BOLIVIA

Enjuiciarán a expresidente que sería rival presidencial

El expresidente boliviano Carlos Mesa acusó al gobierno de Evo Morales de buscar sacarlo de la carrera electoral después de que el Fiscal General anunciara la víspera que presentará una acusación para enjuiciarlo por resoluciones contrarias a la constitución y presunto daño económico al Estado. “Ya he sido condenado… esta es un pantomima, lo que el gobierno quiere es definir quiénes van a ser los rivales de Evo Morales en la elección de 2019 y asume que yo puedo ser uno de ellos porque aparezco bien posesionado en las encuestas”, dijo Mesa. En respuesta, el ministro de Justicia Héctor Arce calificó las declaraciones de Mesa de “reacciones políticas” cuando se trata de “una clara contravención a las leyes”. Mesa asumió la presidencia en 2003 siendo vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien dimitió en medio de una grave convulsión social tras la muerte de 60 manifestantes. Esa crisis sepultó a los partidos tradicionales y catapultó a Morales, por entonces líder de los cocaleros. Morales gobierna desde 2006 y buscará su relección en las presidenciales de fines de 2019 a pesar de haber perdido un referendo en 2016 que rechazó una reforma de la constitución para permitirle un nuevo mandato. Su partido, el Movimiento al Socialismo, logró un fallo del Tribunal Constitucional a favor de la postulación a un cuarto periodo que la oposición ha cuestionado. Mesa no definió si se postulará pero su nombre aparece como el principal contendor de Morales. También es investigado por otros casos de presunta corrupción. El caso por el que se lo acusa está vinculado con la minera chilena Quiborax, a la cual Mesa anuló sus concesiones en Bolivia en 2004. La empresa ganó un laudo arbitral por 48.6 millones de dólares. La acusación del Fiscal deberá ser autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante Movimiento al Socialismo. 

 

COLOMBIA

Lanzan programa para progeter a líderes de derechos humanos

El presidente Juan Manuel Santos anunció el martes que Colombia implementará un plan de intervención y recompensas para fortalecer la protección de líderes de derechos humanos, que los últimos meses han sido asesinados en diferentes partes del país. Santos no dio a conocer el monto de las recompensas, pero entre las medidas destacó la puesta en marcha de un plan urgente de intervención de 30 días encabezado por el Ministerio de la Defensa en varias zonas afectadas por hechos de violencia, sobre todo en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó. El mandatario también aprovechó para hablar del acuerdo de paz que su gobierno firmó con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 y advirtió que su nuevo plan no se verá “amenazado por la acción criminal de bandas organizadas que pretenden hacernos regresar a un pasado de violencia que los colombianos decidimos dejar encerrado en los libros de las historia”. Entre enero de 2016 y julio de 2018, la fiscalía colombiana ha recibido reportes de 181 casos de homicidios contra líderes sociales avalados por la ONU y se han capturado a 168 personas. De los casos que han sido esclarecidos hasta ahora, 39 victimarios son particulares, 19 miembros de bandas criminales, 13 del Clan del Golfo, 8 de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 5 de disidentes de las FARC. Recientemente, el coronel de la policía y director del cuerpo elite para la protección de líderes sociales, José Restrepo, dijo a Caracol Radio que desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC han sido asesinados en diferentes partes de 178 líderes sociales.

 

ECUADOR

Contraloría pide nueva investigación contra expresidente Correa

La Contraloría de Ecuador pidió a la fiscalía iniciar una investigación por el posible perjuicio a fondos públicos causado a por decisiones del expresidente Rafael Correa, quien reaccionó calificando a la situación de payasada. El Contralor Pablo Celi dijo en rueda de prensa que el gobierno de Correa (2007-2017), obtuvo del Banco Central dinero que debía destinarse a entidades públicas y privadas y dejó a cambio papeles estatales. Aseveró que ese organismo realizó exámenes a las cuentas fiscales entre enero de 2016 y diciembre de 2017 que revelaron que el gobierno dejó en esa entidad papeles estatales a mayores plazos permitidos por la ley, que esas operaciones no fueron registradas como deuda y que además fueron declaradas secretas. Ante ello, se establece indicios de responsabilidad penal y administrativa no solo contra Correa, sino contra varios de sus ministros y gerentes del Banco Central, destacó Celi, quien pidió a la fiscalía investigar el caso “sustentado en el perjuicio los recursos públicos que sufrió el Estado”. En su cuenta de Twitter, el exmandatario escribió en alusión a lo sucedido: “sigue el payaso y la payasada. ¿Hasta cuándo aguantará esto el pueblo ecuatoriano? … Todo es cuestión de tiempo”. Además de este caso, Correa ha sido vinculado al caso del secuestro de un ex asambleísta de oposición, por el cual la Corte Nacional ha remitido a la Interpol una orden de captura internacional con fines de extradición. Correa, tras dejar el poder en mayo del 2017, se fue a radicar en Bélgica, junto a su familia.

 

PERÚ

Piden remover a 3 electores de jueces por posible corrupción

El presidente peruano Martín Vizcarra pidió al Parlamento destituir a tres miembros de un consejo autónomo que elige a los jueces del país después que se difundieran audios donde se negocian presuntas influencias y fallos judiciales con magistrados, incluido el de una violación sexual de una menor. Vizcarra dijo a periodistas que, según la Constitución, los miembros del autónomo Consejo Nacional de la Magistratura –que nombran o destituyen jueces– pueden “ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso”, para los cual se necesitan 87 votos. El portal de investigación peruano IDL-Reporteros publicó diez audios en los que se escuchan conversaciones telefónicas entre consejeros y jueces, en los cuáles se trafican presuntas influencias, se solicitan ascensos especiales y se coordina la elaboración de preguntas de exámenes de ascenso en la judicatura. En uno de ellos, el juez superior, Walter Ríos, que dirige la corte judicial del mayor puerto de Perú, le comenta a un burócrata sobre el pedido de ascenso de una funcionaria recomendada por un consejero: “nosotros también respondemos a ciertos, no digamos grupos de poder, sino a ciertos amigos que nos piden ciertas cosas ya sea para ellos mismos o para personas allegadas a ellos”. Pero el audio que ha indignado a muchos en Perú es el último donde el juez supremo César Hinostroza conversa con una persona aún no identificada sobre un juicio por la violación de una niña donde el juez dice: “once añitos, está desflorada… voy a pedir el expediente para verlo ¿qué es lo que quieren: que le bajen la pena o lo declaren inocente?”. Sólo en los dos primeros meses de 2018 unas 600 menores de edad fueron violadas, según datos oficiales. El Congreso se reunirá para evaluar una decisión y el Poder Judicial anunció que investigará a los dos jueces. 

 

 

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