propio ex Sheriff Lee Baca está tratando de evitar ir a la cárcel por los cargos federales que enfrenta, argumentado que sufre de la enfermedad de Alzheimer’s y que ese mal lo pondría en riesgo si es puesto tras las rejas.

“Hasta él admite que no hay un cuidado apropiado”, dijo Johnson.

“Hay algo mal en el sistema si la persona que lo corre no quiere entrar en el. Si ese es el caso, nadie debería estar ahí”, dijo Ynfante.

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