BRASIL

Investigan ramas locales de iglesia evangélica de EEUU

Brasil lanzó varias investigaciones relacionadas con dos ramas locales de la Word of Faith Fellowship (Hermandad Palabra de Fe), una secta evangélica con sede en Carolina del Norte. Las autoridades brasileñas estudian si una fábrica de marcos conectada con la iglesia asentada en Franco da Rocha violó la normativa laboral. Los investigadores apuntan que están revisando además cómo tierras compradas en nombre de la entidad terminaron siendo una propiedad legal de dos pastores. Las delegaciones del Ministerio de Educación en Franco da Rocha y Sao Joaquim de Bicas están revisando además varias denuncias relacionadas con escuelas pertenecientes a la iglesia. Las pesquisas partieron de la publicación en julio de reportes de The Associated Press que acusaron a la Word of Faith Fellowship de llevar a jóvenes fieles brasileños a Estados Unidos y de obligarlos a trabajar para negocios relacionados con la iglesia sin sueldo.

 

COLOMBIA

ONU denuncia ataque de policía a sus funcionarios

La ONU denunció que una misión humanitaria con algunos de sus funcionarios fue atacada el domingo por la policía de Colombia mientras se dirigían a investigar la muerte de varias personas en condiciones confusas dos días antes. El grupo de observadores, en el que también había representantes del gobierno local, la iglesia y otros organismos, viajaba hacia el poblado El Tandil, en el convulso municipio de Tumaco, en la costa Pacífica, donde unos enfrentamientos entre uniformados y campesinos dejaron varios muertos y decenas de heridos el viernes. “En medio del recorrido la delegación fue atacada por miembros del ESMAD (antidisturbios) y Policía Antinarcóticos con una bomba de aturdimiento a las 14:20 horas”, dijo la oficina de Naciones Unidas en Colombia en un comunicado donde describe que, en total, los agentes les lanzaron cuatro artefactos en cuatro minutos, se escucharon disparos y utilizaron algún tipo de gas. El vicepresidente Óscar Naranjo había admitido horas antes que el comportamiento de la policía fue “irregular” y cuatro uniformados fueron suspendidos de su cargo mientras se resuelve la investigación.  El gobierno anunció el viernes que seis personas habían muerto y una veintena resultaron heridas en un altercado del que responsabilizó a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fue la principal guerrilla del país y desde hace unos meses transita hacia la vida política tras dejar las armas. Los campesinos, sin embargo, acusan a la policía de esas muertes. Para el organismo internacional todavía no está clara la cifra de fallecidos el viernes. Tampoco lo están las condiciones en que sucedieron los enfrentamientos. 

 

EL SALVADOR

Condenan a pandillero a 932 años de prisión 

Un tribunal de sentencia del oriente de El Salvador condenó a 932 años de prisión a José Timoteo Mendoza Flores, uno de los cabecillas de una pandilla ligada a una estructura delincuencial formada por ex jueces, policías y abogados. Mendoza Flores, de 38 años, alias “El Chory” o “Zope”, era uno de los cabecillas a nivel nacional de la pandilla Barrio 18 sureño. Él formaba parte de una “mega estructura” delincuencial en el oriente del país en la que participaban ex jueces y colaboradores de juzgados especializados, policías y abogados, los cuales se dedicaban a delinquir con esa pandilla y a comercializar ilegalmente droga a nivel internacional. El jefe de la Fiscalía para la zona oriental, German Arriaza, explicó a los periodistas que en el caso denominado “Conexiones” hay 175 imputados, de los cuales 149 fueron condenados por el Juzgado de Sentencia de San Miguel. Mendoza Flores fue condenado por 26 homicidios, cinco casos de extorsión, proposición y conspiración en el delito de homicidio y organizaciones terroristas, según un informe de la Fiscalía General de la República. El pandillero, que guarda prisión en el penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, ya había sido condenado a 117 años de cárcel por otros actos criminales, los cuales, sumados a los 932, dan un total de 1,049 años. Pero una reforma al artículo 45 del Código Penal en 1912 señala que el encarcelamiento no puede ser mayor a 60 años.  Entre los condenados por su participación en esta estructura criminal se encuentran nueve policías, dos jueces y un juez suplente, dos colaboradoras jurídicas y cuatro abogados. La Fiscalía informó también de las condenas a otros pandilleros: Nery David Salmerón González, a 256 años de cárcel; José Luis Guzmán a 235; José David Guidos Carrasco a 233; Héctor Alexander Pineda Benítez a 195, y José Armando Rivera Méndez a 173. El resto de los implicados recibieron condenas menores. 

 

MÉXICO

El más corrupto de América Latina, según Transparencia

México tiene el índice de percepción de la corrupción más alto de Latinoamérica y el Caribe, seguido de República Dominicana y Perú, de acuerdo con un informe de Transparencia Internacional.  Pisándoles los talones en cuarto lugar se ubicaron Venezuela y Panamá.  El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” señaló que 29% de los ciudadanos que utilizaron servicios públicos clave en los últimos 12 meses pagaron algún soborno. Esto sería equivalente a unas 90 millones de personas de la región.  Entre esos servicios aparecen los ofrecidos por escuelas, hospitales, instituciones policiales y de justicia. “El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave”, expresó José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, cuya sede está en Berlín. El reporte, basado en una encuesta realizada a más de 22,000 personas en 20 países de la región, señaló que a pesar de las manifestaciones contra la corrupción en países como Brasil, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, la gran mayoría de los entrevistados -el 62%- considera que la corrupción se ha incrementado y más de la mitad sostuvo que el gobierno cumple un papel deficiente para combatirla. En México, el 51% de los entrevistados dijo que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares y hospitalarios, para obtener un documento de identidad o acceder a un policía o un juez, de acuerdo con el informe. En República Dominicana, el 46% de los encuestados indicó que lo hizo; en Perú 39% y en Venezuela y Panamá un 38%. Entre las instituciones que la población percibe como más corruptas aparecen la policía y los representantes elegidos por el voto popular, según el reporte de la serie Barómetro Global de la Corrupción.