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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Oficialmente era una cárcel, pero en su interior ocultaba otra realidad: un centro de operaciones del cartel de Los Zetas que lo mismo usaban para modificar vehículos y confeccionar uniformes que para encerrar a secuestrados y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas.

La prisión estatal de Piedras Negras, en el estado norteño de Coahuila y a sólo seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los carteles más sanguinarios del país sin que las autoridades penitenciarias hicieran algo para impedirlo, según un reporte divulgado el martes y basado en documentos oficiales, testimonios y datos públicos.

Elaborado por El Colegio de México, una universidad pública, el informe “El Yugo Zeta” ofrece un acercamiento a un caso que hasta ahora sólo se conocía de manera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras como punto “clave en el esquema de negocios y terror” de Los Zetas.

Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de la fiscalía estatal de 1.535 folios con un centenar de declaraciones que describen una surrealista vida criminal dentro de la prisión mexicana.

Junto al área donde se desintegraban los cuerpos de las víctimas se levantaba una de las torres de vigilancia del penal, el cual era controlado por Los Zetas mediante amenazas y castigos.

Varios presos al servicio de Los Zetas tenían armas, según el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún guardia portaba alguna. Había miembros del cartel que llegaban de fuera con rifles.

La venta de droga y las extorsiones a los internos financiaban la compra de voluntades. El informe calcula que el cártel reunía el equivalente a unos 75.000 dólares al año. Los sobornos eran simbólicos, desde los 50 dólares al mes para un guardia raso a los 500 del director del penal, e iban acompañados de intimidaciones.

Además de un lugar de “exterminio” –en palabras de los autores-, la prisión era también refugio de líderes para evitar su detención o lugar de fiestas, en las que a veces no faltaron vacas que mataban allí mismo para alimentar a los asistentes.

Las torturas se hacían en la zona de máxima seguridad y los talleres de reinserción eran un negocio Zeta. “Vaya paradoja”, comentó Dayán durante la presentación del documento.

El jefe Zeta de la cárcel, un ex policía municipal preso ahí y cuya identidad no se menciona en el documento, lo mismo salía del penal a tomar un café custodiado por guardias, que se liaba a disparos “por pura diversión” o seleccionaba a esposas de los internos para mantener relaciones sexuales. Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 personas realizaban las tareas de confección de uniformes, modificación de vehículos, carpintería, según el reporte.

La tarea más delicada–y también la mejor pagada, a 300 dólares por noche- era la de los 20 “cocineros”, los encargados de disolver los cadáveres. Según los testimonios, algunas víctimas llegaban vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmembradas antes de quemarlas con diésel en tanques de 200 litros.

“Cuando se cocinaba a las personas éstas se iban haciendo chiquitas y se les iba picando con un fierro hasta que no quedaba nada… (luego) se empinaba el tonel para vaciar los residuos en el suelo […] que la mera verdad era muy poco”, declaró el jefe Zeta en diciembre de 2014.

Los guardias que debían estar en las torres eran llevados a otros lugares y los internos eran encerrados en sus respectivos módulos. Según la descripción, vehículos con los condenados bordeaban el perímetro de seguridad hasta detrás de los talleres. Lo único que no podía controlarse era el humo y el olor que se extendían por toda la cárcel.

Cuando terminaban el trabajo, los restos eran esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos un río o un campo de fútbol.

El informe contó con el apoyo del gobierno estatal, el órgano federal de atención a víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de colectivos de víctimas. Los investigadores dicen que la fiscalía federal y la cancillería no entregaron información.

Testimonios en juicios contra miembros de los Zetas en Estados Unidos entre 2013 y 2016 – compendiados en un reciente informe de la Universidad de Texas- apuntan a que hubo en torno a 150 calcinados en la cárcel. Otros creen que más pero “el número de muertos sigue siendo un misterio”, dijo Dayán.